Desde diciembre se han operado cambios sustanciales en la educación superior que permiten avizorar un futuro incierto. Hasta fin de 2015 se alcanzó una ambiciosa meta para el presupuesto universitario argentino pese a que el mismo en los países desarrollados es al menos duplicado. Fueron creadas nuevas universidades nacionales, que ahora son 54 y cubren todo nuestro territorio; se ejecutó un masivo plan de becas para los jóvenes; se hicieron playones deportivos y gimnasios cubiertos en muchas de ellas; y en la mayoría de las universidades se construyeron aulas, laboratorios, salones y oficinas en una envergadura sin precedentes.

Esto fue acompañado por una recomposición salarial de los docentes y los no docentes que en 12 años casi duplicó la inflación real cualquiera fuera el índice utilizado, todo lo cual generó (junto con otras medidas que no son de interés de esta nota) un escenario de oportunidades e inclusión para los jóvenes argentinos nunca visto.

En el nuevo período presidencial nos encontramos con que las universidades sufren, como todos los argentinos, aumentos en los costos de los servicios públicos que llegan hasta el 600 por ciento. El reciente anuncio del presidente Mauricio Macri de reforzar el presupuesto universitario en 500 millones de pesos para compensar el aumento de las tarifas representa solo el 0,98 por ciento del presupuesto total de las universidades aprobado por el Congreso para 2016.

A esto se le agrega que los trabajadores no docentes no han comenzado todavía sus paritarias, mientras a los docentes la única oferta de aumento hasta el día de hoy ni siquiera merece consideración. En el caso específico de quienes trabajamos en Vinculación Tecnológica, en contacto directo con los desarrollos de la investigación y la transferencia de esos resultados en beneficio de la sociedad toda, somos inocultables testigos de la inversión que en el área fue incrementándose en los últimos cuatro años hasta superar los 20 millones de pesos en 2015.

Sin embargo, más preocupante aún resulta la aparición de un nuevo tipo de discriminación y persecución política, al borde de la legalidad. Muchas universidades no han recibido en 2016 ni un solo peso para gastos de funcionamiento, la partida para pagar las tarifas de los servicios, gastos corrientes e insumos de todo tipo. Es decir, han transferido los fondos para sueldos pero no para pagar los gastos fijos.

Y mientras la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires ya recibieron los gastos de funcionamiento de enero, febrero y marzo, otras universidades no han recibido nada. Esta preocupante discriminación nunca se dio con anterioridad; todos estos datos son públicos y pueden consultarse en la web del Ministerio de Educación.

El Presidente y sus ministros hablan de diálogo, dicen reivindicar el trabajo en equipo y también defender los intereses de “todos los argentinos”. Durante la campaña electoral dijeron defender la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica, los desarrollos del Arsat, el Invap, y muchas otras políticas implementadas en el sistema científico tecnológico.

Pero lo real es que el Conicet se plantea fijar una meta a su crecimiento; se autodefine como “inviable”, siendo que el país venía avanzando hasta 2,6 investigadores por cada mil en relación a la población económicamente activa (que en los países desarrollados son 8); y se detiene el desarrollo del Arsat III.

Quien fuera tres veces presidente insistió en centrarnos en la realidad a la hora de reconocer verdades. Los animales de nuestros laboratorios no comen promesas y su alimento se encarece; el instrumental de investigación, los insumos para experimentación médica, las drogas básicas, el amplio espectro de materiales de trabajo diario para las ingenierías, y muchas cosas más no entienden que vamos mal pero a la espera del derrame virtuoso.

* Sociólogo, profesor e investigador UNLZ. Grupo Monteagudo (Universidades, Ciencia y Tecnología).