Con los planteos dilatorios habituales de los defensores de los acusados se realizó ayer en Tucumán una nueva audiencia en el juicio por el Operativo Independencia, la antesala del terrorismo de Estado que encabezó en 1975 el general Adel Vilas. Los abogados de los 19 militares, gendarmes y policías imputados por delitos contra 269 víctimas antes del golpe de Estado pidieron la suspensión del proceso, recusaron a los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán y cuestionaron a una fiscal ad hoc. “No hay ningún obstáculo, vicio formal o cuestión pendiente que impida que continúe el megajuicio”, aclaró el fiscal federal Pablo Camuña en respuesta a los planteos.

En la tercera audiencia del 12º juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán, defensores oficiales y privados cuestionaron a los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga por supuesta falta de imparcialidad, argumentando que en un juicio anterior afirmaron que el accionar sistemático del terrorismo de Estado en Tucumán fue anterior al golpe. También cuestionaron a los fiscales ad hoc Julia Vitar, por haber sido abogada en representación de querellas en otros juicios de la provincia, y Agustín Chit, por haberse desempeñado como abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Los planteos de los defensores fueron respondidos por los fiscales Camuña y Chit y por los abogados querellantes Bernardo Lobo Bugeau, Pablo Gargiulo, Alvaro Orieta, Inés Lugones, Emilio Guagnini, Luis Santucho y Liliana Milinari. “Los fiscales no pueden ser elegidos por la defensa sino que actúan en base a la potestad que tiene la Procuraduría (de Crímenes contra la Humanidad) de hacer todo lo que esté a su alcance dentro de las normativas propias del ejercicio de su función para que el Ministerio Público Fiscal pueda llevar adelante una acusación en este juicio tan complejo”, dijo Camuña, al rechazar la recusación de Vitar. Agregó que “el Ministerio vino demostrando a lo largo de este proceso que fue objetivo y en los casos que no hubo mérito para continuar con las imputaciones se consintieron sobreseimientos”

Los defensores también pidieron que el imputado Roberto Albornoz fuera separado de este juicio porque acumula cuatro condenas a prisión perpetua, en tanto se planteó la situación procesal de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, quien no está imputada como pedían fiscales y querellas ni citada como testigo como pedían los defensores. El tribunal se pronunciará sobre los distintos planteos el jueves próximo, cuando los acusados tendrán la posibilidad de declarar.