Al PRO le dio un sofocón la ley antidespidos. Fue una reacción visceral, negativa cerrada. Y montó rápidamente el escenario que le parece razonable: un pedido a los empresarios para que no despidan durante 90 días. Son formas de concebir el mundo: en el caso de la ley, el trabajo es un derecho que debe ser garantizado o favorecido por el Estado. O, según el oficialismo, la intervención del Estado coarta el derecho de los empresarios a despedir o dar trabajo. Es como la libertad de prensa frente al derecho de los pueblos a la información, es decir a informar y ser informado. ¿El derecho está en la sociedad, en cada uno y en su plenitud, incluyendo a los empresarios, o se restringe a los que tienen el capital para montar medios de comunicación o empresas, y por lo tanto el ejercicio de esos derechos dependerá de su buena voluntad? Son mundos que chocan.

El liberalismo económico tiene esa cara regresiva en lo social. El capitalismo busca proteger el derecho del capital, dándole exclusividad y generando sociedades restringidas. La presión de la amplia mayoría que queda por fuera de ese círculo rojo puja por democratizar relaciones que básicamente tienden a la desigualdad. El neoliberalismo, simplemente acentúa los rasgos más despóticos de esa versión del capitalismo donde el ejercicio de los derechos depende de la buena voluntad del capital que hace concesiones al trabajo. Por eso, hasta la redacción del documento que firmaron los empresarios parece escrito por la mamá de alguno de ellos. Ni siquiera dice que se comprometen a no despedir sino que están dispuestos a comprometerse.

En el mundo PRO, el universo del trabajo es simplemente un aspecto subordinado del mundo empresario al que ellos pertenecen. Está en línea con su estrategia económica y la teoría del derrame: “Una ley antidespidos sería un mensaje pésimo para la economía”, afirman. Es cierto en cuanto a los empresarios, porque una ley estaría restringiendo su capacidad (o su derecho, según el PRO) de administrar el derecho al trabajo. En general, esa visión de achicamiento de la ingerencia de lo público prima en todas las áreas que han empezado a manejar el PRO y sus aliados de la derecha radical. Fuera del sector económico, ningún área del gobierno ha mostrado un plan o un proyecto y algunos ni siquiera han anunciado alguna medida que no sea el despido de trabajadores. El rating de la televisión pública se fue a pique, no pasa de uno en ningún horario y Radio Nacional, que estaba entre las primeras en las AM, ya ni existe en el dial. El ministro de Salud, Jorge “Dengue” Lemus atravesó la peor epidemia de dengue en la historia y no tomó una sola medida, no hubo campaña, nada. Habló para decir que cada quien debía descacharrar y que la epidemia terminaba cuando el frío de mayo matara a los mosquitos. La epidemia no fue preocupación oficial y se descargó en la sociedad o en cada individuo una responsabilidad que es del gobierno. En el área de la Cultura solamente se conocieron despidos.

La Universidad pública explotó en la calle el jueves con la manifestación estudiantil y docente más masiva de los últimos quince o veinte años. Presupuesto y salario se convirtieron en cuestión de vida o muerte para la educación pública superior. Nadie previó que la inundación de tarifazos y devaluaciones desbordaría también los claustros abriendo otro foco de resistencia que confluye con el del movimiento obrero y las fuerzas políticas que no pudieron hacer votar esta semana la ley antidespidos en el Congreso.

Como sucede con las visiones tan diferentes sobre el derecho al trabajo, hay mundos de valoraciones que chocan en todos los aspectos. Dicen que los subsidios y los altos salarios en general configuraron una fiesta “que ahora pagamos todos”. “Fiesta” representa algo bueno, pero despreocupado, fuera de lo normal y además financiada por otros que ya no quieren hacerlo. El PRO se asume como representante de los que según ellos pagaron los costos de esa fiesta. La sociedad vivió una situación de bienestar que no se merecía, según el oficialismo, porque estaba por encima de sus posibilidades. Para vivir de esa manera se apropiaba de la renta de otros sectores como los grandes capitales del campo, la industria y las finanzas.

En el peronismo, incluyendo a los kirchneristas, aceptan que era necesario readecuar algunos parámetros por la crisis internacional y sobre todo por la de Brasil. En el kirchnerismo dicen que lo debía hacer el gobierno que ganara las elecciones con más proyección en el tiempo, porque hubiera sido irresponsable que se tomaran medidas de este tipo al final del mandato. Los economistas del peronismo coinciden en que el dólar tenía un atraso cambiario, que había que retocarlo pero en forma progresiva, sin afectar salarios y sin levantar abruptamente las retenciones con lo que se podía readecuar las tarifas en forma gradual y selectiva.

Parece lo mismo, pero es lo opuesto. El gobierno dice que la crisis no fue generada por sus medidas sino provocada por las políticas que impulsó el kirchnerismo (la famosa fiesta), para desarrollar el mercado interno. Desde el otro lado, para el kirchnerismo, había que tomar medidas que protegieran al mercado interno de los efectos de la crisis internacional.

Las medidas del oficialismo se basaron en una visión ideológica: vivir bien no es un derecho de la sociedad sino una “fiesta” irresponsable, por eso lo primero que hizo el macrismo fue una megadevaluación que achicó salarios, eliminó las retenciones que sostenían las tarifas y pagó con creces y casi sin negociar a los fondos buitre sin que llegara medio dólar de inversión externa. Con todo eso se derrumbó el consumo y el mercado interno. Para el kirchnerismo, todas las medidas se enfocaban en el estímulo al mercado interno. Todas las medidas del macrismo y la derecha radical están destrozando el mercado interno.

Sucede igual con la idea del “robo”. Es obvio que para ellos, el kirchnerismo les robó las AFJP, les robó el fútbol de primera codificado, en un acto “confiscatorio” les robó YPF y Aerolíneas y les robó cada peso de las retenciones. Esa percepción subjetiva de “lo robado” no se podía extender así a una sociedad que festejó el fin de las AFJP, las renacionalizaciones y el fútbol para todos. Pero con el bombardeo mediático y judicial pudieron transmitir a toda la sociedad esa percepción de sector dominante de “nos están robando”. Para ellos, la distribución de la renta fue un robo y lograron que gran parte de la sociedad que se beneficiaba de esa política también se sintiera “robada”, pero por una supuesta corrupción pública: con la plata de las retenciones, Cristina Kirchner se compraba carteras Buitton. En realidad, la plata de las retenciones sostenía las tarifas bajas con las que se favorecían muchos de los cándidos que creyeron lo de las carteras y que ahora se quieren cortar las venas cuando les llegan las facturas a fin de mes. Es una paradoja y un gran triunfo mediático porque lograron que una gran parte de la sociedad se sintiera robada igual que ellos.

Un conocido empresario afirmaba que una coima chica es corrupción, pero que una coima grande es un buen negocio. Se calcula que la fuga de capitales argentinos en total ronda la friolera de los 400 mil millones de dólares. Gran parte fue a paraísos fiscales. El presidente y la mitad del gabinete tienen empresas offshore desde hace varios años y alguno de ellos ha sido brocker de las offshore. La otra mitad del gabinete está en la lista de los que especulaban con el dólar que fue siempre la otra gran estafa contra el salario. Eso no está tan visualizado en la sociedad como robo o corrupción porque en el universo PRO, que es el dominante en la cultura, se trata de “prácticas comerciales normales”.

La densidad ideológica del PRO lo convierte en un mundo chocador sin mediaciones políticas. Al massismo, que apostaba a un plazo más largo para reducir al kirchnerismo a su mínima expresión, los tiempos cortos del PRO le están provocando problemas en sus filas. Sergio Massa pagó el costo más alto por la negociación con Macri para postergar el debate de la emergencia laboral en Diputados. Massa no quiso quedar pegado al kirchnerismo y le hizo un favor a Macri. Pero dejó al kirchnerismo como la única fuerza que defendió el reclamo de las cinco centrales sindicales y su propia ala gremial quedó herida al no darle quorum a la ley antidespidos. El pacto de Massa con Macri no fue una derrota para el kirchnerismo, sino para el reclamo de las cinco centrales obreras que el massismo podría haber evitado pero no quiso.