La aprobación de la reforma laboral de Fernando de la Rúa y Alberto Flamarique fue cualquier cosa menos transparente. Sin embargo, para el Gobierno de Eduardo Duhalde mantenerla en pie, sería una señal de que está a favor de la tan mentada “seguridad jurídica”, las palabritas de moda luego de la visita del equipo del FMI. Por eso, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich se habría comunicado el fin de semana con algunos de los justicialistas que integran la comisión de Trabajo del Senado para expresarles lo “inconveniente” que sería que siguieran adelante con su proyecto para derogar la ley de la Banelco. Con todo, el titular de la comisión, el gastronómico Luis Barrionuevo, confirmó que la decisión política ya está tomada y que, de no mediar imprevistos, pasado mañana la derogación tendrá una media sanción. La presión de la Rosada, entonces, se trasladará a Diputados como último recurso antes del veto.
De octubre a marzo cambiaron muchas cosas en el país. Una de ellas es que Duhalde pasó de senador recién electo a Presidente. Con ese cambio también se modificó su visión de la realidad y hoy ya no piensa igual que en octubre, cuando sostenía que la derogación de la reforma laboral era fundamental para modificar la corroída imagen de los senadores. “El Senado se debe a sí mismo y le debe a la Argentina la derogación de una ley viciada por sospechas de sobornos”, decía por aquel entonces Duhalde que no se imaginaba ni por asomo que menos de tres meses después sería presidente de la Nación.
Ahora, desde el sillón de Rivadavia, el panorama es otro. Dentro de su mutismo, si hay algo que dejó claro el indio Anoop Singh es que el Fondo pide como condición para dar luz verde a los desembolsos es que en el país haya seguridad jurídica. Y que dentro de los muchos significados de la frase también engloba el mantenimiento de la reforma laboral de De la Rúa y Flamarique sancionada en mayo del 2000. A partir de ahí, la Rosada comenzó una serie de movimientos cada vez menos disimulados para impedir que prosperen los proyectos de derogación. Hubo tres: uno de Antonio Cafiero –quien denunció los sobornos–, otro de Cristina Fernández de Kirchner y un tercero de Barrionuevo, que fue el que finalmente prosperó.
Primero fue el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, y luego también el de Trabajo, Alfredo Atanasof, quienes expresaron su rechazo a que se derogue la ley laboral. En voz baja agregaban que, por lo menos, no lo hicieran hasta tanto no llegue la ayuda del FMI que los cálculos más optimistas ubican hacia fines de abril. Durante el fin de semana, Capitanich se sumó a la lista de funcionarios que consideran totalmente inoportuna una sesión para derogar la reforma que introdujo varias modificaciones a las leyes laborales (ver aparte).
En diálogo con Página/12 Barrionuevo negó haber recibido presiones del Ejecutivo. “Conmigo no se comunicó nadie”, respondió. Agregó que en la reunión de bloque de senadores del PJ prevista para mañana irán los jefes de las dos CGT, Rodolfo Daer y Hugo Moyano, para expresar su apoyo a la sanción del proyecto que implicaría la derogación de la Ley 25.550, ocho normas adicionales y 26 decretos sancionados del gobierno de Carlos Menem para adelante. En la Rosada, consideran que esa movida derivará en un “caos jurídico” en la relación entre las empresas y los trabajadores, algo que desmienten los legisladores.
“Técnicamente la ley es irreprochable. Se equivocan los que hablan de caos jurídico porque con la sanción de la norma no van a quedar lagunas legales”, explicó el abogado laboralista Héctor Recalde, asesor de la comisión de Trabajo de Diputados que conduce el cervecero Saúl Ubaldini. Según las malas lenguas, Ubaldini habría llamado a Atanasof para preguntarle qué debía hacer con el proyecto que tanto molesta al Gobierno en caso de que reciba la media sanción y pase de inmediato a Diputados. La versión no es considerada en el Senado. “Ya nos reunimos con Ubaldini y nos pusimos de acuerdo en el texto del proyecto”, respondió Barrionuevo. Si como todo parece indicar la derogación recibe la media sanción, el Gobierno recibirá un nuevo gesto de rebeldía de parte del Senado, que ya se plantó en el tema del voto contra Cuba en la ONU. En la Rosada ya se van haciendo a la idea de un veto presidencial, lo que sin dudas significará un costo político, pero cerca del Presidente lo consideran poco si es que eso significa que llegue la ayuda del Fondo.