No hubo una definición en la sentencia pero detrás de cada una de las condenas apareció lo que se esperaba desde hace más de 40 años: la enunciación del Operativo Cóndor como una asociación ilícita de las dictaduras del Cono Sur destinada a cometer delitos. Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Bignone fueron las primeras condenas que leyeron los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 en una sala repleta. El primero recibió 25 años de prisión. El jefe de Institutos Militares del campo de exterminio de Campo de Mayo obtuvo de esa manera su condena número 11 en juicios de lesa humanidad. Bignone recibió 20 años. Fue su condena número ocho. También fue condenado a 25 años el único acusado extranjero, el militar del Ejército uruguayo Juan Manuel Cordero Piacentini, entre cuyas víctimas estuvo María Claudia García Iruretagoyena de Gelman. De los 17 acusados, 15 fueron recibieron penas de 25 a 8 años y 2 fueron absueltos.

“Es la primera vez que la justicia de un país americano declara que ese Plan de las dictaduras de los países del Cono Sur fue una asociación ilícita para cometer delitos, y las privaciones ilegales e imposición de tormentos fueron considerados dentro de esa asociación”, dijo el presidente del Cels, Horacio Verbitsky.

En esa misma línea se expresó el fiscal Pablo Ouviña al destacar el fallo de los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico como juez sustituto. Ouviña señaló que es la primera vez que la justicia define al Operativo como una asociación para el crimen, “en un proceso destacable por su respeto las garantías, al derecho a las defensas, el derecho de los testigos y las reglas del procedimiento”.

El fallo comenzó a leerse a las cinco de la tarde. Desde temprano, buscaron espacio en la sala los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. Estuvieron Vera Jarach, Laura Conte, Taty Almeida y Nora Cortiñas. También Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Y logró llegar la abuela Elsa Pavón con la fatiga de los años en el cuerpo mientras su nieta Paula Logares completaba trámites de acreditación. La cara de Macarena Gelman apareció una y otra vez retransmitida por la pantalla que amplificó imágenes en la sala. Estuvo el fiscal Miguel Angel Osorio, uno de los primeros empeñados en ordenar lo que al comienzo eran vestigios de una investigación imposible. Los nombres fueron más porque todos estaban ahí. Horacio Pietragalla, ahora secretario de derechos humanos de Santa Cruz. Carolina Varsky, de la Procuración. Quienes llegaron del exterior, como Federico Jorge Tatte, hijo de un ex marino y dirigente comunista de Paraguay desaparecido en Argentina que integra la Comisión por la Verdad y la Justicia de Paraguay.

Este juicio oral que empezó hace tres años y tres meses, estuvo por caerse cuando murió el dictador Jorge Rafael Videla, uno de los principales imputados de los 32 con el que se elevó esta causa y ayer concluyó con 17 acusados, porque unos murieron y otros fueron separados del juicio por razones de salud. Edgardo Binstock fue parte de la querella por la desaparición de su compañera Mónica Pinus, secuestrada en marzo de 1980 en Brasil. Y ese era uno de los casos que llegaba a Juicio con Videla como único imputado. “Pensar que se caía cuando esto empezó. Pero no pasó. Esto es un caso penal pero al mismo tiempo un caso político, porque lo que unifica las causas es que tuvieron en común una operación y un acuerdo de las dictaduras y del Departamento de Estado de Estados Unidos para poder operar. Hoy llega esto en un contexto difícil para las democracias latinoamericanas: si bien no tiene la misma característica represiva, somos sujetos de una nueva ofensiva neoliberal y conservadora sobre nuestros países”.

Mientras Binstock recordaba el Cóndor II del que habla Rafael Correa, el único acusado presente en el sala se abrió camino en la planta baja. El tribunal decidió darles la opción a los acusados de no participar en la audiencia final. No estuvieron ni en la sala ni en las trasmisiones vía internet que suelen conectarlos en los lugares de detención. En una larga fila de sillas vacías estuvo el único acusado que asistió: Miguel Angel Furci, que tenía pedidos de condenas por las dos causas que se debatieron en el juicio: Cóndor y un segundo tramo de Automotores Orletti, el centro clandestino donde fueron llevados la mayoría de los prisioneros extranjeros. Furci fue condenado como autor de 67 privaciones ilegales de la libertad y por 62 hechos de tormento, a 25 años de prisión y, como el resto, a una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del período. Sus dos ojos protegidos por anteojos no perdieron vista del juez ni siquiera en ese momento. Cuando le cayó encima la sentencia no parpadeó siquiera, sin darse cuenta que las cámaras iban y venían al mismo tiempo mirando la cara de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, hija de Claudia y Marcelo, hoy diputada en Uruguay. “Las condenas son para mi satisfactorias -dijo ella-, y tienen además la particularidad de que incluye al primer uruguayo condenado por el caso de mi mamá, lo cual me hace pensar en Uruguay. Sentir que se cierra un capítulo es difícil de decirlo o sentirlo por la fragmentación de las causas, pero había una expectativa muy concreta que era sentencia a Cordero”.

La sala no aplaudió ni cantó hasta que el juez Amirante leyó el último punto de la sentencia, que indicó informar a la embajada uruguaya sobre la nueva situación judicial del imputado de ese país. Entonces la sala vivó a los 30 mil desaparecidos.

A Andrés Habegger le salió en ese momento un atragantado “¡Y que se pudran en la cárcel, asesinos!” “Empezamos –dijo– con la querella en 2004, todo esto no tenía forma, la desaparición hace eso, la falta de verdad. Y con esto es como que reencontrás las formas. Y darle la forma y que lo haga el Estado es reparador y un proceso que tardo tanto tiempo es también una alegría, y eso pude decirlo acá, y no en la cancha, ni en un bar, ni en la Plaza. Fuimos querellantes con mi mamá (por su padre Norberto). Dimos testimonios. Y mi sensación es que al hacerse Justicia esto entra en los libros de historia porque el Estado hace eso: que la historia sea una y no otra”.

La periodista Stella Calloni, acosada por las cámaras de televisión extranjeras, repetía una y otra vez por qué el Cóndor fue una “Operación”. Habló de “tácticas” y “estrategias” y del avance de una operación contrainsurgente contra los dirigentes de la región, razón por la cual “esto se pudo conocer desde temprano porque esas víctimas eran nombres tan conocidos que nadie podía soslayar”.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en agosto. Los acusados fueron condenados con penas significativas sobre todo por la cantidad de hechos que tienen adjudicados. Hubo tres condenas a 25 años de prisión: Riveros, Cordero y Furci. Hubo 2 a 20 años: Bignone y el general Rodolfo Emilio Feroglio. Una a 18 años de prisión para el coronel Humberto José Román Lobaiza. También 4 a 13 años, entre los que estuvo el vicealmirante Antonio Vañek, segundo en la estructura de la Armada. El TOF condenó a otros 5 imputados a 12 años de prisión. Y al general Federico Antonio Minicucci a ocho años. Hubo dos absoluciones.

Salvo Riveros y Furci, el resto de los acusados obtuvo sentencias en general por uno a cuatro hechos. Una de las explicaciones es que si bien la causa Cóndor tuvo a un número de 109 víctimas en juicio, un universo importante tenía como único imputado a Videla. Con su muerte, esos crímenes salieron de la causa. Pero los casos y sus historias continuaron en juicio, como Binstock, porque querellas y fiscalía solicitaron continuar por el derecho a la Verdad y porque cada hecho permitía probar no sólo una imputación sino la asociación criminal. Como los nombres de cada una de esas víctimas, sin embargo, no aparecieron en la lectura del fallo, ahora se aguardan los fundamentos para saber si este pedido fue considerado por el tribunal. El Cels adelantó que si no fue así pedirá en Casación una revisión de la sentencia. “Reclamamos en esos casos que no se pudo llegar a la condenar porque el responsable ha muerto, que exista una constancia de que fueron víctimas del Cóndor en función del derecho a la verdad”, explicaron.