Mientras desde Cambiemos celebran el anuncio del presidente Mauricio Macri del pago de las sentencias judiciales a un sector de los jubilados –en el marco de una ley ómnibus que incluye el blanqueo de capitales y la privatización de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses–, en la oposición parlamentaria generó más dudas que expectativas. Mientra esperaban que el proyecto ingrese al Congreso para conocer la letra chica de la iniciativa oficial, desde el Frente para la Victoria (FpV), sugirieron que “sería la primera medida presidencial para mejorar el deteriorado mercado interno que deja la política económica recesiva del macrismo”, al tiempo que advirtieron sobre su implementación para que no se desfinancie el FGS y adelantaron que se opondrán a la “privatización de las acciones en manos de la Anses”. “Estamos de acuerdo con el aumento y el pago de los juicios, cuidando lo logrado”, sumó el ex director de la Anses y referente del Bloque Justicialista, Diego Bossio, quien también se mostró “en contra de la privatización de los activos del FGS”. Sergio Massa reunió ayer a la mesa chica del Frente Renovador (FR) para analizar la medida, aunque no hubo pronunciamientos. Desde el Frente de Izquierda (FIT) sostuvieron que el anuncio “es un chantaje a dos millones de jubilados”.

El bloque de diputados del FpV-PJ, que preside Héctor Recalde, manifestó “el deseo de aportar a los anuncios que realizó el Presidente”, aunque sostuvo que “no deja de llamar la atención que el Gobierno haya cambiado de la lluvia de inversiones y dólares para el segundo semestre a un blanqueo de capitales”.

Sobre este punto, quizá el más clarificado de la propuesta oficial, el FpV insistió en que “es importante que el blanqueo no alcance a funcionarios del Gobierno” y que “para las personas jurídicas entendemos que la creación de una Comisión Bicameral de fiscalización en colaboración con la AFIP y la UIF sería un buen instrumento para controlar qué capitales ingresan, su origen y procedencia”. “Hay investigaciones y causas judiciales en curso que deberán tenerse en cuenta. Habría que impedir el beneficio del blanqueo a empresas denunciadas por el consorcio de periodistas internacionales y también las investigadas en la causa por la fuga de capitales del HSBC”, agrega el comunicado que lleva la firma de Recalde. “Es bueno reconocer el arrepentimiento de funcionarios como Laura Alonso, Alfonso Prat-Gay, Patricia Bullrich, Adolfo Sturzenegger, Rogelio Frigerio, y Carlos Melconian, quienes hace dos años pensaban y opinaban distinto ante la misma iniciativa”, recuerda el texto del pronunciamiento del FpV.

“Cualquier reparación histórica con nuestros jubilados es un acto de justicia social”, dicen los diputados del FpV, que también cuestionaron que la medida se enmarque en una ley ómnibus que incluye muchas otras medidas adicionales que desconocen hasta que llegue el proyecto a la Cámara baja. Aunque adelantaron su rechazo a uno de los temas más conflictivos: “Es importante, además, impedir que el proyecto que se va debatir desfinancie el FGS del sistema con la venta de las acciones como se pretendería hacer. Los recursos deberán provenir del blanqueo de capitales o de rentas generales”.

“Sería la primera medida a favor del consumo interno en este contexto recesivo que produjo la política económica del Gobierno”, dijo a Página/12, el diputado del FpV y especialista en temas provisionales, Juan Carlos Díaz Roig, quien agregó que “hay que ser cauto con las expectativas para los jubilados” porque aun se desconoce la letra chica del proyecto. En ese marco, advirtió que ya estaba presupuestado para este año “el pago de 50 mil sentencias a jubilados que la cobrarían al contado y no en dos o tres años” y se preguntó “¿cuál será el criterio par ajustar los 240 mil juicios –el 4 por ciento del total de los jubilados– sin sentencia y para 1,5 millón que no ha iniciado acciones judiciales?”

Díaz Roig también advirtió que ese acto administrativo podría “desencadenar una catarata de juicios porque los derechos jubilatorios son imprescriptibles” y que el Gobierno no podría imponer el criterio que “se cancelaría la deuda si el jubilado resigna la acción judicial”.

Para el Bloque Justcialista también hay que estar “atento a la letra chica del proyecto”. “Es una decisión importante que debe ser estudiada con mucha profundidad para asegurarnos que llegue eficientemente a los destinatarios y para cuidar lo logrado”, afirmó Bossio. Adelantó su postura contraria a la venta de activos de la Anses. En un encuentro con periodistas parlamentarios, aclaró que “las ganancias que producen esos activos están habilitados a usarse de acuerdo al decreto que en 2009 estableció la Asignación Universal por Hijo. “El problema del financiamiento del sistema jubilatorio no son las acciones de la Anses en el sector privado, sino las dificultades para generar nuevos puestos de trabajo que aporten al sistema”, definió.

Bossio también recordó los avances realizados hasta el momento –incluida su gestión al frente de la Anses–, con la recuperación de las jubilaciones, “empezando por las más bajas y por los sectores más vulnerables y la posterior actualización automática dos veces al año”. “Esto permitió que Argentina sea líder en materia jubilatoria en toda la región”, señaló.

El massismo, en tanto, evitó pronunciamientos hasta conocer mejor el texto. Massa reunió por la noche a parte de su bloque en Tigre para analizar los anuncios. Del encuentro participaron, entre otros, la jefa de la bancada, Graciela Camaño, el economista Marco Lavagna y la diputada especializada en temas provisionales, Mirta Tundis. Massa, ex ttiular de la Anses, buscará también marcar diferencias con el proyecto oficial.

El Partido Obrero (PO) fijó posición como integrante del FIT. “Aunque fue presentado como una ‘reparación histórica’ regularizando los juicios acumulados bajo el kirchnerismo, la realidad demuestra exactamente lo contrario”, dijo el comunicado y detalló lo que se conoció de la propuesta macrista: “De 2,1 millones de jubilados que tienen sus haberes mal liquidados, sólo 70.000 –que tienen sentencia firme– cobrarían la totalidad de la sentencia judicial a su favor, aunque incluso en estos casos el 50 por ciento del monto total será en cuotas. Los 300 mil que tienen juicios en trámite recibirán una propuesta de pago, que no sólo será en cuotas, sino que sufrirán una quita”.