La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que eran “las herramientas para combatir el crimen organizado”. Son los proyectos de ley que incluyen las figuras del arrepentido, el agente encubierto, el informante y la flagrancia. La del arrepentido quedó, por el momento en el camino. Las otras serán tratadas esta semana en la Cámara de Diputados. Lejos de la visión de la ministra, los especialistas tienen fuertes críticas a los cambios que el Poder Ejecutivo busca introducir en materia de política criminal. Además de las observaciones puntuales a cada uno de los temas, organismos vinculados a asuntos de seguridad y justicia señalaron que hay un problema macro. “Son reformas parciales en un sistema procesal caduco y vencido y lo que correspondería es impulsar el nuevo Código Procesal Penal ya sancionado”, señaló a Página/12 Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal. “Lo importante es cómo funciona el sistema de investigación criminal en su conjunto. No se puede pensar que de estas herramientas depende que el Estado investigue estos delitos. Si el objetivo es luchar contra el narcotráfico y la criminalidad organizada hay que hacer otras cosas como avanzar en la reforma policial y controlar las irregularidades, trabajar en la producción de la información con órganos como la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) o la AFIP y hacer que el Ministerio Público Fiscal tenga mejores investigadores y no debilitarlo”, explicó Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Se está desaprovechando la oportunidad para avanzar seriamente en la reforma de la justicia federal, que es un sistema que ha demostrado ser ineficiente, oscuro y muy poco democrático”, dijo Agustín Carrara, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).

Bullrich llevó al Congreso un paquete de medidas que regula varias figuras o “técnicas especiales de investigación”.

- El arrepentido es una persona que participó de un delito y da información para una causa a cambio de una reducción parcial o total de la pena. Esto se aplica actualmente para casos de narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, secuestros extorsivos y trata. La iniciativa del Ministerio de Seguridad amplía la posibilidad de usar la figura a otros hechos, como los delitos cometidos por asociaciones ilícitas o “cualquier otro respecto del cual el juez, habida cuenta de las circunstancias particulares del caso y su grado de complejidad, evalúe que para resolverlo es necesaria la aplicación de estos instrumentos”.

Si bien el Gobierno presentó mediáticamente el tema como una forma de luchar contra la corrupción, la iniciativa no abarca de forma explícita –más allá de la posible discrecionalidad de los magistrados– los delitos contra la administración pública ni los cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

De todas maneras, este proyecto no será tratado esta semana. La figura del arrepentido fue separada del resto luego de que se intentara incluir bajo esa herramienta a los involucrados por delitos de lesa humanidad. Tal como informó Página/12, los asesores del diputado del Frente para la Victoria Remo Carlotto advirtieron este hecho y alertaron a los organismos de derechos humanos, que enviaron cartas con fuertes objeciones a la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, María Gabriela Burgos (UCR). La maniobra, que implicaba la posibilidad de eximir de penas a represores, fue atribuida al Frente Renovador e hizo que el proyecto de ley quedara dividido y se postergara la discusión sobre los arrepentidos (que no tiene fecha de tratamiento) para que pudieran avanzar las otras “técnicas especiales de investigación”. Las figuras que se incluirán en la sesión del miércoles son: el agente encubierto, agente revelador, el informante y la entrega vigilada. También se votará otro proyecto que regula un procedimiento especial para los delitos cometido en flagrancia.

- Agente encubierto es un miembro de las fuerzas de seguridad que se infiltra en una organización criminal para conseguir información. Se le perdonan los delitos que pueda cometer en esa función siempre que no impliquen poner en riesgo la vida de una persona, su integridad o la imposición de un grave sufrimiento. Esto último fue agregado en el transcurso del debate en las comisiones, ya que en la redacción original el agente encubierto podía hasta llegar al asesinato de los miembros de la organización en la que se infiltrara.

- Agente revelador: Es un miembro de una fuerza de seguridad que simula interés en cometer un delito para poder identificar a los involucrados en un hecho. No debería “provocar” el delito.

- Informante: Una persona que da sistemáticamente información a la policía a cambio de ventajas económicas o procesales. Su identidad es secreta.

- Entrega vigilada: Implica la suspensión de la detención de personas o el secuestro de bienes cuando puede afectar el éxito de la investigación. Se vigilan los bienes mientras se recolecta información.

El otro proyecto que se tratará el miércoles se refiere a flagrancia; es decir, cuando se arresta a una persona mientras está cometiendo un delito. La iniciativa, que implica que se acortarán los plazos y se agilizará el proceso de enjuiciamiento para estos, contempla que pueden aplicarse este procedimiento a delitos con penas de hasta 20 años.

Desde el CELS sostienen que las técnicas encubiertas suponen el riesgo de que se incremente la corrupción y la manipulación de los casos y que los peligros de legalizar herramientas de este tipo en las condiciones en que funciona el sistema son mayores que los beneficios que ofrecen para enfrentar el crimen, a menos que se establezcan efectivos mecanismos de control, como la revisión por parte del Congreso de estas operaciones o la creación de organismos de control externos a las fuerzas de seguridad. Lo mismo destacan para la figura del arrepentido, que podría llevar a situaciones extorsivas o denuncias falsas. “Hay discrecionalidad en general en todas las iniciativas: no se establecen los límites de lo que puede hacer un agente encubierto y eso profundiza la zona oscura de las fuerzas de seguridad. No hay criterios sobre cómo se determina la veracidad de la información que pueda aportar un arrepentido, no hay un listado de los eventuales informantes ni se dice cómo se verifica su identidad ni quién lo controla”, señaló Federico Efron, del CELS.

Los especialistas consultados por este diario coinciden en señalar la contradicción que hay entre estos proyectos y el nuevo Código Procesal Penal, que debe empezar a ser aplicado y que establece que la investigación es dirigida por el fiscal. En esas modificaciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad, se habla, en cambio, de la dirección y control de los jueces. “Se legisla para un Código que no tiene vigencia, no hay coherencia”, afirmó Efron. “El análisis de los puntos vinculados a la investigación y el juicio oral debería ir en línea con la implementación del nuevo Código Procesal Penal”, expresó Carrara, del Cipce. Pero más que la colisión entre distintas políticas, lo que revelan los proyectos es la falta de apuro por implementar el sistema acusatorio. El nuevo Código empezará a regir en Salta y Tierra del Fuego el año que viene. Y, según especulan en el Gobierno, podrían pasar entre cuatro y seis años para que los fiscales tomen en control de las investigaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

“El proyecto sobre técnicas especiales de investigación desaprovechó la oportunidad para lograr una buena regulación sobre protección de testigos y denunciantes en casos de corrupción y delitos económicos. En el caso de los delitos cometidos en contextos empresariales, otros países regulan la figura de los informantes internos (whistleblowers) que aportan información que pone en riego su trabajo o su vida. Es el caso de los empleados de bancos que saben cómo las entidades financieras participan de lavado de dinero o fuga de capitales. En lugar de ese informante interno, el dictamen regula un informante que es el ¨buchón¨ de la policía, básicamente. Se pretende generar mejores herramientas de investigación para casos de crimen organizado y sin embargo se regulan figuras que no están pensadas para ser aplicadas en delitos económicos y financieros. Es un grave error, porque son esos delitos los que más dinero ilícito generan¨, señaló Carrara, de Cipce.

Sobre las reformas al procedimiento de flagrancia, Juliano, de la Asociación Pensamiento Penal, afirmó que llama la atención que se aplique a delitos con penas hasta 20 años y recordó que en la provincia de Buenos Aires, donde tiene vigencia hace varios años ¨en los hechos ha servido para agudizar la selectividad del sistema penal, condenar rápidamente a la misma clientela de siempre, la gente más vulnerable y en el caso federal, donde tiene gran incidencia la ley de estupefacientes, los alcanzados van a ser los microtraficantes. Por el contrario, hubiéramos preferido la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos”. Además, agregó que “la enorme amplitud puede llevar a vulnerar garantías y afectar el derecho de defensa”.

“La flagrancia tiene la supuesta virtud de acortar el plazo, pero hace que el sistema se vuelque hacia los ´casos fáciles´ y no genere investigación en los complejos. En la práctica, además, habilita detenciones arbitrarias”, coincidió Litvachky.

Las iniciativas se votarán en Diputados el miércoles y no parecen tener obstáculos para ser aprobadas. Los bloques de Cambiemos y el Frente Renovador firmaron el dictamen de mayoría. El Frente para la Victoria, por su parte, tiene algunas observaciones que coinciden en varios aspectos con las críticas de los expertos. La diputada Diana Conti señaló que “el Poder Ejecutivo impide que el Congreso trate integralmente el paquete de reformas” ya que segmenta los proyectos. Advirtió sobre la necesidad de hacer una discusión más profunda (todas las organizaciones del sector se quejaron de no haber sido invitados a debatir) y sobre el peligro de “dar más poder a las fuerzas de seguridad, sin control, para hacer espionaje y armar y desarmar causas”. En el bloque, sin embargo, no había una definición taxativa acerca de la posición que llevarán al recinto. Es probable que los diputados del Frente para la Victoria manifiesten sus críticas pero acompañen la iniciativa y guarden las posiciones más duras para otros proyectos que generan más rechazos, como el arrepentido o la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público.