Diplomático de carrera y ensayista, Samuel Pinheiro Guimaraes fue uno de los diseñadores de la diplomacia de Lula y Dilma junto con Celso Amorim y Marco Aurélio García. Aceptó contestar las preguntas de Página/12 al final de una semana que empezó con la visita del canciller de Michel Temer, José Serra, el ex candidato a la presidencia derrotado en 2002 y 2010.

–¿El de Michel Temer es un gobierno legítimo?

–El gobierno de Michel Temer es interino. Y es el resultado de una conspiración. Participaron de ella, en forma coordinada, distintos sectores: los políticos involucrados en denuncias de corrupción; los políticos y partidos de oposición, como el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, desconformes con la para ellos inesperada derrota por escaso margen de 2014; los políticos conservadores desde el punto de vista social, como los evangélicos; los medios de comunicación en especial el sistema Globo, con decenas de canales de televisión, de radios, diarios y revistas; el Poder Judicial, desde el juez Sergio Moro, mesiánico y dispuesto a practicar en su lucha contra la corrupción actos ilegales de todo tipo, hasta los ministros de la Corte Suprema que, pudiendo y debiendo hacerlo, no lo disciplinaron; los intereses extranjeros que vieron en las dificultades económicas la oportunidad de revertir políticas de defensa de los capitales nacionales para promover la reducción del Estado y la apertura hacia los bienes y capitales extranjeros, como en el caso de Petrobrás y los riquísimos yacimientos de petróleo del pré-sal, o como en el caso del Banco Nacional de Desarrollo; el mercado financiero, estos es, los grandes inversores y millonarios que abarcan a 71.440 brasileños cuya renta mensual media es de 600 mil dólares; los rentistas, temerosos de una política de reducción de tasas de interés; las asociaciones empresarias como la Fiesp, la Febraban, la CNI y la CNA; los defensores de las políticas de austeridad que quieren la reducción de los programas sociales, la revisión de derechos de los trabajadores, el equilibrio fiscal mediante la reducción del Estado y de los programas sociales y el fin de la fiscalización de los abusos de las empresas; y, finalmente, los diputados, senadores, economistas y periodistas que fueron intérpretes, portavoces o beneficiarios de los intereses que acabo de describir. Tomemos un nombre como ejemplo: Eduardo Cunha.

–El presidente de la Cámara de Diputados durante la votación de la admisibilidad del juicio político.

–Sí. Corrupto. Luego fue alejado del cargo por el Supremo Tribunal Federal, que podría haberlo apartado antes. Sin que hubiera ninguna prueba de acto ilícito practicado por la presidenta, votaron por el juicio político 367 diputados y eventualmente lo harán 54 senadores, todos ellos representantes de los sectores sociales más conservadores y de los individuos más ricos en una de las sociedades más desiguales del mundo. Defendieron a los intereses extranjeros más voraces y podrían llegar a anular el resultado de elecciones en las que 54 millones de brasileños eligieron a Dilma Rousseff. Quieren terminar con la continuidad de un proceso de desarrollo social, político y económico de Brasil que se inició en 2003 con la derrota de un proyecto neoliberal, sumiso y reaccionario. La composición del gabinete de Temer, sus lazos ostensibles y públicos con los intereses económicos conservadores y las acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos indican perfectamente el carácter de conspiración que derribó a Dilma Rousseff. El objetivo final de esa conspiración es la recuperación total del poder en las elecciones de 2018.

–¿Qué posibilidades tiene Dilma de no ser desplazada definitivamente por el Senado?

–Hay grandes posibilidades de que no sea separada. Deben votar su alejamiento dos tercios de los senadores, 54 sobre un total de 81. Las manifestaciones populares, de personalidades y de sectores significativos contra el gobierno de Temer y contra sus primeras políticas, en favor de la democracia y contra el golpe, se están haciendo más amplias e intensas a pesar de que los grandes medios buscan minimizarlas. Los elementos fundamentales para evitar un desplazamiento son la participación del Presidente Lula al frente de las manifestaciones populares, la resistencia a cada iniciativa que el gobierno interino presente en el Congreso y la movilización coordinada de las organizaciones sociales.

–Al asumir como canciller, José Serra indicó diez líneas de acción de su gestión futura y dijo que la diplomacia brasileña no sería “ideológica” ni estaría al servicio de un partido político. Usted fue vicecanciller, presidente del Mercosur y secretario de asuntos estratégicos. ¿La diplomacia era “ideológica”?

–La política exterior de Brasil tiene que basarse en los objetivos de soberanía, integridad territorial, desarrollo económico, social y político y debe guiarse por la Constitución, que en su artículo 4 define los principios de la política externa. Entre ellos, el objetivo de promover la integración latinoamericana. Por un lado, la política exterior de Brasil tiene que considerar la localización geográfica del país, con sus doce naciones vecinas, las asimetrías entre Brasil y los vecinos, sus extraordinarias dimensiones territoriales, de población y de desarrollo económico, pero también sus disparidades de todo orden. Debe tener en cuenta sus enormes recursos naturales y simultáneamente las circunstancias de un mundo en el que se verifica una gran concentración del poder económico, político y mediático, con gigantescas multinacionales, con políticas de restricción del desarrollo económico y tecnológico, con las grandes potencias en crisis económica prolongada y con una velada disputa por la hegemonía entre los Estados Unidos y China. La política exterior de los gobiernos del PT se guió con firmeza y coherencia según los principios de autodeterminación, de no intervención, de cooperación entre países subdesarrollados, de integración sudamericana y por los objetivos de lucha por la desconcentración del poder a nivel mundial y por la multipolarización, contra la unilateralidad de las grandes potencias. Los gobiernos buscaron la defensa de la paz y el desarme de los países fuertemente armados, lucharon por el derecho al desarrollo y contra el calentamiento global y la pobreza. Por eso en Sudamérica Brasil sostuvo relaciones de cooperación y de respeto político con gobiernos tan distintos como los de Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, etcétera.

–¿Y con Estados Unidos?

–Brasil mantuvo una política de cooperación, como en el caso del etanol. De respeto mutuo, como en la Ronda de Doha. Y de divergencia siempre que fuese necesario, como sucedió con el ALCA. De los comentarios del Presidente Obama sobre el Presidente Lula puede inferirse que las relaciones con Brasil siempre fueron consideradas importantes por los Estados Unidos. Con la Unión Europea hay un acuerdo de asociación estratégica, cosa que la UE firmó con muy pocos países. Brasil acordó la construcción y la transferencia de tecnología de un submarino nuclear y la compra, construcción y transferencia de aviones de combate Grippen. China se convirtió en el primer socio comercial de Brasil y aumentó sus inversiones. Los acuerdos prevén operaciones por 54 mil millones de dólares, además de la participación conjunta en los Brics, en el Banco de los Brics, en el Acuerdo de Reservas y en el Banco Asiático de Infraestructura. Toda la política exterior se basó en la cooperación respetuosa, sin el intento de enseñar a ningún Estado, país o sociedad cómo debía organizarse política o económicamente. Todo esto prueba cabalmente, para quien conoce un mínimo de política internacional y quiere ir más allá del prejuicio mediático o de los preconceptos partidarios, que la política desarrollada desde 2003 no fue ni ideológica ni partidaria, y tampoco buscó beneficiar los intereses de un partido. Ni siquiera del principal partido de gobierno, el PT.

–¿Sudamérica tiene que empezar a firmar acuerdos de libre comercio?

–El centro de la política exterior brasileña debe ser América del Sur. En América del Sur, Mercosur. Dentro de Mercosur, la Argentina. No comprender eso significa una enorme miopía y cultivar el fracaso. El desarrollo de un país como Brasil debe basarse en la industrialización. Brasil tiene un 85 por ciento de su población urbana, una agricultura que no emplea mano de obra en gran escala, un sector de servicios subdesarrollado, con gran necesidad de generar empleos para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo y dar empleo pleno a los subempleados y a los 50 millones de beneficiarios del plan Bolsa Familia, cuyo ingreso mensual es inferior a 20 dólares por día. Con esos datos, pensar en la construcción de una economía y una sociedad con base agrícola es un absurdo técnico, político y social. Bien: la industrialización necesita de mercados seguros, como los regionales, a través de acuerdos que estimulen el desarrollo de empresas de capital nacional y atraigan empresas extranjeras, y también a través de la acción del Estado para construir infraestructura y completar la iniciativa privada. Ese mercado, en América del Sur, es el Mercosur, con su arancel externo común. Los países industrializados que desean escapar de sus crisis a través de aumentar sus exportaciones lo que quieren hoy es eliminar ese arancel externo común. La celebración de acuerdos de libre comercio sería el fin del Mercosur. Si esto es así, el acuerdo Mercosur-Unión Europea funcionaría, en realidad, como el primero de una serie de acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, China y Japón. Los países del Mercosur, en especial Brasil y la Argentina, terminarían abriendo totalmente sus mercados para los productos industriales europeos y luego para los norteamericanos, chinos y japoneses, darían concesiones asimétricas por ejemplo en compras gubernamentales y a cambio recibirían concesiones irrisorias en materia agrícola. Incluso las mayores concesiones serían irrisorias si a cambio se pierden las posibilidades de industrialización. Los acuerdos de libre comercio tan defendidos por los grandes medios, académicos e importadores significarían el fin del Mercosur como instrumento de industrialización y desarrollo.

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