Mientras que la pretensión argentina de obtener una quita del 75 por ciento sobre su deuda defolteada fue y es calificada de “escandalosa” por voceros de los tenedores de bonos y fustigada como un exceso por algunos economistas locales, Estados Unidos ha ido bastante más allá respecto de los 120 mil millones de dólares que (como mínimo) debe Irak: lo que Washington exige es que al país cuyas tropas ocupan le sea perdonado un 90 por ciento del pasivo. El argumento es que sólo así podrá reconstruirse su economía, sin mencionarse en absoluto que, al poseer las segundas reservas mundiales de petróleo en volumen, la nación mesopotámica cuenta con recursos más que suficientes para atender sus compromisos, siempre que se le dé tiempo para volver a poner en pie su capacidad exportadora de crudo. ¿Por qué no promover un trato igualmente benévolo para la Argentina, cuya economía también necesita, para resurgir, librarse del peso agobiante de la deuda? En cambio, el país sufre por parte de sus acreedores privados y del Fondo Monetario Internacional presiones para acentuar su ajuste fiscal con el fin de que genere un superávit primario superior al 3 por ciento del Producto Interno Bruto y pague más de ese modo. Notablemente, en el directorio del FMI se sientan los mismos países que reclaman (EE.UU.) y parecen dispuestos a mostrar (otras potencias industriales) amplia generosidad con los conquistados iraquíes. La moraleja es clara: en estos asuntos no mandan los principios ni las reglas de juego establecidas sino los intereses estratégicos y las relaciones de fuerzas. A la luz de esta realidad, cierta prédica sobre la conducta seria y moral a la que debe atenerse un país deudor, voceada por algunos economistas argentinos críticos con la propuesta oficial, resulta ingenua o simplemente interesada.
El caso iraquí es muy curioso porque, tras la ocupación anglonorteamericana, las potencias invasoras pasan a representar los intereses de un país deudor, cuando lo normal, si no lo permanente, es que asuman la categoría de “dadores” en los organismos multinacionales (Fondo, Banco Mundial y otros) y, por tanto, acreedores. Metidos en la piel de Irak, ahora puede verse con cuán poca timidez y escrúpulos desempeñan el rol de deudores. Una paradoja es que ni la deuda estadounidense ni la británica perderán su calificación de triple A por el hecho de que Washington y Londres, como reales administradores instalados en Bagdad, estén proclamando que sólo pagarán un 10 por ciento de la deuda de la que se han hecho tan cargo como de los palacios presidenciales de Sadam y de los pozos de petróleo. De hecho, no es ningún iraquí quien ha salido de gira para visitar a los acreedores del país sino el ex secretario de Estado y del Tesoro James Baker tercero, como enviado especial de George W. Bush.
¿Cómo se hubiese comportado Estados Unidos de haber asumido, junto con algunos aliados, el manejo gubernamental de la Argentina? Como se recordará, a mediados de 2002, cuando arreciaba la crisis, el luego fallecido Rudiger Dornbusch junto con Ricardo Caballero, economistas ambos del MIT (Massachusetts Institute of Technology) propusieron como solución para el default intervenir áreas administrativas clave del poder en la Argentina (el Ministerio de Economía, el Banco Central y algunas otras), en una sofisticada reedición de la vieja política de las cañoneras. Ahora cabe preguntarse qué quita hubiera exigido a los acreedores un gobierno controlado por Washington o todo el G-7. No puede descartarse que hubiese ido más allá del 75 por ciento planteado por Kirchner-Lavagna-Nielsen.
En el asunto iraquí, la idea subyacente es clara: si Estados Unidos ha hecho el gasto de arrollar militarmente a Irak, con o sin acuerdo de otras potencias menores, éstas tienen ahora que oblar su parte, tanto en contingentes armados como renunciando a sus acreencias. En este sentido,el último éxito cosechado por Baker fue la disposición japonesa a “eliminar la inmensa mayoría de la deuda iraquí, si otros acreedores pertenecientes al Club de París están dispuestos a hacer lo propio...”, según una declaración oficial de la Cancillería nipona. Y no se trata de una cifra insignificante, ya que Irak le debe a Japón 4110 millones de dólares, que con punitorios y otros adicionales sobrepasan los siete mil millones. Pero el premier Junichiro Koizumi prometió renunciar a casi toda esa acreencia, encima de que Tokio ya se comprometió a otorgar a Irak nuevos créditos y garantías por 5000 millones de dólares.
También Alemania y Francia, los dos principales miembros de la Unión Europea y que se opusieron resueltamente a la acción bélica contra Irak, se mostraron prestos a perdonar gran parte de la deuda iraquí, siempre que la Casa Blanca admita que empresas de esos países participen en las obras de reconstrucción. En el mismo sentido se pronunció el gobierno ruso. Como se sabe, EE.UU. excluyó en principio a las compañías de naciones que no apoyaron su estrategia, discriminación fuera de toda norma pero útil como arma de negociación para obtener contrapartidas como esta quita de la deuda.
No obstante, quienes renuncian a cobrar las acreencias son estados, mientras que los negocios de las obras de reconstrucción los harán empresas privadas. Por otro lado, esas acreencias hoy estatales se originaron en operaciones privadas, consistentes en exportaciones de bienes y servicios destinadas a Irak y que contaron en su momento con alguna garantía pública de los países exportadores, como en el caso de las agencias que cubren los riesgos asociados con los créditos de exportación. Cuando, tras su aventura kuwaití, Irak se degradó a país paria y recibió sanciones, dejando también de servir su deuda, las acreencias incobrables de las corporaciones privadas pasaron a manos estatales, y ahora estos gobiernos, una docena de años más tarde, sencillamente renuncian a cobrar. Se trata de una cruda socialización de pérdidas privadas, que por lo visto no ocurre sólo en países como la Argentina sino también en potencias centrales.
El mencionado Club de París reúne actualmente a 19 países industriales. Este grupo informal de acreedores nació en 1956 por pedido precisamente de la Argentina, cuyo régimen militar solicitaba un ámbito para renegociar la deuda nacional. Al día de hoy el país le debe un total de 1750 millones de dólares, mientras que Irak le adeuda unos 40 mil millones, computando intereses, aunque incluyendo también a Rusia, que es el segundo acreedor detrás de Japón. La deuda de capital suma 21.018 millones. Brasil, con el que Sadam dejó compromisos por U$S 192,9 millones, fue invitado por el Club a sumarse a la discusión del caso iraquí, lo que implicaría comportarse como acreedor con un desprendimiento que no muestra nadie con la deuda de los brasileños.
En una reciente nota del New York Times, firmada por Norimitsu Onishi, se señala que “sin mediar una reducción de la deuda, no habrá gobiernos ni compañías de otros países propensos a invertir el monto de dinero necesario para recuperar el sector petrolero iraquí, y el grueso de los ingresos generados por el petróleo se iría en pagar intereses de la deuda”. Es, en términos parecidos, lo que sucedería con la Argentina si no se acordase una drástica quita y no se fijara un tope razonable al superávit fiscal primario. ¿Qué inversor estaría dispuesto a volcar capitales en un país cuyo sector público estuviese forzado a recaudar vorazmente para cumplir con sus acreedores?
Pero, aunque sea formalmente, el Club de París deberá encontrar algún argumento para justificar su extraordinaria dispensa a Irak. Según explicó Luis Lucioni, del CECE, a Página/12, podría apelarse a la figura de la catástrofe, considerando como tal la guerra. Claro que se trata para el caso de una guerra que fue lanzada por algunos de los acreedores. EstadosUnidos pertenece obviamente al Club e Irak le debe 2192 millones; el Reino Unido también (931 millones), y España asimismo (321 millones). Resultaría algo sorprendente e inusual invocar una catástrofe provocada por los propios perdonadeudas. Podría entenderse como una manera de aceptar la corresponsabilidad del acreedor, argumento que la Argentina esgrimió sin hallar nunca tanta comprensión.
En su casi medio siglo de existencia, el Club de París, aun sin tener reglas escritas ni estatutos, se atuvo a ciertos principios y pautas que no le será fácil respetar en relación a Irak y que, puede presumirse, Estados Unidos lo inducirá a violar sin miramientos. Un requisito es que el país deudor implemente una serie de reformas, lo cual, en concreto, significa que debe contar con un programa acordado con el FMI, condición que Irak no satisface.
Otro detalle es que ese país le debe 40 mil millones a los miembros del Club, pero otros 80 mil millones (hay quienes calculan que mucho más) a otros, en particular China y países árabes, que en principio también deberían perdonar el 90 por ciento de sus acreencias, sacrificio al que no parecen inclinados. Pero ocurre que, según se explica en el pormenorizado trabajo de Lucioni para el CECE, el grupo parisino exige que el país deudor beneficiado se comprometa a no negociar términos de consolidación más favorables con un acreedor que los alcanzados en las negociaciones con el Club. Los acreedores a los cuales se refiere este principio son los bancos comerciales, los tenedores de bonos de la deuda soberana y los proveedores. Están excluidos los organismos multilaterales, que, como se sabe, no otorgan quitas.
Todo esto significa que Bush ha emprendido una gigantesca iniciativa para que el mundo tache el 90 por ciento de la deuda iraquí, como condición indispensable para que un futuro autogobierno pueda consolidarse. No es la primera vez que los intereses estratégicos de Washington obran como razón suprema. El tratamiento dispensado por el FMI a Turquía fue un ejemplo, pero nunca se había llegado tan lejos. Esto no significa que la Argentina pueda considerar que lo que vale para el Irak deudor también vale para ella, simplemente porque para EE.UU. este país sudamericano representa estratégicamente mucho menos. Pero el caso sirve para mostrar al desnudo que en lugar de reglas equitativas rige en estos asuntos una absoluta arbitrariedad, y que en este contexto es irrazonable imponerse tremendos sacrificios fiscales como prueba de virtud y seriedad ante los mercados.