Diputados del Parlasur presentaron ayer los lineamentos fundamentales de un protocolo de acción común entre los Estados del Mercosur para erradicar el trabajo infantil en la región, donde más de 14 millones de menores son explotados laboralmente, según el último informe de la OIT del año 2013. Fue en la Legislatura porteña, en el marco del primer Foro para la Erradicación del Trabajo Infantil, que se replicará el mes próximo en Brasil y Paraguay. Si bien destacaron avances en el último lustro –hubo un descenso brusco del flagelo de 4 puntos relativos entre 2004 y 2012, de la mano de las políticas inclusivas de los gobiernos progresistas–, los diputados regionales coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos entre los Estados para avanzar en legislaciones y métodos de control y de difusión de derechos de forma conjunta. “A nivel mundial estamos muy lejos de las cifras alarmantes de Asia y África, y hemos avanzado muchísimo, sobre todo entre 2008 y 2012, en plena crisis financiera mundial, lo que da la pauta de la importancia de un Estado presente que protege e incluye. Pero todavía tenemos muchos chicos que trabajan y es tarea del Parlamento del Mercosur traccionar a los gobiernos para erradicar el flagelo”, expuso el presidente del Parlasur, Jorge Taiana.

El proyecto partió de la iniciativa de las Comisiones de Trabajo y Derechos Humanos del Parlasur, integradas por los parlamentarios argentinos Daniel Filmus, Víctor Santa María y Julia Perié, y apunta a mejorar condiciones laborales de la unidad familiar, promover políticas preventivas de salud e incorporar los derechos de la niñez a las currículas escolares. “Lo que buscamos como padres y madres es que nuestros hijos tengan buena educación y salud, que los chicos estén haciendo deporte y estudiando, no trabajando”, señaló Santa María, quien remarcó los avances durante los últimos años en la erradicación de la problemática: de un 7,8 por ciento en 2004 a un 3,4 por ciento en 2012, según la OIT. “Los números responden a la inclusión laboral, a los programas de vacunación y a la Asignación Universal por Hijo, entre otras políticas públicas”, sostuvo.

“La buena noticia es que el trabajo infantil ha disminuido”, destacó Taiana, aunque lamentó que “no se ha eliminado” y luego dejó una advertencia: “No se puede erradicar la problemática sin un Estado presente, que regula y sanciona. Vemos con preocupación el cambio de paradigma que está afrontando la región, hacia modelos más pasivos y propensos a que la actividad privada regule la sociedad.”

Las exposiciones abundaron sobre la necesidad de la intervención estatal en el área productiva con mayores índices de explotación de menores: el campo. Perié apuntó a “los intereses económicos fuertes que se interponen” a la acción del Estado y las “dificultades en la inspección” de la actividad, y señaló a los sectores yerbatero y tabacaleros del norte del país. Además, expuso sobre el proyecto que trabaja la comisión de Derechos Humanos del Parlasur para la certificación de productos libres de explotación infantil: “Demuestra que el Parlasur está en plena actividad, fundamentalmente en la elaboración de proyectos sobre inclusión social”, remarcó.

Cecilia Britto, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Parlasur, destacó los altos índices de explotación infantil en Misiones. Recalcó que “las normas y convenciones no son del todo suficientes” si el Estado no sienta en la misma mesa “a empresarios, sindicatos y especialistas” para desarrollar políticas de conjunto.

El especialista de la OIT en problemáticas sociales infanto-juveniles Gustavo Ponce pidió “mayores esfuerzos” a los Estados y a los empresarios para erradicar el trabajo infantil, sobre todo a la hora de romper ciertas barreras culturales. “No es casualidad que sea el sector agrícola el que más expone a los menores al trabajo: es el sector más informal de la economía, con trabajo a destajo y en negro, lo que afecta a toda la familia y dispone todo un funcionamiento familiar en el que no es extraño que el niño trabaje”, explicó. “En época de cosecha –describió– los chicos van a trabajar y en la escuela se les pone presente. Es una estrategia de supervivencia, que tiene que ver con la situación laboral y de vida de los padres”. Ponce citó como ejemplo “políticas públicas puestas en marcha por el Estado argentino en los últimos años en Salta, Misiones y Entre Ríos”, donde hubo “una alianza estratégica entre empresarios y el Estado” para brindar alternativas.

La diferencia entre las legislaciones de los diferentes países de la región en cuanto a las edades mínimas en que se acepta como legal el trabajo fue otro de los ejes. Mientras en Argentina y Brasil la edad mínima es de 16 años, otros países como Venezuela y Bolivia tienen establecieron como límite los 14 años. En Paraguay, país que fue resaltado como ejemplo, la ley marca la prohibición de emplear menores de 18 años. “Precisamente el Parlasur debe darse la tarea de tomar los casos más avanzados como el de Paraguay y universalizarlos”, puntualizó Taiana.