Antes de su viaje a Roma donde verá al papa Francisco, el juez federal Sebastián Casanello apuró algunas medidas. Así, ayer dispuso un nuevo procesamiento para el empresario Lázaro Báez, en esta ocasión por la maniobra de ingreso al país de 33 millones de dólares provenientes de Suiza que terminaron en las cuentas de su empresa Austral Construcciones. Báez permanece detenido desde abril con prisión preventiva en el marco de otra investigación por lavado de dinero.

Además del empresario santacruceño, el magistrado decidió procesar en esta causa también a Martín Báez, hijo de Lázaro; al abogado Jorge Chueco, también detenido por otra investigación; al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza; y al apoderado de esa firma, Claudio Bustos. Además, pidió la extradición del titular de Helvetic Group, Marcelo Ramos, que reside en Suiza desde 2006. Casanello dispuso, además, ampliar los embargos que pesan sobre Lázaro y Martín Báez hasta cubrir la suma de 800 millones de pesos por cada uno.

La maniobra descripta por Casanello evaluó que Báez estaba “a la cabeza del esquema funcional” que le permitió blanquear los 33 millones de dólares que salieron de la financiera La Rosadita, llegaron a Suiza, sirvieron para que Helvetic Services Group comprara deuda pública argentina y se reinsertaron en las arcas de Austral Construcciones a través de nueve cheques.

En distintas presentaciones ante Casanello por esta investigación, Báez consignó que se había tratado de un préstamo destinado a afrontar “la licitación para la construcción de las represas” santacruceñas Cepernic y Kirchner.