El ex jefe de Gabinete del gobierno menemista Jorge Rodríguez fue procesado sin prisión preventiva por el juez federal Jorge Urso. Rodríguez fue acusado del delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado” por la impresión de unos libros del ex funcionario Jorge Castro, quien también fue procesado. La misma medida, sin prisión preventiva, recayó sobre otros funcionarios y empresarios privados, y todos sufrieron embargos del orden de los 40 mil pesos. Hace tres años, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) había buscado copias del libro Cinco prioridades nacionales en la Biblioteca Nacional, en los despachos oficiales y en las librerías, pero no encontró ni una sola.
La medida, contenida en una resolución de 39 carillas, se produjo en una causa iniciada en septiembre de 2000 por el ex juez Jose Massoni, por entonces titular de la Oficina Anticorrupción. Según el juez Urso, todos participaron en una maniobra presuntamente irregular destinada a una contratación directa, por razones de urgencia nunca explicadas: se imprimieron 12 mil libros por los cuales se pagaron 34 mil pesos, pero en realidad se confeccionaron sólo 3 mil y se pagaron efectivamente 6150 pesos. Además de Castro, ex secretario de Planeamiento Estratégico del menemismo, fueron procesados el ex subsecretario de Asuntos Institucionales de esa repartición, el periodista Pascual Albanese, el asesor Fernando Longo y los empresarios privados Gerardo Cascón y Walter Eisenegger, de la firma CyM Group.
La denuncia de la OA estaba referida a la impresión del libro que fue financiado con una partida de la Jefatura de Gabinete. La tarea fue encomendada a CyM Group en forma directa por alegadas “razones de urgencia” y “circunstancias imprevistas” que no permitían realizar una licitación. Pero el juez Urso señaló que “en ningún momento se justificó dicha urgencia ni se efectuaron solicitudes de ofertas de casas del ramo”, por lo que entendió que hubo una “maniobra” que culminó “con una disposición patrimonial perjudicial para el erario”. El magistrado sostuvo que “el contrato se celebró con el objeto de beneficiar, en principio, a los representantes de las empresas implicadas”. En la resolución dictada, con la intervención de la secretaria Adriana Scoccia, concluyó que “el modo implementado por los funcionarios intervinientes se alejó de toda normativa de aplicación, incurriéndose en graves irregularidades, en especial relacionadas con el precio pagado y la forma de contratación implementada”. El fallo fue firmado el último día hábil de 2003 pero recién se conoció ayer.
Castro, uno de los mentores ideológicos del menemismo y principal asesor del ex presidente en política internacional, también fue denunciado por irregularidades que se habrían cometido en la organización de dos seminarios realizados en julio y septiembre de 1999. En ese caso, el ex funcionario había obtenido la aprobación de 88.500 pesos para financiar gastos de los seminarios “El futuro económico del hemisferio” y “Propuesta para la búsqueda de consensos en torno al Programa Nacional de Alfabetización Informática”. La intervención de la Sigen evitó que el Estado desembolsara el dinero por la organización de los seminarios, a los que Castro y Rodríguez asistieron en calidad de invitados especiales. Pero no ocurrió lo mismo con la impresión de Cinco prioridades nacionales, cuyas facturas fueron pagadas en el acto.
Por su parte, en noviembre de 1997 Rodríguez había sido denunciado por un grupo de diputados de la oposición que lo acusaron por la privatización de los aeropuertos. Pero en abril de 1998 el entonces juez federal Gabriel Cavallo lo sobreseyó, al acatar el controvertido fallo de la Corte Suprema que respaldó la decisión de privatizar por decreto las 33 estaciones aéreas del país.