EL PAíS › OPINIóN
› Por Agustín Rossi *
El presidente Mauricio Macri dictó recientemente el decreto 721/2016 que modifica las facultades delegadas por el presidente de la Nación, al ministro de Defensa y a los jefes de las Fuerzas Armadas, transfiriendo facultades propias del poder político a las Fuerzas Armadas y consecuentemente, debilitando el control civil sobre los asuntos de la defensa.
A partir del nuevo decreto, que deroga un decreto fundacional dictado por el presidente Raúl Alfonsín (el 426/1984), los jefes de las fuerzas podrán, entre otras cuestiones, disponer cambios de destino del personal militar en su totalidad, efectuar designaciones de personal militar con mayor amplitud y nombrar al personal militar retirado en funciones docentes, todo ello sin supervisión ministerial.
El ejercicio del gobierno civil de la política de defensa ha sido una de las conquistas fundamentales logradas en nuestro país a partir de la recuperación democrática, contexto en el que las autoridades legítimamente electas pudieron rediseñar el sistema de defensa nacional. Se logró en aquellos años un amplio consenso político y social en relación al propio concepto de defensa, a su estricta separación con la seguridad interior, a la plena subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades constitucionales civiles y a la concepción conjunta del instrumento militar.
La norma fundamental de la transformación del sistema de defensa nacional es la ley de Defensa Nacional 23.554 del año 1988. La ley, al definir a la defensa como respuesta ante agresiones militares estatales externas concluyó con la vigencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional y al fortalecer la autoridad de conducción de las Fuerzas Armadas en el presidente de la Nación y del ministro de Defensa inició el rumbo del gobierno civil de la defensa nacional.
A pesar del avance que significó la aprobación de la ley de Defensa Nacional, la misma no fue reglamentada hasta 2006, por lo que algunas de sus normas no se consideraban operativas. Durante ese largo período se desarrolló en el área una modalidad de gestión delegativa de las responsabilidades políticas en las propias Fuerzas Armadas.
El presidente Néstor Kirchner llevó a cabo la reglamentación de la ley de Defensa transcurridos 18 años de su sanción. En el mismo año, dictó el Decreto 1691/2006 que contiene las pautas de organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Estas normas consolidaron el gobierno civil de la defensa nacional mediante el fortalecimiento del rol del Ministerio de Defensa, que tomó la dirección, ejecución y supervisión de las misiones y funciones no sólo de la estructura burocrático-administrativa de la jurisdicción defensa, sino también de aquellas vinculadas a las Fuerzas Armadas
El decreto reglamentario de la ley de Defensa reforzó la postura y actitud estratégica defensiva de nuestro país, en el criterio de que nuestro sistema de defensa debe orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por Fuerzas Armadas de otro Estado, dejando fuera de la órbita del mismo –en sus aspectos doctrinario, de planeamiento y adiestramiento, así como de producción de inteligencia– toda cuestión que haga y/o refiera a la seguridad interior.
También se destacan en estos años: la puesta en marcha del ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, planificado desde la presidencia de la Nación y ejecutado por el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de manera coherente con la política exterior, el respeto a los derechos humanos y el rol constitucional de las Fuerzas Armadas; la aprobación en el año 2008 de la ley 26.394 que derogó el Código de Justicia Militar, eliminando el fuero militar; y la reconstrucción de la industria de la defensa, nacionalizándose empresas emblemáticas como la fábrica de aviones o el Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR).
En definitiva, en los últimos 12 años se ha completado el entramado institucional y normativo de la política de defensa, iniciado con la sanción de la ley de Defensa Nacional, en un proceso de modernización sin precedentes en el que nuestro país ha logrado consolidar el control civil más avanzado de Latinoamérica. Estamos convencidos de que no se debe volver atrás.
* Diputado del Parlasur. Ex ministro de Defensa.
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