Las primeras 24 horas al frente del PAMI para Graciela Ocaña fueron de aproximación a la gestión. Fue un acercamiento mayor al terreno donde de ahora en más deberá moverse. De “meterse en el barro”, como dijo el día en que la designaron. Ayer, junto a su vicedirector ejecutivo, José Granero, aseguró que de ahora en más en el PAMI va a funcionar “un sistema de sanciones” para controlar la prestación, evitar la corrupción y mejorar el servicio. Reiteró su decisión de abrir las licitaciones a los hospitales públicos, como una manera de limitar a las gerenciadoras que, según afirmó, “irán desapareciendo”. “Habrá nuevos actores que van a reemplazar las viejas mafias”, anunciaron ambos directores.
Durante toda la jornada de ayer, Ocaña y Granero mantuvieron una serie interminable de reuniones para que la novel directora tomara contacto con los avatares de la institución. Recién después decidieron atender a la prensa en lo que, como advirtió la arista, será el primero y último contacto, “porque lo que queremos es trabajar y cambiar en serio la obra social”. Sin duda, la nueva gestión pretende, a diferencia de la que condujo Juan González Gaviola, mantener un perfil mucho más bajo y de mayor austeridad. Tan es así que ayer ambos recibieron a los periodistas en una sala apenas adornada con un logo de la institución, una bandera y con vasos plásticos listos para servir agua fría.
Todavía algo insegura, con expresión de recién llegada y mucho más reconcentrada de lo que solía mostrarse en los pasillos del Congreso, donde se movía con mayor comodidad, Ocaña decidió recostarse por estos días en la experiencia de Granero, quien lleva ya seis meses en la institución, pero que al mismo tiempo la conoce por haber estado al frente del PAMI Santa Cruz una larga temporada.
La directora, que llegó al PAMI como tantos otros directores o interventores, con el discurso de terminar con la corrupción en la obra social, se preocupó en marcar al respecto una diferencia con sus antecesores: “Yo tengo un fuerte compromiso en la lucha contra la corrupción. Creo que esa historia personal tiene una valía, no es lo mismo que (Víctor) Alderete diga que combatirá la corrupción a que lo diga yo. Hay una fuerte diferencia. La política ha violado mucho la palabra, por eso creo que es más importante lo que podamos mostrar e ir haciendo a que nos sentemos a realizar discursos. Este es el desafío que tomé”, dijo.
Eso sí, Ocaña se preocupó por destacar una diferencia más con respecto a las anteriores administraciones al asegurar que ella llega a un PAMI que ya no está en emergencia, como fue el que recibieron González Gaviola y Granero. De hecho, el propio subdirector se encargó de remarcar que si bien la intervención abrió muchos frentes de conflicto, lo hicieron porque era necesario para mejorar la prestación. “Hemos logrado algunos éxitos que nos permiten afrontar esta nueva etapa de normalización con más tranquilidad, que no significa menos problemas”, indicó el santacruceño y agregó que los cambios en la obra social “no serán inmediatos”, porque “no se puede cambiar una institución que durante 20 años ha manejado un mecanismo de impunidad y de intereses cruzados en favor de cualquiera menos de los afiliados”.
En ese sentido, Ocaña sostuvo que “la corrupción ha sido funcional a la mala prestación del PAMI, porque fueron las que garantizaron este sistema. Por eso vamos a pelear contra la corrupción pero fundamentalmente vamos a mejorar la prestación”. Y para mejorar el servicio, para la nueva administración es fundamental dar por finalizada la etapa de las gerenciadoras o al menos el sistema que éstas impusieron al poner en práctica “el diseño de un nuevo modelo de prestaciones”. Este incluirá, según anticiparon, reactivar los controles internos –desactivados a partir de la aparición de las gerenciadoras–, habilitar la posibilidad de que en las futuras licitaciones participe el hospital público y a otros sectores que no participaban porque estaban “excluidos por las mafias” que controlaban la institución. “Estos nuevos actores van a reemplazar esos guetos que se habían conformado y romperán las viejas mafias”, sostuvieron a dúo los directores.
Hay un dato más que destacaron los funcionarios y que consideran vital en lo que respecta a la desarticulación de los núcleos de corrupción y que es el respaldo político con que cuentan. “Lo que se hizo con el PAMI, lo que vivieron los argentinos, no se pudo hacer si el poder político no miraba para otro lado. Ahora el poder político tiene otra decisión y es un cambio fundamental de cualquier gestión que se puede llevar adelante”, señaló Granero al tiempo que Ocaña asentía con firmeza.
En cuanto a la normalización del PAMI, Ocaña reconoció que todavía se está trabajando en el proyecto de ley que remitirán al Congreso. Se negó a brindar detalles y sólo adelantó que se reducirá la cantidad de directores y confirmó que serán elegidos directamente y por voto obligatorio, tanto por los jubilados como por los trabajadores de la obra social. Así, la nueva gestión no tiene plazos, aunque deslizaron que podrá extenderse por cinco o seis meses.
Si bien en todo momento los funcionarios se preocuparon en destacar como positiva la gestión llevada adelante por Gaviola, también es cierto que marcaron algunos matices. A diferencia del mendocino, que se quejó del exceso de personal que tiene la institución, tanto Ocaña como Granero dijeron que no les preocupa tanto la cantidad de empleados sino el servicio y la tarea que están prestando. “No son tantos –indicó Granero–, de los 10.800 que existen apenas unos 4500 empleados están a cargo de tareas administrativas”, dijo y Ocaña agregó: “Lo que pretendemos es optimizar el servicio y para ello es necesario realizar un estudio para reorganizar a los empleados que realizan tareas superpuestas o poner en funciones a aquellos que no tienen tarea asignada”. Ambos descartan que vaya a generar inconvenientes con los gremios que intervienen en el PAMI.