Doscientos trabajadores municipales de Avellaneda cortaron ayer el Puente Pueyrredón en repudio a la decisión del intendente, Baldomero “Cacho” Alvarez, de despedir a 1200 empleados de la comuna. Luego de la protesta, el intendente se negó a rever la decisión argumentando que los despedidos son “ñoquis de la gestión de (Oscar) Laborde”. “No trabajaron nunca e ingresaron a la función pública en marzo del 2003, cuando inició su nueva campaña el ex intendente Laborde”, denunció Alvarez. En tanto, el secretario general del gremio municipal, Rubén García, le exigió que “revea la medida” y le demandó que pruebe que se trata de “ñoquis”. “Si hay ñoquis que lo demuestre, porque los trabajadores no queremos ñoquis en la Municipalidad”, dijo García. La polémica, por ahora, no terminó.
La discusión se generó a partir de la supuesta incorporación de varios empleados en la Municipalidad de Avellaneda por la gestión anterior, a cargo del frepasista Oscar Laborde. Según denunció Alvarez, que está enfrentado con su antecesor desde hace años, pocos días antes de dejar el cargo Laborde incluyó en el municipio a una larga nómina de empleados que, supuestamente, no trabajaron nunca. “Esas personas eran ñoquis de la anterior gestión y es preciso decirlo con toda claridad: no trabajaron nunca e ingresaron a la función pública en marzo del 2003, cuando inició su nueva campaña el ex intendente Laborde”, dijo Cacho Alvarez.
Hasta ayer no se conocía la opinión de Laborde. Pero desde el gremio municipal, los representantes de los trabajadores iniciaron un plan de lucha apenas se concretó el despido de los 1200 empleados. “Este sindicato defiende a trabajadores y no defiende ñoquis –aseguró García, del sindicato y principal organizador de las protestas–. Lo más importante es que hoy 4 mil trabajadores se movilizaron y le decimos al intendente Cacho Alvarez que si verdaderamente verificó que hay ñoquis que lo demuestre, porque nosotros los detestamos.” En la protesta sobre el Puente Pueyrredón habían participado los despedidos y empleados en funciones, que ocuparon las dos manos de la calzada y prendieron fuego a cubiertas. Después de varias horas, marcharon hacia el frente del municipio, sobre la avenida Güemes.
Aunque la marcha y el corte de ruta tuvieron una convocatoria bastante respetable, Alvarez intentó restarle importancia a la protesta. Dijo que habían sido protagonizados por “doscientas personas” –cuando el gremialista García había estimado el número en “cuatro mil”– y que entre ellos habían participado “piqueteros contratados por el propio García traídos de otros municipios”. “Acá las puertas del municipio están abiertas y estamos funcionando muy bien”, intentó tranquilizar Alvarez, pero luego insistió en que no reincorporará a nadie. “De ninguna manera vamos a rever la decisión. Sobre la gente que de alguna manera hemos contemplado su situación ya está trabajando, entre ellas algunas enfermeras, ex combatientes o técnicos de hospitales”, agregó.
La pelea por los despedidos tiene el trasfondo de un clima especialmente favorable a la pelea a favor de la transparencia, un clima que parece nuevo para Avellaneda, donde los últimos intendentes –tanto Alvarez como Laborde– fueron acusados de hechos de corrupción o de afrontar gastos excesivos en perjuicio de las arcas municipales. Laborde, por ejemplo, fue acusado por Alvarez de aumentar demasiado el presupuesto municipal (“Ha planteado aumentar en catorce millones de pesos el presupuesto, sin ninguna justificación real”, lo acusó) y de llevar al municipio a una situación de desequilibrio financiero. En el caso de Alvarez, la Alianza en su momento lo acusó de ser el responsable de un perjuicio de 50 millones de pesos contra el erario de Avellaneda. También lo acusaron de enriquecimiento ilícito por tener un patrimonio de 800 mil pesos y un sueldo como intendente que entonces era de 4397 pesos.