Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez deberán declarar ante el juez Sebastián Casanello.

El juez federal Sebastián Casanello convocó ayer a prestar declaración indagatoria a los cuatro hijos de Lázaro Báez –Luciana, Martín, Leandro y Melina–, al propio empresario santacruceño, a su asesor Daniel Pérez Gadín, su abogado Jorge Chueco, y al abogado uruguayo Juan Pedro Damiani. La medida fue anunciada primero por el fiscal Guillermo Marijuán y luego por el mismo magistrado en sendas –y tumultuosas– conferencias de prensa en Comodoro Py. Lo que puso en marcha las indagatorias fue un documento de inteligencia provisto por la justicia de Suiza y en el que consta la existencia de depósitos por 25 millones de dólares en ese país. El informe, que Suiza le hizo llegar a la Unidad de Información Financiera (UIF), no contiene documentación que sirva en un juicio, de manera que el fiscal y el juez tendrán que conseguirla a través de exhortos.

Detenciones

En la tarde de ayer, y a raíz del informe que Suiza le envió a la UIF, se desató una verdadera histeria mediática alrededor de la detención de los hijos de Báez. La propia UIF hizo un pedido en ese sentido, pero el fiscal y el juez fueron mucho más medidos admitiendo que no recibieron de Suiza una serie de documentos con depósitos y transferencias comprobadas, con informes firmados por autoridades de los bancos y jueces suizos. Lo que les hizo llegar la UIF fue un informe de inteligencia que anteriormente no se podía usar judicialmente pero que ahora Suiza permite que se incorpore a las causas como indicio.

Según los trascendidos, en algunas cuentas hay hijos de Lázaro Báez que sólo son beneficiarios. Es decir, que ante el fallecimiento del titular, los fondos quedan para esos hijos. Los beneficiarios de una cuenta no pueden mover fondos, ni depositar ni transferir, por lo cual muchas veces ni siquiera tienen que firmar los formularios de apertura de cuentas. Son como herederos designados. Los titulares, en cambio, sí son responsables de todo lo que entra y lo que sale. En el informe de Suiza no está claro en qué cuentas uno o más hijos de Báez son beneficiarios y en cuáles son titulares. Un dato distintivo entre los hijos es que, según consta en el expediente, Martín fue el que más viajó y el que estuvo en los destinos que concuerdan con las sociedades y las cuentas que se armaron en Uruguay, Panamá, Nevada y, sobre todo, Suiza. “Tenemos que discriminar qué papel jugó cada uno, no sólo en cuanto a las cuentas, sino también respecto de los movimientos de fondos”, explicó Marijuán rodeado de micrófonos.

Lo cierto es que fiscal y juez pararon la pelota, no se ordenó ninguna detención porque no se puede privar de la libertad a nadie sobre la base de un informe de inteligencia y por ahora lo único que existe son llamados a indagatoria para todos los imputados durante la primera quincena de julio. Después de las indagatorias se verá.

En algún momento de su breve exposición, Marijúan deslizó su enojo –compartido por el juez– por la filtración del informe suizo a través de la UIF. A ambos les hubiera gustado trabajar en silencio y conseguir la documentación correspondiente. Ayer se volvió a percibir una alianza firme entre el fiscal y el juez.

Hipótesis

Lo que ayer sostuvieron Marijuán y Casanello es que tienen evidencias para cerrar el círculo del lavado de dinero y el origen de esos 25 millones de dólares.

El esquema sería el siguiente:

- Mediante el uso de facturas falsas, Báez “defraudó al fisco” –según los términos usados por Casanello– y sacó del circuito una cantidad importante de dinero. El magistrado fue categórico en este terreno: “nosotros determinamos que el delito precedente es el fraude fiscal. Puede haber otros delitos, que están investigando otros jueces”. Con esa postura, Casanello volvió a dejar en claro que en su expediente no se investiga ni sobreprecios en las obras, ni relaciones de Báez con la familia Kirchner. “Esto lo están investigando otros juzgados. En nuestro expediente, el delito precedente es el fraude fiscal”, sostuvo.

- El dinero surgido de la evasión de impuestos fue transferido a Suiza a través de la financiera SGI, que no sólo cambiaba cheques a gran cantidad de empresarios –entre ellos Angelo Calcaterra, el primo del Presidente–, sino que prestaba el servicio de transferencia de dinero en negro al exterior. Nunca hubo un movimiento físico de plata. Los depósitos en Suiza se hacían mediante cables y sobre la base de compensaciones entre personas que necesitaban dólares y euros en la Argentina y personas que querían sacar dólares o euros del país. Según consta en la causa, hubo veces que se volcaron tantos euros en el mercado local que el blue del euro estaba más barato que el oficial.

- Los depósitos en Suiza se hacían en cuentas en las que intervenían sociedades creadas principalmente en Panamá y en Uruguay. En el escrito firmado por Casanello figuran la Fundación Kinsky, radicada en Panamá a nombre de Chueco y Pérez Gadín; empresas denominadas Tyndall, World Wide Investment y Teegan, también de Panamá y Uruguay, y 123 sociedades creadas en Nevada. En el centro de la creación de sociedades quedó Juan Pedro Damiani que, según todo lo indica, vive en Montevideo y es quien armaba las compañías a través de Mossack Fonseca, el estudio de los Panamá Papers.

- El dinero llegaba a Suiza y se depositó en bancos como el Safra, Lombard Odier y otros. Un dato curioso es que Suiza le devolvió a Báez los 25 millones de dólares en enero de 2015, según informó el periodista Juan Gasparini desde Ginebra en aquella oportunidad. El motivo es que los suizos sostuvieron que no se aportaron las pruebas suficientes para determinar que el dinero era de origen delictivo.

- El fiscal y el juez dan por probado que, después, el dinero se blanqueaba comprando bonos argentinos en el exterior. Esto se hizo –siempre según la investigación– a través de Helvetic Group, una compañía suiza en la que figura como titular Néstor Marcelo Ramos, un ítalo-argentino cuya detención ya se pidió a Suiza, donde vive. Marijuán y Casanello piensan que Helvetic también es de Báez y que se utilizó como instrumento para blanquear el dinero sacado ilegalmente del país.

- Helvetic Group depositó 208 millones de pesos en las cuentas de Austral Construcciones. Báez argumenta que fue una inversión de esa empresa para afrontar la presentación de todo el grupo en la licitación por las represas de Santa Cruz. Curiosamente, Báez talló en esa licitación asociado a Calcaterra, el primo de Macri, y un grupo chino. Según se dice, esa alianza era “el caballo del comisario”, apoyada por el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López.

- Un periodista le preguntó a Casanello si la ex presidenta Cristina Kirchner figuraba en alguna de las transferencias. El juez reiteró que su nombre no aparece en ninguna cuenta u operación.

- Por último, Marijuán afirma que parte de los 208 millones de pesos traídos a la Argentina, a través del supuesto lavado, se utilizaron para comprar propiedades.

Camino

Hoy por hoy, ninguna de las cuentas de Suiza está certificada. El juez Casanello tendrá que pedir, a través de un exhorto, que la justicia suiza lo provea de documentación que pueda ser utilizada en la causa judicial y que no sea sólo un informe de inteligencia. También habrá exhortos a Panamá, Uruguay y Nevada donde se armaron las sociedades y a Lichtenstein, por donde pasaron parte de los fondos.

En épocas anteriores, la justicia suiza argumentaba que los exhortos estaban mal hechos o que los delitos no eran tales en Suiza. Sobre esa base rechazaban dar información, aunque en verdad siempre defendieron el sacrosanto secreto bancario que, a su vez, el país helvético le garantiza a sus millonarios –y oscuros– clientes. Marijuán y Casanello piensan que esta vez la actitud será distinta porque ambos estuvieron en Suiza y expusieron su investigación ante las autoridades de ese país. Y ya no se habla de evasión fiscal sino de fraude fiscal, algo que puede colar más en la justicia suiza. Según el juez y el fiscal, todo indica que esta vez los helvéticos contestarán los exhortos.

Mientras tanto, Casanello convocó a todos los imputados a prestar declaración indagatoria, les inhibió los bienes –para que no los puedan vender– y ordenó la designación de tres veedores en Austral Construcciones para evitar que se saquen fondos o bienes de la compañía.