España se apresuró a replantear la cuestión de Gibraltar en cuanto se conocieron los resultados: en el Reino Unido, se impuso por estrecho margen el abandono de Europa, pero en el peñón fue abrumadora la predilección por la permanencia. El ministro de Relaciones Exteriores, José García-Margallo, propuso un periodo de transición de soberanía compartida, en tránsito hacia la restitución plena del territorio que el imperio británico ocupa desde hace tres siglos. Del mismo modo, Escocia e Irlanda plantearon sus propios plebiscitos para permanecer en Europa y separarse del Reino cada vez más Desunido de la Gran Bretaña. También allí las respectivas sociedades votaron por la continuidad en Europa, por márgenes más amplios a los obtenidos por Brexit en Inglaterra. El gobierno argentino no parece darse por enterado de las implicancias de lo sucedido, que se irán haciendo más perceptibles con el paso de los días. Entre otras, una profunda fractura generacional (3 de cada 4 jóvenes votaron por la permanencia) que permite predecir duras expresiones callejeras contra la decisión que fue más popular entre las personas maduras y las de la tercera edad. Un día antes de que los británicos votaran, Susana Malcorra exhortó a su gobierno en las Naciones Unidas a reanudar las negociaciones, en busca de “una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía” sobre las islas. Esa letanía rutinaria no fue seguida por ninguna declaración que vinculara el caso de las Malvinas con el debilitamiento británico producido por la victoria de las posiciones que responden a los traumas de la globalización con posiciones aislacionistas. Por el contrario, de regreso dijo que nada cambia y sólo pidió prudencia. En las islas Malvinas, donde a diferencia de Gibraltar no hubo mesas de votación, el plebiscito se siguió con ansiedad y todos los pronunciamientos que se conocieron fueron a favor del status quo vigente. Tampoco hubo alguna evaluación oficial sobre cómo afectará el Brexit a la economía argentina y sólo analistas privados se mostraron atentos a algunos aspectos de la cuestión. El comercio podría resentirse pero es poco significativo ya que hoy Gran Bretaña es un socio muy menor (poco más del 1 por ciento del total argentino, tanto de importaciones como de exportaciones). Si las inversiones no vinieron antes, será más difícil que arranquen ahora. Pero ni el sector público ni el privado dieron muestras de advertir el impacto que la novedad tendrá para un rubro más importante en las relaciones bilaterales que el comercio y las inversiones: la fuga de capitales que se refugian en territorios y posesiones de la corona inglesa. Las estimaciones extraoficiales fijan su stock en 400.000 millones de dólares, una porción sustancial están cubiertos por la Union Jack.

Los escondites

El principal argumento a favor del blanqueo y las expectativas sobre un resultado más sustancial que en los anteriores, es la creciente dificultad para esconder dinero ilegal en el mundo, debido a los acuerdos de intercambio informativo propiciados por el G20. El Brexit eliminará los contrapesos que la pertenencia a la Unión Europea planteaba al “abrumador poder del lobby financiero en Gran Bretaña”, según el mensaje con que la ONG global Tax Justice Network (TJN) apoyó el voto por el Bremain, la permanencia en la Unión. Al describir la “maldición financiera” y sus grandes riesgos políticos y económicos, la organización afirma que sin el marco colaborativo internacional europeo, Inglaterra emprenderá una viciosa carrera hacia el último escalón en materia de secreto impositivo y regulación financiera, en un proceso lucrativo para los fondos de inversión y los contadores pero dañino para el resto, en las islas, en Europa y en todo el mundo. Tax Justice Network prevé nuevas guerras regulatorias y fiscales entre países, que “siempre debilitan la democracia y la justicia económica” e incrementan las desigualdades políticas y económicas. Las reducciones de impuestos que se justificarán por esa competencia erosionarán más aún la base impositiva y dañarán los servicios públicos. Como se sabe, la ley argentina de blanqueo incluye también una reducción de los impuestos directos que aliviarán la ya insignificante carga sobre las grandes fortunas. De acuerdo con las alícuotas resultantes y las declaraciones juradas del presidente, el columnista David Cufré calculó aquí que Maurizio Macrì pagaría casi un millón y medio de pesos menos por año en su liquidación del impuesto a los bienes personales. El proyecto oficial contemplaba su eliminación lisa y llana, pero el voto hipócrita de los bloques opoficialistas obligó a maquillarlo como una mera reducción. En la misma dirección que Tax Justice Network se pronunció el autor del revelador libro de investigación “Las Islas del Tesoro”, Nicholas Shaxson: “Brexit impulsaría a Gran Bretaña mucho más allá de lo que ya está en el camino de ser una guarida extraterritorial, y revitalizaría al ya predominante lobby offshore. En Inglaterra esto haría a unas pocas personas mucho más ricas y a mucha gente más pobre, y en el resto del mundo volvería a mucha gente más pobre”. En síntesis, malas noticias para la Argentina pero muy buenas para su gobierno de los CEOS.

El desempeño de la Unión Europea respecto de las guaridas fiscales no ha sido perfecto, e incluye entre sus miembros a grandes centros de refugio de la ilegalidad fiscal, como Luxemburgo. Sin embargo, ha hecho avances significativos para reducir el secretismo y compartir información con otros países, como la introducción de los registros de beneficiarios finales de las empresas y cuentas bancarias registradas allí. Según TJN esos registros contribuyen a controlar los peores abusos impositivos de las empresas multinacionales y a prevenir las múltiples formas de delito y corrupción revelados en los Panamá Papers. Una de las personalidades más prominentes descubiertas en ese paquete informativo filtrado a un diario alemán y analizado por el Consorcio de Periodismo de Investigación fue el actual jefe de Estado argentino.

“Honestamente”

Macrì declaró respecto de su cuenta en Bahamas que “la verdad es que ni me di cuenta, honestamente”. Más allá de su autoproclamada honestidad, cuando alguien no repara dónde guarda 18 millones de pesos se consolida la sospecha de que su fortuna supera con holgura los 140 millones de pesos declarados, sobre todo cuando hasta hace pocos años las empresas familiares figuraban en los primeros puestos del ranking de la riqueza argentina. Una constante de este primer semestre ha sido el dictado de medidas que benefician no sólo al sector social del que provienen el Poder Ejecutivo y la mayoría de sus ministros, sino también a las corporaciones en las que trabajaron y en varios casos a los propios funcionarios. Para negociar con los fondos buitre y con Thomas Griesa, Macrì envió primero a Carlos Melconian, quien había comprado títulos en default y litigado por su cobro ante ese mismo juez, y luego a los ex operadores de monedas del JP Morgan Alfonso de Prat-Gay y Luis Caputo. La devaluación dispuesta entre otros por el secretario de coordinación interministerial Mario Quintana, quien había comprado dólares a futuro e hizo así una buena diferencia, también aprovechó al jefe de asesores presidenciales José Torello, a la empresa de la familia presidencial Socma-Chery, al amigo presidencial Nicolás Caputo, al comprensivo diario La Nación y al vengativo Grupo Clarín. Nada se compara, sin embargo, con la gran jugada de Macrì como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que descubrió la ex ministra de Derechos Humanos Gabriela Cerruti: el 15 de septiembre de 2011, Macrì compró el edificio Alpargatas en Barracas, y al día siguiente envió un proyecto a la Legislatura creando el Distrito de las Artes y eximiendo de impuestos a su negocio personal de construir allí 65.000 metros cuadrados de lofts suntuarios. Con la misma presunta ingenuidad que aplica a su situación personal, Macrì también defendió al ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien fue presidente de la petrolera Shell en la Argentina y posee acciones de la casa matriz holandesa: “Lo que él tiene es lo que le pagaron producto de su retiro. Me parece que frente a un tipo de la honestidad y la capacidad de Aranguren, los ataques que ha recibido no son justos”. Ni siquiera la Oficina Anti (Descubrimiento de la) Corrupción se animó a tanto. Para su titular, Laura Alonso, el caso es complejo y está siendo objeto de un estudio exhaustivo.

El presidente también se presentó como “el político que más transparencia ha tenido sobre su situación personal, siempre he declarado todo”. Tampoco se sintió obligado a explicar cómo pudo poner el Banco Central bajo la conducción de Federico Sturzenegger, quien hasta el día de hoy está procesado por su intervención en el megacanje de hace quince años. Estas actitudes revelan un grado de audacia que contribuye a entender el estado de parálisis que aqueja a la oposición ante su carrera arrolladora. Luego de una victoria electoral en segunda vuelta, por un margen muy ajustado de votos, y en notoria minoría en las dos cámaras del Congreso, Macrì ha puesto el país patas para arriba en apenas seis meses, con un decisionismo que sorprende incluso a sus aliados radicales. El endeudamiento externo contraído entre la Nación y las provincias por más de 30.000 millones de dólares tendrá consecuencias desastrosas en el futuro, pero por el momento ha permitido financiar en un trimestre la fuga de 4.000 millones que el Banco Central contabiliza como formación de activos externos, suprimir cualquier restricción al ingreso y egreso de divisas, transferir utilidades de empresas trasnacionales a sus sedes y proporcionar atractivos negocios financieros con el clásico subibaja del tipo de cambio y la tasa de interés. Macrì también desmanteló los organismos de control del mercado accionario, donde se hizo cargo uno de sus alter ego, y del lavado de dinero, cuya Unidad de Información Financiera quedó en manos de dos especialistas que hasta ese momento habían trabajado del otro lado del mostrador. La reforma impositiva transfirió miles de millones de dólares de muchas a pocas manos, ya que dentro de un esquema ortodoxo en el que el déficit fiscal y su monetización son considerados como la causa única de la inflación, la merma de lo detraído al comercio exterior de cereales debe compensarse con la reducción en otros rubros, como la planta de trabajadores estatales y los subsidios al transporte y a las distintas formas de energía, que benefician a los más vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas. Puesto en términos más simples, sin retenciones a la exportación de materias primas alimenticias, sus precios internos crecen, lo mismo que el combustible y la electricidad cuando se les quitan subsidios. Esta inflación, que el ministro de Hacienda y Finanzas De Prat-Gay terminó por reconocer que llega al 42 por ciento anualizado, más que el doble de su vaticinio inicial, es otro mecanismo de transferencia de ingresos hacia el sector patronal, cuyos costos se achican por la doble vía de los despidos y el abaratamiento relativo. Ese sombrío sendero de la búsqueda de competitividad a expensas de los salarios de los trabajadores va en sentido opuesto al que siguieron los países que lograron desarrollar sus economías. Y al destruir el mercado interno dependerá cada vez más de las exportaciones primarias, lo cual a su vez destrozará el tejido social.

La Corte de la regresión

Frente a las protestas inevitables que estas políticas generan y que el gobierno nacional enfrenta a palos, con gases lacrimógenos y balas de goma, como padecieron el jueves los trabajadores de la fábrica metalúrgica RB en San Isidro, la Corte Suprema de Justicia le hizo un gran regalo con el fallo Orellano, que circunscribió el derecho de acciones gremiales a los sindicatos reconocidos por el Estado, ya sea con personería o con inscripción. La semana pasada el Senado dio el acuerdo para la designación en ese tribunal de los dos jueces propuestos por Macrì, cuyas posiciones sobre estos temas motivaron las impugnaciones que recibieron, tanto ante el ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuanto en el Senado. Al objetar tanto a Horacio Rosatti cuanto a Carlos Rosenkrantz, el CELS cuestionó “sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”. En sus trabajos académicos, Rosatti sostuvo, igual que la Corte presidida por Ricardo Lorenzetti, que el derecho de huelga es una atribución exclusiva de los sindicatos formalmente constituidos, para supuestos de un conflicto laboral concreto y reivindicativo o desconocimiento de un derecho laboral previamente reconocido. En el Tomo I de su Tratado de Derecho Constitucional de 2010, Rosatti considera “constitucionalmente discutibles” las llamadas huelgas “por solidaridad” y las huelgas “políticas o sociales”. Por su parte, Rosenkrantz cuestiona la constitucionalización de los derechos económicos y sociales, como salud, vivienda y educación. A su juicio no son exigibles ante los tribunales porque los jueces no tienen equipamiento institucional ni están preparados para decidir este tipo de casos. Pero tampoco admite para defender esos derechos el ejercicio de la protesta si incluye un corte de calle o ruta. En su artículo “La pobreza, la ley y la Constitución” sostiene que “piquetear una ruta o autopista es un delito”. Además considera que este tipo de protesta no está protegida por la libertad de expresión. Rosenkrantz entiende que “la pobreza no es relevante y no puede ser usada como una razón para explicar y justificar la violación de los derechos consecuencia de la regulación del derecho privado”. A su juicio “la posibilidad de que los tribunales realicen decisiones que determinen grandes transferencias de riqueza terminará socavando el poder de los tribunales”. Sumada esta posición a las de Rosatti y Lorenzetti, el poder administrador quedaría libre de interferencias jurídicas para sus decisiones sobre transferencias de riqueza, como las que han tenido estridente principio de aplicación en lo que va de este año.

Palo y zanahoria

La perspectiva de que esos pliegos obtuvieran los dos tercios de los votos del Senado distaba de ser evidente cuando Macrì los envío, en diciembre. Seis meses después a nadie le llamó la atención que esa mayoría especial fuera incluso superada con comodidad. Antes de eso se aprobó el acuerdo para pagarle a los fondos buitre y comenzar el tercer ciclo del endeudamiento externo, cosa que tampoco podía darse por descontada. Los artífices de ese milagro político fueron el ministro de Obras Publicas, Rogelio Frigerio (n) y el presidente del bloque oficialista de senadores de la oposición, Miguel Angel Pichetto. Cada uno desde un lado de la mesa, comprometieron a los gobernadores de todos los partidos, con el argumento de que sin esa ley ni el gobierno podría continuar con las transferencias de recursos para obras públicas ni ellos estarían en condiciones de emitir deuda propia. Las emisiones de varias provincias ya superan los 8.000 millones de dólares pero los atrasos de la Nación sólo se han cancelado en pequeña medida, porque es un pecado usar sólo una vez esa zanahoria tan tentadora. El Poder Ejecutivo volvió a agitarla delante de los gobernadores para conseguir la aprobación de la ley de blanqueo, que incluye un capítulo sobre la restitución gradual del 15 por ciento de la coparticipación federal que se detrajo a las provincias cuando se privatizó el sistema previsional. Esa ley ómnibus también sienta las bases para la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y para una nueva privatización del régimen jubilatorio. Pero además, la Alianza Cambiemos blandió el palo de la persecución penal contra funcionarios del gobierno anterior, luego de un dilatado debate en el que terminó por imponerse el aliado radical, con Elisa Carrió y Ernesto Sanz a la cabeza, quienes se ilusionan con un desvanecimiento del justicialismo similar al que padecieron ellos luego de la crisis de fin de siglo. Quienes pensaban que la detención ilegal de Milagro Sala no les concernía deberían volver a pensarlo, ahora que la acusación se extendió también al ex gobernador y jefe justicialista de Jujuy Eduardo Fellner.

El gobierno contó en el momento más oportuno con el extraordinario episodio del convento de General Rodríguez y sus bóvedas disimuladas debajo del altar, el torneo de lanzamiento de bolsos sobre la tapia que ganó el ex secretario de obras públicas José López y las exquisitas disquisiciones semánticas del obispo Agustín Radrizzani sobre las bóvedas que usan los delincuentes y las criptas bendecidas por la Santa Madre, aunque la Real Academia Española opine que cripta es la tercera acepción de bóveda. Capturado con las manos en la masa, López no tiene escapatoria y también está recibiendo ofrecimientos para declararse arrepentido e incriminar a CFK, cuya floja respuesta no la convierte en responsable de ningún delito.

Ni el nuevo procesamiento del recaudador de la campaña del Frente para la Victoria en 2007, Héctor Capaccioli, ni la detención en Brasil del instigador del triple crimen de General Rodríguez, Ibar Pérez Corradi, comprometen a la ex presidente, a su vicepresidente Julio Cleto Cobos ni al ex jefe de gabinete Alberto Fernández, el responsable directo de Capaccioli. Por eso, Carrió y su correligionaria Margarita Stolbizer presentaron nuevas denuncias contra CFK, esta vez como jefa de una asociación ilícita, la figura a la que se recurre cuando no hay pruebas sobre la comisión de un delito. El Código Penal la incluyó en 1921, dos años después de la huelga de Vasena y su sangrienta represión en la Semana Trágica de 1919, como instrumento para criminalizar la mera pertenencia a un sindicato con prisión de un mes a cinco años, y sus penas se incrementaron en 1974 de 3 a 10 años para aplicarse a los militantes políticos. Para los jefes, la mínima es desde entonces de 5 años. Esto da lugar al absurdo, señalado desde entonces por diversos penalistas, de que concertarse para hurtar carteras en el subte o postrecitos en un súper (artículo 162 del Código Penal, pena mínima de un mes) pueda ser reprimido con la máxima de 10 años de prisión del artículo 210. Las constantes denuncias por presuntos fraudes contra la administración pública constituyen una de las formas más eficaces de disciplinar a jueces y legisladores, sobre quienes han vuelto a operar como en décadas pasadas los servicios de Inteligencia. Dos abogados de ese origen convencieron a Lázaro Báez de apuntar contra la ex presidente. Por el momento le salió el culo por la tiranta, según la transliteración que inventó Paco Urondo: no tiene forma de probar el encuentro en Olivos que tanto Cristina como el juez Sebastián Casanello y el presunto testigo Wado de Pedro niegan haber sostenido, pero ahora no sólo él está detenido, sino que a corto plazo podrán acompañarlo sus cuatro hijos, a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, quien encontró cuentas a nombre de ellos en Suiza. Si estuviera vigente el nuevo régimen del arrepentido, de dudosa constitucionalidad, que los diputados también votaron esta semana, incluso se expondría a una pena de 4 a 10 años por suministrar datos falsos. La demolición del anterior gobierno avanza sin obstáculos, para satisfacción del actual. Hasta ahora nadie se pregunta si en algún momento esa maquinaria no se volverá también contra su instigador y contra el sistema político en su conjunto, como ya ocurrió en Brasil. Tiempo al tiempo.