“Kioskos - Ley Seca - Defienda sus derechos”, decía el pequeño aviso aparecido el domingo pasado en un matutino. Silvia Martínez lo cortó, lo guardó en un cajón y siguió vendiendo cigarrillos, golosinas y gaseosas. El anuncio continuaba ofreciendo los servicios del estudio jurídico Appiani-Olivera para que los kiosqueros puedan seguir librando su batalla contra la norma impulsada por el jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra y aprobada por la Legislatura antes de Navidad, que sólo les permite vender bebidas alcohólicas entre las 8 y las 23, y con la específica habilitación para hacerlo. Sin embargo, los Martínez cambiaron de opinión cuando averiguaron que el estudio pertenece al abogado y represor Jorge Olivera, el ex mayor que estuvo preso en Italia por su participación en el secuestro de la joven francesa Marie Anne Erize y que logró su libertad tras falsificar un documento público.
En un kiosco de Belgrano, la labradora Samira bostezaba acalorada en medio de su siesta y obstruía el paso a los clientes. En ese momento, Silvia se acordó de pedirle a su hija Mariana que se ocupara del asunto legal que pensaba emprender, alentada por un colega que aseguró haber obtenido un fallo que le permitió ignorar la cuestionada ley. La decisión la tomó junto a su esposo, que la ayuda a atender el local, cuando sacaron la cuenta de las pérdidas que les había significado la veda desde su implementación. Silvia se quejó porque cree que la medida no es efectiva. “Algunos tapan la parte de la heladera que tiene alcohol y lo venden en bolsas no traslúcidas”, le comentó a Mariana. Y también porque “los pibes se la están ingeniando para comprar en otras partes, se proveen bien y después toman en la plaza, poniendo las botellas en una heladerita playera”. La hija le retrucó con argumentos similares a los que desplegó el gobierno porteño, que centró su campaña en el peligro que implica el consumo de alcohol por parte de los conductores, con la frase “no pierdas el sentido: si tomaste no manejes”. Y agregó algo sobre la “mala imagen de los chicos tirados en las veredas tomando del pico”. Pero aceptó tratar de ayudar a sus padres.
El estudio está en la inmejorable ubicación de la calle Tucumán, frente al Palacio de Tribunales, en un edificio antiguo y modesto. Mariana fue recibida por alguien que dice ser socio de Appiani y Olivera. Un tapiz de telar y las paredes claras contrastan con la pintura celeste de los dos despachos centrales. Mientras esperaba, la joven observó un cuadro colgado en el pasillo del “Crucero General Belgrano”. Pero le llamaron la atención sendos diplomas, fechados en junio del año pasado, en los que el Ejército Argentino reconoce a Olivera y Appiani sus aportes a un seminario en materia de justicia internacional.
El abogado le explicó que tenían que hacer un desembolso económico inicial, le indicó qué documentación debían presentar y se mostró optimista con respecto al éxito que podrían obtener en la Justicia. Según su punto de vista, la ley es claramente inconstitucional en principio porque obstruye el “derecho a trabajar”. Y también apuntó que es discriminatoria. “Dependerá de qué juzgado nos toque, pero además tenemos varias instancias para pelear el caso”, la alentó. También le aclaró que los honorarios que les cobrarían tenían que ver con el nivel de ventas del local, y que si ganaban el primer juicio podían iniciar otro por daños y perjuicios. A Mariana los argumentos le sonaron lógicos, y se despidió comentando que intentaría convencer a sus papás de contratarlos para presentar el amparo. Sin embargo, los nombres de los titulares del estudio le hacían ruido en la cabeza. En algún lado los había leído.
Tras una búsqueda en la web se sacó las dudas. Olivera fue abogado de Carlos “Pajarito” Suárez Mason. En agosto de 2000 se convirtió en el primer militar arrestado en el exterior, sin contar a Adolfo Scilingo, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Su detención, concretada en Roma, fue pedida por la Justicia francesa por el secuestrode Marie Anne Erize Tisseau, ocurrido en octubre de 1976 en San Juan. Logró salir de la cárcel presentando un certificado de fallecimiento de Erize que, en realidad, era la constancia de un trámite iniciado en el Registro Civil porteño, que fue adulterado con sellos falsos. La Corte Suprema de Casación de Italia impugnó la utilización de ese documento, pero Olivera ya había regresado a Buenos Aires. Según la revista Trespuntos, su liberación tendría relación con los contactos de la logia P2. Una nota de Il Manifesto lo calificó como “uno de los carniceros responsable de 30 mil desapariciones”, integrante del Operativo Independencia, para más datos. En democracia, el ex mayor participó en los levantamientos carapintadas y fue apoderado del Modin de Aldo Rico.
A fines de diciembre, los kioscos y maxikioscos se transformaron en blanco de los inspectores porteños. El primer día de vigencia de la ley controlaron 90 locales y encontraron 16 en infracción. Desde el Gobierno de la Ciudad explicaron a Página/12 que “hasta ahora la Justicia en lo contencioso administrativo y la contravencional rechazó todos los amparos, por lo tanto no hay ningún comercio en toda la Capital habilitado para vender bebidas alcohólicas”. Y aclararon que el comerciante de Cramer y La Pampa, que dice haber obtenido un fallo a favor, en realidad logró que una jueza haga lugar a la medida cautelar, a condición de que presentara el certificado original de habilitación. Y según los voceros de Ibarra esto aún no ocurrió. Los Martínez decidieron intentarlo, pero con otros abogados.