La noche del 19 de diciembre de 2001, Ramón Arapí estaba en la puerta de su casa tomando tereré con unos amigos. Hacía muchísimo calor y la pantalla del televisor traía hasta su humilde barrio de Corrientes las imágenes de los saqueos en las calles de Buenos Aires, prólogo de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. A las 3 de la mañana, entre la oscuridad de la madrugada, apareció una camioneta Ford F-100 con cinco policías que se bajaron y corrieron a los jóvenes. Uno de ellos alcanzó a Ramón, lo golpeó y le pegó un tiro en el pecho. Desde aquel día, su asesinato forma parte de la lista de 37 muertos que dejaron las salvajes balas de la represión de diciembre. Desde hace dos semanas se suma también a los casos que aún siguen impunes. A pesar de la gran cantidad de pruebas y testimonios de testigos directos, la jueza que lleva el caso dejó libre al agente Juan Ramón Vallejos, único detenido de la causa.
“La jueza hizo lo imposible para que no se esclarezca su muerte”, asegura la hermana de Ramón entre la bronca y la tristeza que le produce la noticia de que el policía Vallejos fue dejado en libertad la noche anterior a la última Navidad. “Falta de mérito” fue la explicación que dio la jueza Graciela Ferreira en una resolución que aún no pudo ver la querella porque fue notificada el mismo día que comenzó la feria judicial.
Después de meses de desvíos, recién en marzo del 2002 la investigación se orientó hacia los cinco efectivos de la comisaría 13ª de Corrientes que se trasladaban en la F-100. El día de los saqueos, el gobierno provincial había dispuesto un operativo de emergencia a cargo del entonces ministro de Gobierno y Justicia, Pedro Cassani; el subsecretario de Seguridad, Manuel Aguirre; y el jefe de la policía correntina, el comisario general Mario Fleitas. Con aquella orden partió la camioneta.
Los testimonios de los vecinos, testigos directos de todo lo ocurrido, identificaron claramente al móvil bordó como el número 304 que recorría diariamente el barrio. Todos ellos describieron a la Comisión Policial que irrumpió la noche del 19 como integrada por cinco efectivos, reconocidos luego como el agente Juan Ramón Vallejos, el cabo Alberto Alfonzo, el sargento Ramón Leiva, el subcomisario René Piriz y el chofer Esteban Blanco. Además, el libro de guardias de la comisaría 13ª se encuentra groseramente truchado: la inscripción original del horario en que llegó la camioneta decía “3.10” y sobre el 3 se dibujó un 2. Incluso uno de los testigos reconoció sin dudar al autor material del disparo.
Esta acumulación de pruebas, todas aportadas por los familiares y la Comisión de Derechos Humanos provincial, incriminan claramente a todos los integrantes de la Comisión Policial y a Vallejos como sospechoso de haber asesinado a Ramón. Luego de algunos meses detenido sin procesamiento, el agente fue puesto en libertad. La resolución de la jueza se basó en un informe médico que a partir de las fotos de la autopsia estableció que la muerte se produjo por una bala de 9 milímetros, aunque otras cuatro pericias anteriores habían determinado que no podía precisarse el calibre. Las armas de los cinco policías fueron secuestradas cinco meses después del asesinato de Ramón, ante la insistencia de la querella. Ese informe dice que Vallejos habría portado esa noche una 11.25.

Informe: Martina Noailles.