El ministro de Economía Jorge Remes Lenicov vivió ayer su propio corralito entre los pasillos y salones señoriales de la Corte Suprema. Al finalizar la audiencia de conciliación entre la provincia de San Luis y el Estado –que había convocado el tribunal– lo sorprendió un grupo de 50 ahorristas y acreedores hipotecarios con pancartas y cacerolas. “Se va a acabar, se va a acabar, esa costumbre de robar”, le cantaron. “Chorros, chorros, devuelvan los ahorros”, acusaron a los funcionarios de Gobierno presentes. En sí mismo, el encuentro de partes en que los puntanos reclamaron 247 millones de dólares atrapados en el Banco Nación, fue un fracaso total. El abogado de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, dedicó más de media hora a cuestionar la política económica nacional. Más sintéticos, Remes y el procurador del Tesoro Rubén Citara le reprocharon que desconoce las bases de su planteo. Habrá otro debate en una semana.
Los gritos de los ahorristas retumbaban ayer al medio día en el enorme hall de mármol brillante del cuarto piso del Palacio de Justicia. “Ladrones”, repetían irritados en la puerta de la sala de audiencias. “Justicia, justicia”, le imploraban al titular de Economía. Remes se escurrió cabizbajo por un corredor y se metió en el despacho del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno. En el ínterin circularon todo tipo de versiones sobre su paradero. La protesta se extendió a la planta baja y llegó a la calle. El ministro estuvo, al parecer, cerca de dos horas encerrado hasta que decidió salir por una puertita de la parte trasera del edificio sobre la calle Uruguay.
Voceros de Economía minimizaron los sucesos. “Ni se pareció a un escrache. Fue un escandalete de acreedores. Remes no fue agredido y como tenía previsto fue a tomar café con Nazareno”, dieron su versión.
La audiencia había sido convocada por la Corte en plan de esquivar –en un momento en que decidieron disminuir las agresiones hacia el Poder Ejecutivo– un nuevo pronunciamiento sobre el corralito. La provincia de San Luis se había presentado exigiendo 247 millones de dólares que le quedaron capturados en el sistema financiero. Economía se opone a que el dinero sea devuelto en la moneda original. “Está todo disponible, pero pesificado a 1,40 como para cualquier ahorrista”, señalan en la cartera.
A las 11.10 de la mañana seis ministros de la Corte ya se habían apoltronado, cada uno en su silla, sobre el estrado del recinto. Además de Nazareno, fueron Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano y Augusto Belluscio. Faltaron Enrique Petracchi y Gustavo Bossert, que no intervienen en causas sobre el corralito, y Carlos Fayt. Afuera llovía. Puertas adentro, comenzaba un nuevo dolor para Remes.
De frente a los supremos, en el sector de butacas cercano a la venta, a la derecha, se ubicaron los puntanos: la gobernadora Alicia Lemme, su abogado Alberto Rodríguez Saá –hermano del breve presidente Adolfo Rodríguez Saá–, el fiscal de la provincia y varios colaboradores. Del otro lado, en los asientos más cercanos a la puerta estaban el ministro de Economía, el procurador Citara, el titular del BCRA Mario Blejer y el presidente del Banco Nación Enrique Olivera, entre otros.
El primero en hablar fue el ex senador Rodríguez Saá. Lo hizo desde donde estaba sentado. Se acomodó los pantalones y comenzó a enumerar críticas: que el corralito le parece “el más escandaloso fraude de la historia argentina”, que hay un “despojo” de los ahorros provinciales y una operatoria consistente en “capturar el dinero, desatar la inflación, y estatizar la deuda de los particulares”.
–Estoy en completo desacuerdo –replicó Remes, a su turno, y cedió inmediatamente la palabra al procurador, su representante legal.
Citara, furioso, tomó la posta y dijo que el Gobierno no conoce detalles de la demanda. Por ende, sostuvo, no puede “acordar a ciegas”. Pidió una nueva audiencia “que no sea utilizada como balcón político” y una desgrabación de los dichos del letrado de San Luis, que calificó como “imputaciones falsas” que podrían –advirtió– motivar acciones judicialesdel Estado. En este clima tenso, Nazareno propuso un cuarto intermedio para que ambos bandos intentaran una acuerdo, pero nadie aceptó.
“Nosotros estamos dispuestos a acceder a un programa de devolución pero sin consentir esta estafa. Reclamamos los dólares que depositamos, que corresponden a diez años de presupuesto con superávit. Proponemos la devolución en cuotas, a lo largo de unos 18 meses”, explicó Rodríguez Saá a Página/12. En el Gobierno, por ahora, no quieren ceder.
“Y que digan que no conocen la demanda es una infantilada”, espetaba el puntano, después de la audiencia, mientras Remes Lenicov, por su lado, intentaba escapar del cerco de ahorristas.