Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Con licencia laboral hasta que se aclare su situación, el concejal del Partido Nuevo Armando Fernández cobraba el plan Jefas y Jefes de Hogar cuando a su hogar ingresaba un salario de 1600 pesos que, según declaraciones del propio edil, aportaba su mujer. Aunque todavía no se pudo corroborar si también recibió el subsidio después de asumir su cargo, el 10 de diciembre, la situación ha trastrocado toda la administración de Luis Juez.
Hoy las autoridades del Banco de Córdoba informarán si el concejal Armando Fernández cobró también el mes de diciembre del Plan Jefas y Jefes de Hogar, cuando ya había jurado en su cargo en el cuerpo legislativo de la ciudad. De ser así, Luis Juez, su jefe político, prometió dejarlo sin trabajo en 5 minutos, poniendo fin a su brevísima pero tumultuosa carrera política.
En la delegación Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación figura como liquidado el mes de enero, y hasta el momento no recibieron ninguna notificación o pedido de renuncia del concejal, que debe ser hecha en forma personal, o a través del Consejo Consultivo vía municipalidad, que es el organismo encargado de verificar quiénes están en condiciones de recibir el subsidio nacional.
Pero si se confirma que Fernández no cobró el Plan Jefas y Jefes al tiempo de ejercer su trabajo en el Concejo Deliberante, la situación no deja de ser bochornosa para un gobierno que prometió “honestidad y transparencia”. Porque más allá de la inadmisible simultaneidad trabajo-subsidio, es igualmente grave que un funcionario público cobre un plan destinado a personas que no tienen ninguna otra posibilidad de subsistencia. Este diario intentó hablar con Fernández para que diera su versión del caso, pero fue imposible localizarlo en su celular.
Además de Fernández hay otros tres funcionarios acusados de cobrar la ayuda estatal: Nadia Fernández, Juan José Oroná y Julio Rodríguez, que también están licenciados por orden de Juez hasta que se aclare el tema. Sin embargo, aquí no habría irregularidades, ya que Fernández y Oroná estaban desocupados, no tenían ingresos conyugales y presentaron la renuncia al subsidio en noviembre, antes de asumir sus funciones, en tanto que Rodríguez nunca fue beneficiario del polémico plan.