EL PAíS
› EL JUEZ RETRUCO A QUIENES LO CRITICAN POR LA CAUSA DE LOS SOBORNOS
“Son tiempos del debido proceso”
Canicoba Corral dijo que él respeta las garantías constitucionales. “Los legisladores podrían modificar la excarcelación”, azuzó.
› Por Victoria Ginzberg
“Si el caso llega a juicio y el tribunal arriba a sentencias condenatorias, seguramente serán condenas de cumplimiento efectivo”, aseguró a Página/12 el juez Rodolfo Canicoba Corral intentando fijar su posición sobre la investigación de las coimas en el Senado sin pronunciar una frase que pueda dar lugar a una recusación. El magistrado contestó las críticas que le hizo el diputado kirchnerista Ricardo Falú en una entrevista publicada por este diario el domingo. El legislador se quejó por los tiempos de la causa y porque los principales acusados están en libertad. “El cohecho es excarcelable porque los legisladores no hicieron una ley que establezca que cuando haya funcionarios públicos de alta jerarquía involucrados el delito no sea excarcelable”, señaló el juez.
Canicoba Corral no quiere anticipar sus decisiones, aunque funcionarios judiciales ratificaron que el próximo paso importante en la causa será el procesamiento de los cuatro acusados que fueron indagados en estos días: el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y los ex senadores Emilio Cantarero, del PJ, y José Genoud, de la UCR. Antes, se concretará el careo entre Genoud y el “arrepentido” Pontaquarto. El encuentro se iba a realizar hoy, pero el mendocino pidió una postergación por razones de salud y finalmente se hará la semana próxima, en principio, el martes.
–¿Le molestó que se dijera que los tiempos de la causa eran lentos? –le preguntó Página/12 al juez.
–Los tiempos son los mismos que lleva cualquier investigación, de acuerdo con las garantías del debido proceso y defensa en juicio. Es más rápido en sistemas totalitarios donde los juicios son sumarísimos.
–¿Por qué los acusados están en libertad?
–Porque el delito de cohecho es excarcelable. Y si lo es, es porque los diputados no hicieron una ley que establezca que cuando haya funcionarios públicos de alta jerarquía involucrados en este tipo de hechos el delito no sea excarcelable. Los jueces no podemos inventar la ley. En todos los lugares del mundo los acusados de determinados delitos pueden esperar el juicio en libertad. Son reglas garantistas. Lo que pasa es que el Estado debe procurar que las personas comparezcan en el juicio. Otra cosa es si en un juicio los jueces consideran que la pena que debe aplicarse es de cumplimiento efectivo o no.
–¿Qué podría pasar en este caso?
–Si este caso llega a juicio y el tribunal arriba a sentencias condenatorias, seguramente serán condenas de cumplimiento efectivo.
Por otra parte, en declaraciones radiales, el juez relativizó que el Gobierno y el Senado no colaboren con la investigación, aunque admitió que hubo informes que demoraron en llegar al juzgado. “Hay una morosidad que es propia de la burocracia, pero no creo que sea intencionalidad. Las autoridades de los organismos del Estado me manifestaron personalmente su voluntad de colaborar. Pero ante cada pedido de informes o de documentación se pone en movimiento una máquina que es lenta y reticente por su propia conformación”, aseguró. Además, volvió a defender los tiempos de la investigación y, enojado, llegó a ironizar utilizando una comparación irritante: “Los juicios realizados en el marco de las garantías son más difíciles de llevar adelante que un juicio llevado por una dictadura; también bajo tortura se podrían obtener determinados tipos de confesiones”.
El juez aún no resolvió si citará como testigos al ex senador Héctor Maya y al ex vicepresidente Carlos Ruckauf, tal como lo solicitaron los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado. Lo más probable es que se haga lugar al pedido pero que las audiencias se concreten después del procesamiento de los cuatro acusados. Ruckauf reconoció ayer que durante su presidencia del Senado Pontaquarto ascendió a secretario parlamentario, pero atribuyó ese nombramiento “a propuesta del bloque de la Unión Cívica Radical”.
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