En una decisión que podría tener consecuencias diplomáticas, el Gobierno presentó una querella criminal por el secuestro y la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena, la nuera del poeta Juan Gelman. En el escrito, los funcionarios piden que declare el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, a través de un exhorto diplomático. Hasta ahora, la investigación del paradero de María Claudia no pudo avanzar por la resistencia de Batlle, quien argumentó que la Ley de Caducidad –una especie de Punto Final que bloqueó la actuación de la Justicia contra los represores uruguayos– impedía averiguar más datos sobre el caso. Ante ese obstáculo, el Gobierno inició una causa para investigar la “trama argentina” del secuestro. La decisión es también un reto a Batlle, con quien Kirchner ya se cruzó varias veces por este tema.
La idea de que el Gobierno presentara la querella fue aprobada por Kirchner el viernes 9 de enero, un día antes de viajar a Monterrey. Cuatro días después –el martes 13–, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, presentó el escrito ante la Cámara Federal. La causa cayó en las manos del juez Claudio Bonadío, el mismo que ordenó la captura de la cúpula montonera en la investigación sobre la contraofensiva de 1979-1980. Kirchner aprobó la idea aún a sabiendas de que implicaba un nuevo gesto de confrontación con su par uruguayo. Porque en el escrito, el Gobierno propuso la declaración de Batlle como una de las medidas de prueba, pese a que el uruguayo dijo varias veces que no tenía más información del caso.
Sin embargo, en la Secretaría de Derechos Humanos creen que todavía tiene mucho para aportar a la investigación. En especial, recuerdan las declaraciones del senador oriental Rafael Michelini –hijo de Zelmar, también desaparecido en Buenos Aires–, quien contó que una vez, en una charla a solas, Batlle le confesó que sabía quiénes eran los asesinos de María Claudia. Por eso, en el escrito, el Gobierno pidió que declaren también Michelini y los abogados Gonzalo Fernández y Carlos Ramella Regules, que integraron la Comisión de la Verdad, una entidad similar a la Conadep que investigó las desapariciones en Uruguay por decisión de Batlle. También se pide que declaren Juan Gelman y su esposa, Mara La Madrid, y periodistas del diario La República, de Montevideo, como su ex secretario de redacción Gabriel Mazarovich.
En el Gobierno saben que el pedido para que Batlle declare, aun a través de un exhorto diplomático, complicará aún más la ya deteriorada relación con el uruguayo. De hecho, ya no tiene retorno, en especial tras las últimas declaraciones del asesor presidencial de Batlle, Carlos Ramella, quien dijo que “algunos gobernantes, sobre todo el de Argentina, no terminan de comprender que están ejerciendo la primera magistratura”. “No están actuando como agitadores o como simpatizantes de guerrillas, como lo hicieron en el pasado”, dijo entonces Ramella. Aquellas palabras sólo terminaron de romper lo que ya habían agrietado los cruces por el caso Gelman o la entrevista de Kirchner con el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez.
“Esta causa tiende a investigar el tramo del secuestro en la Argentina”, explicó Duhalde en una conferencia de prensa que brindó ayer. La insistencia en que la querella apunta al “tramo argentino” se debe a que el Gobierno quiere evitar cualquier acusación de injerencia en asuntos uruguayos. Pero aunque la actuación de la Justicia se restrinja a los delitos cometidos en territorio argentino, la nacionalidad de los responsables obligará a mirar, necesariamente, hacia Uruguay. Es que quien ordenó el traslado de María Claudia a Montevideo fue el capitán del ejército uruguayo José Nino Gavazzo Pereira, quien actuó en el centro clandestino Automotores Orletti. Justamente, el Gobierno pidió que Gavazzo Pereira y otros nueve oficiales más de las fuerzas armadas y de seguridad orientales también sean citados a prestar declaración.
Se trata de Juan Antonio Rodríguez Buratti (teniente coronel), José Arab (capitán), Manuel Cordero (mayor), León Tabaré Pérez (oficial, ya fallecido), Gilberto Vázquez (oficial), Ernesto Rama Pereira (coronel), Jorge Silveira (capitán) y Ricardo Medina Blanco (capitán de Coraceros de la Banda Oriental). En su último reportaje, Juan Gelman aseguró que Medina Blanco fue el asesino de su nuera y que la había llevado embarazada hasta Montevideo para que tuviera a su hija. Luego, Medina Blanco le regaló la niña a otro personaje de la dictadura uruguaya. En el escrito del Gobierno, en tanto, se responsabiliza a Arab y Rodríguez Buratti como quienes sacaron a María Claudia y su hija del Servicio de Información de Defensa (SID) –similar a la SIDE–, mientras que se acusa a Silveira y Medina Blanco de entregar a la beba a la familia apropiadora.
Tanto la información que tiene Gelman como la que maneja el Gobierno provienen del informe de la Comisión de la Verdad creada por Batlle. Allí figura un capítulo especial sobre el caso Irureta Goyena, donde varios militares uruguayos cuentan lo que pasó con la nuera del poeta argentino. Una copia del capítulo fue entregada a la Secretaría de Derechos Humanos por la embajada de Uruguay en Buenos Aires. Ese informe contiene dos versiones de los hechos: la primera –la más verosímil– indica que María Claudia fue asesinada en Uruguay tras el robo de su beba. La otra, que habría sido elaborada por “elementos cercanos a los hechos”, sostiene que la joven de 19 años fue devuelta a la Argentina vía Carmelo, y que fueron los represores argentinos quienes la hicieron desaparecer.
Los funcionarios argentinos pedirán, además, que se incorporen las actuaciones del juez en lo penal de Montevideo Gustavo Mirabal Bentos, quien ordenó fijar una zona de exclusión dentro de las instalaciones del batallón de infantería número 13 para que no se modificara la topografía en las cercanías del arroyo Migueletes, porque existían sospechas de que había cuerpos de desaparecidos. La sospecha es que María Claudia fue enterrada en ese lugar. Basándose en ello, en el Gobierno sostienen que la ley de Caducidad que opone Batlle no es aplicable porque María Claudia no era una militante política y había sido secuestrada sólo para robarle su hija. Por lo menos el asunto tendría que ser investigado por una vía administrativa, sin efectos punitivos, como aquí fueron los “juicios de la Verdad”.