Encabezados por una fila de cartoneros con carros tirados a caballo, los piqueteros del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados marcharon ayer a la Plaza de Mayo. Como parte de su protesta hicieron una escala en el PAMI, donde se reunieron con la nueva interventora, Graciela Ocaña. Le pidieron que implemente un mecanismo para que en las próximas elecciones de la obra social los beneficiarios voten en los bancos, después de cobrar, para asegurar mayores porcentajes de participación. Ocaña, quien recibió a la delegación acompañada por el gerente general Fabián Ferrario y el gerente de Prestaciones Pablo Basel, dijo que normalizará al PAMI en un plazo de seis meses.
Los piqueteros le dejaron un petitorio con un reclamo de “un aumento del 50 por ciento en las jubilaciones mínimas” y 800 planes alimentarios ProBienestar, cuya entrega estaba acordada con el anterior interventor, Juan González Gaviola.
Castells dijo que el MIJD “rechaza esta nueva intervención, que es la número 18 en 10 años”, pero no cuestiona “la designación personal” de Ocaña, a quien “respetamos porque fue una de las diputadas que en su momento hizo gestiones” por su liberación cuando estuvo detenido por pedir comida en un hipermercado.
La responsable del área jubilados del MIJD, Perla Cardozo, señaló por su parte que en la reunión Ocaña “nos dijo que en 60 días o más entrará el proyecto normalizador al Congreso y en unos 180 días se espera poder llamar a elecciones. Le dijimos que cuando llegue el momento queremos ser una de las organizaciones que participe en las elecciones democráticas, de lo cual tomó nota”.
Según el vocero de la interventora, la reunión fue “muy cordial”. “Su idea es normalizar al instituto en unos 180 días, no se pueden fijar fechas precisas porque el proceso necesita del envío de un proyecto de ley al Congreso, donde deberá ser aprobado”, agregó el consultado.
En cuanto a la posibilidad de votar en los bancos, en la obra social sostienen que es una de las alternativas estudiadas por el Poder Ejecutivo. Ocurre que en las últimas elecciones normalizadoras apenas participó alrededor del diez por ciento del padrón. Las autoridades del organismo aseguraban ayer que existe la voluntad política de implementar mecanismos para que la representación en el futuro directorio tenga mayor legitimidad.
La presencia de los cartoneros en la marcha estuvo motivada por un pedido para que el Gobierno de la Ciudad les permita ingresar a la Capital para hacer su trabajo con vehículos a tracción a sangre. Por una ordenanza municipal, la circulación de carros en el ámbito porteño está prohibida. Los cartoneros se deben movilizar por esto en camiones manejados por intermediarios, quienes se quedan con una parte de sus ganancias.
Vestidos con chalecos amarillos con la insignia del MIJD, los manifestantes que realizaron la concentración fueron unos tres mil, provenientes en su mayor parte del conurbano. La movilización cortó el tránsito sobre la diagonal Julio A. Roca y la zona circundante a la Plaza de Mayo y pasó por el Ministerio de Trabajo.
Las columnas estuvieron también en el hall de la estación Constitución. Si bien el fin de semana el dirigente Ovidio Pepe había anunciado una protesta en el lugar para reclamar pasajes gratis a Mar del Plata, donde el MIJD realizará un congreso nacional, ayer Castells cambió el argumento y sostuvo que su organización quiso pagar los boletos pero la empresa se negó a venderlos. El dirigente aseguró que el año pasado el MIJD alquiló “tres formaciones completas para 4 mil personas y la empresa cobró muy bien, 12 o 15 mil pesos por cada uno de los trenes”.
Desde la empresa Ferrobaires, Hernán Maffía, de la oficina de prensa, dijo a Télam que “efectivamente el año pasado hubo un convenio por el que 4 mil personas pagaron un pasaje de 12 pesos y algo similar presentaron este año para llevar a unas 3 mil personas en dos formaciones”.