El presidente de Uruguay, Jorge Batlle, no sólo dijo ayer que no aportará más datos sobre el secuestro y la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena, la nuera del poeta Juan Gelman, sino que redobló la apuesta y reclamó al gobierno argentino que investigue los casos de “los más de 80 uruguayos desaparecidos”. La respuesta de Batlle –sumada a la declaración de su ministro de Defensa, Yamandú Fau, acerca de que el Estado uruguayo no debe responder a la Justicia argentina– constituye una nueva escalada en el enfrentamiento que mantiene con Néstor Kirchner por su política de derechos humanos. La investigación judicial que impulsó Kirchner para presionar a Batlle a que cuente lo que sabe del caso Gelman ya está en marcha y el juez federal Rodolfo Canicoba Corral giró el expediente al fiscal federal Carlos Rívolo, pero eso no es todo: en la Casa Rosada ya se decidió que en las próximas semanas se presentará una nueva demanda judicial por el asesinato de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que tuvo lugar en Buenos Aires durante la dictadura militar.
“El gobierno ha suministrado toda la información a las autoridades argentinas, toda la que poseemos. No estamos dispuestos a inventar informaciones. Eso no”, declaró Batlle a su regreso de la Cumbre de las Américas. Su respuesta era previsible: la investigación del paradero de la nuera de Gelman no pudo avanzar por la resistencia del presidente uruguayo, quien sostiene que en virtud de la Ley de Caducidad –que impide el castigo penal de los represores de ese país– no es posible averiguar más datos sobre el caso.
Fue precisamente para sortear ese obstáculo que Kirchner le dio el visto bueno al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, para que presentara una querella criminal por el secuestro y asesinato de Irureta Goyena. La explicación oficial es que se investigará la “trama argentina” del caso –la nuera de Gelman fue secuestrada en el país y trasladada después a Uruguay–, aunque el objetivo es obtener más datos de las autoridades uruguayas. De hecho, el escrito que Duhalde presentó ante la Justicia solicita que se tome declaración al propio Batlle.
Batlle hizo frente al desafío de Kirchner y su réplica tuvo el mismo tenor. “El gobierno ha suministrado toda la información a las autoridades argentinas, toda la que poseemos. Lo ha manifestado así en su oportunidad por distintos medios al gobierno argentino y creo que va a ser un momento necesario para manifestárselo por nota”, afirmó. Además, recordó que “hay más de 80 uruguayos desaparecidos en Argentina. No tenemos información alguna sobre ninguna de las personas que desaparecieron en la Argentina, ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Son tan igualmente dignos de la preocupación y del respeto de las autoridades”.
El ministro de Defensa uruguayo también salió al cruce de la ofensiva argentina. “Si esos sucesos ocurrieron acá y mediante una ley con las características especiales que Uruguay dictó, amnistió los delitos e hizo desaparecer el delito, parecería no razonable que quien no debe responder por ellos en territorio uruguayo, deba hacerlo en territorio extranjero”, indicó el funcionario y agregó que “éste es un razonamiento a tenerlo en cuenta, cuando en su momento tengamos que tomar una decisión”. Fau también recordó que “hace muy pocos días el Poder Ejecutivo le comunicó al juzgado que actúa en Uruguay, y tiene a su cargo esta causa, que esos hechos están comprendidos en la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” y que por lo tanto todos aquellos que pudieran estar involucrados en el caso “no son responsables penalmente”.
La Justicia uruguaya seguramente tendrá que fijar una postura al respecto, ya que Canicoba Corral dio curso a la querella impulsada por el Gobierno y habilitó la feria judicial para empezar la investigación del caso. El juez estará a cargo de la causa hasta que Claudio Bonadío –a quien le fue asignado el expediente– regrese de sus vacaciones. Fuentes judiciales detallaron que lo primero que hará el fiscal Rívolo será requerir datos a otros juzgados para verificar que el caso de la nuera de Gelman no esté siendo investigado ya en otras causas, especialmente la que se tramita por plan sistemático de robo de bebés a mujeres desaparecidas durante la dictadura. En esa causa, a cargo del juez Jorge Urso, investiga la existencia de maternidades que funcionaban en centros clandestinos de detención, entre ellos Automotores Orletti, donde estuvo en cautiverio Irureta Goyena junto a otros ciudadanos de nacionalidad uruguaya, hasta su traslado a Uruguay.
En el escrito presentado por Duhalde ante la Justicia por el caso de la nuera de Gelman también se propone que comparezca el senador uruguayo de la oposición Rafael Michelini. “Estoy en contra de la impunidad y haré todo lo que sirva para esclarecer la desaparición de la nuera de Gelman”, adelantó Michelini, quien contó que en una charla a solas Batlle le dijo una vez que sabía quiénes eran los asesinos de Irureta Goyena.
Rafael Michelini es hijo de Zelmar, quien fue secuestrado del Hotel Liberty en Corrientes y Florida el 18 de mayo de 1976. También fue secuestrado por un grupo de tareas militar, el por entonces senador uruguayo Gutiérrez Ruiz.
Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron asesinados. Sus cuerpos, con heridas de bala en la cabeza, fueron abandonados cuatro días después en el interior de un automóvil. Dentro del mismo vehículo también fueron encontrados muertos Rosario Barredo y William Withelaw, otros dos uruguayos que estaban exiliados en la Argentina.
Esos asesinatos fueron cometidos en el marco del Plan Cóndor, como se denominó la alianza represiva que establecieron las dictaduras militares del Cono Sur. Según reveló en su momento la revista uruguaya Brecha, los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron votados en una reunión en la que habrían participado el entonces presidente de Uruguay, Juan María Bordaberry, sus ministros de Interior y Defensa, los comandantes de las Fuerzas Armadas de ese país y un coronel argentino.
Es la investigación de ese caso la que el Gobierno se propone impulsar ahora mediante la apertura de una querella criminal similar a la que fue presentada por el secuestro y desaparición de la nuera de Gelman. En la Secretaría de Derechos Humanos Duhalde y sus colaboradores ya trabajan en la redacción del escrito correspondiente y se proponen presentarlo ante la Justicia en febrero. El planteo complicará todavía más la relación entre Kirchner y Batlle.