Cada uno en su contexto, George W. Bush y Néstor Kirchner afrontan una masa crítica de problemas, entre ellos los económicos con empuje prioritario, y escasos tiempos políticos para resolverlos. En Estados Unidos, la balanza de pagos en cuenta corriente está en continuo déficit, la comercial presenta un pasivo en torno de los 40.000 millones de dólares mensuales, su moneda está cayendo frente al euro y la deuda externa equivale al 30 por ciento de la renta anual, lo que la convierte en la más alta del mundo en términos absolutos. Lejos está de los buenos tiempos en que concibió el Plan Marshall, durante la segunda posguerra, cuando sus reservas de oro ascendían a 22.000 millones de dólares sobre un stock mundial de 33.000 y la industria manufacturera superaba el 50 por ciento de la producción planetaria. Además, este año pone en juego la renovación presidencial y su cacareada cruzada universal contra el terrorismo quedó estancada en Irak, donde la resistencia local lo desafía a diario y el pueblo en general está harto de los invasores. La profesora Nuhà AlRadi, a los 63 años de edad una de las artistas iraquíes de mayor fama internacional, niega con énfasis que las tropas norteamericanas puedan dejar un saldo democrático a favor de Irak: “¡Mentiras! Basta con observar lo que han hecho en Afganistán, América Central y meridional: desembarcaron, hicieron sus negocios y después se fueron a otra parte, por ejemplo a Medio Oriente. Miren en qué condiciones han dejado al Afganistán” (“La guerra continúa”, en LiMes, revista italiana de geopolítica, 2003).
En la actualidad, para este Estados Unidos, que no está para dar sino para recibir, Cuba es un argumento electoral en busca de los votantes anticastristas de la Florida que, hace cuatro años, obligaron a Bush a dibujar los resultados finales con la ayuda de su hermano, gobernador de ese Estado. Las preocupaciones más realistas de la Casa Blanca pasan por evitar la caída de sendas derechas en Bolivia y Colombia, impedir cualquier formación orgánica de la Argentina, Brasil y Venezuela, bajarlo de alguna manera a Hugo Chávez, cobrar la deuda externa latinoamericana y abrir de par en par las puertas de los mercados regionales a las manufacturas “made in América”. Con la pérdida de la hegemonía conservadora que imperó en la región durante los años ‘90, ese programa de Washington ni siquiera está cerca del consenso latinoamericano, como acaba de verse en el encuentro de Monterrey. En el caso particular de la Argentina ya no son posibles las “relaciones carnales”, ni siquiera gratis.
El presidente Kirchner apostó su carrera, que existía hace un año apenas sólo en algunos papeles privados y hoy es una realidad que muchos envidian, a un programa distinto al de Bush, por lo que las relaciones bilaterales pueden ser hasta cordiales, si hay ganas de ambos lados, pero en muy pocas zonas complementarias. A pesar de esa distancia objetiva que los separa, por intereses particulares divergentes más que por puras elucubraciones ideológicas, tampoco se trata que este extremo austral del mundo se permita ignorar a la mayor potencia de la región y de Occidente. De manera que, en adelante, el diálogo argentino-norteamericano será un ejercicio para trapecistas, aunque algunos difusores mediáticos hagan de cada momento un acto dramático de Shakespeare, donde los protagonistas mueren o se suicidan, aunque sin talento, con vulgaridad. Son los mismos, estos norteamericanos por vocación, que ya cruzan apuestas sobre el tiempo de duración de las expectativas populares favorables a la gestión presidencial. Los más osados aseguran que un obispo del alto nivel de la Iglesia Católica le hizo saber al Gobierno que sus hermanos están inquietos porque no creen que puedan mantener una actitud de apoyo franco más allá de mitad de año, excepto claro que para entonces haya señales irrefutables de progreso en la lucha contra la pobreza.
Si el Gobierno supiera cómo hacerlo, importarían menos los límites de tiempo, pero mientras no emboque la salida todo plazo es mínimo, así fuera todo este año y el próximo. Mientras tanto, los temas de los derechos humanos, incluido el intercambio de demandas investigadoras entre Buenos Aires y Montevideo, ocupan bien la atención pública, como sucede en estos días con los testimonios sobre el recuerdo del posgrado para militares acerca de métodos de tortura, con fotos que parecen tomadas de los campos de detención que hoy mantiene Estados Unidos en Guantánamo, reservados para terroristas, reales o presuntos, del Islam. Lo cierto es que desde hace décadas los tormentos han sido instrumentos válidos en las fuerzas armadas y de seguridad, aplicados a sus reclutas y a los civiles que caían en sus manos.
Hasta el momento, la democracia avanzó pero es largo el camino que falta para ponerles fin a esas prácticas, todavía en uso como moneda corriente, no sólo en una provincia. Cuando el ejercicio o la violación de los derechos humanos son usados para las mezquinas pujas políticas o como prácticas distractivas, achican las dimensiones de sus significados de fondo, así sea que este mal uso lo realicen desde cualquier punto del abanico ideológico-político. Como siempre, queda flotando por encima de convencidos y manipuladores la deuda principal para la sanación de tantos cuerpos y espíritus: las listas de detenidos-desaparecidos con sus destinos finales y, si fuera posible, la identidad de los verdugos, esas listas que el ahora embajador Martín Balza supone que deben existir y que las debe guardar algún civil muy amigo de la dictadura, de “puro pálpito” nomás.
Sin el impacto favorable del compromiso con los derechos humanos, el Gobierno también intenta delinear un plan de defensa para los derechos económicos y sociales en sus dos estigmas centrales: la pobreza y el desempleo. Hasta el momento, desde el Gobierno hubo una intensa conducta asistencial, aunque con recursos magros para tanta necesidad básica insatisfecha en el país. En ese campo, específicamente en el programa para Jefes y Jefas, tal vez el Gobierno avance en una dirección que resentirá a más de un intendente o puntero partidario. La última idea que circulaba en los ámbitos presidenciales consistía en recurrir a las juntas consultivas municipales, donde participan hasta los piqueteros, elegir un medio centenar destacado por los parámetros de sus labores y a esos confiarles el poder más importante de ese programa: dar altas y bajas en cada zona de distribución del subsidio. La lista de esos regentes populares no quedará cerrada de una vez y para siempre, sino que podrá ampliarse con nuevos miembros, seleccionados por el Gobierno. Es una manera de involucrar a los directos autorizados, pero a la vez puede ser un generador de nuevas infraestructuras institucionales y hasta políticas que sea la red popular de apoyo del Presidente sin partido propio.
Sin desechar las vías asistenciales, lo que sería impensable a estas alturas, queda por resolver el método más idóneo para crear nuevos empleos y ampliar el mercado interno. Mientras algunos apelan a la vieja receta de las grandes obras públicas, otros piensan que si hay un par de años para el aguante, en ese tiempo podrán formarse un panal de microemprendimientos, cooperativas y otras formas de autogestión que les den un nuevo impulso a la actividad privada y al consumo popular, con la ventaja de que en el proceso esos trabajadores recibirán cursos de formación o de rehabilitación de oficios, que reparen la muy golpeada cultura del trabajo y la producción. ¿Son opciones excluyentes o tal vez el diseño más apto sea una versión complementaria? Para esto hace falta la plata que reclama Estados Unidos para enjugar sus déficit, los organismos multilaterales de crédito que defienden el capital financiero, incluso el de usura, y toda clase de acreedores extranjeros. Al final, todos los dilemas se reducen a una opción simple: ¿Quién se lleva lo que hay?