La Cancillería exhortó ayer al presidente de Uruguay, Jorge Batlle, “a colaborar en forma activa en el esclarecimiento y en la búsqueda de la verdad” de todos los casos de desaparecidos en ese país y en la Argentina. Así, escribió un nuevo capítulo en la confrontación por la falta de investigación sobre el secuestro y la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman y desacreditó además los dichos del canciller uruguayo, Didier Opertti, quien afirmó que su par argentino Rafael Bielsa le había asegurado que la Casa Rosada no tenía en sus planes pedir que Batlle declare por ese hecho ante la Justicia. El deterioro de la relación entre Néstor Kirchner y su colega de Uruguay quedó también reflejado en las palabras del ministro del Interior, Aníbal Fernández, en el sentido de que “es una vergüenza que Batlle se acuerde ahora de los desaparecidos”, así como en el pronunciamiento de la Cámara Federal porteña con precisiones sobre todas las desapariciones de ciudadanos uruguayos en la Argentina esclarecidas hasta la fecha.
“La Argentina siempre estuvo activa en la investigación y no existió aquí ninguna ley de caducidad que nos hiciera bajar los brazos. Como así también, siempre estuvo abierta la puerta para nuestros hermanos uruguayos que buscaban a sus familiares en la Argentina y para los organismos uruguayos que solicitaban información”, señaló la Cancillería en un comunicado oficial. Con el claro propósito de marcar diferencias con la política de Uruguay en materia de derechos humanos, la cartera que conduce Bielsa remarcó además que “la sociedad argentina nunca dejó de investigar el destino de los desaparecidos (adultos y niños) ni la identidad de los cuerpos hallados NN, sin importar la nacionalidad”.
El comunicado de la Cancillería no es otra cosa que una réplica al propio Batlle. Cuando se enteró de que Kirchner había resuelto presentar una querella criminal por el secuestro y asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, el mandatario uruguayo hizo frente al desafío: reclamó al gobierno argentino que investigue los casos de “los más de 80 uruguayos desaparecidos” y sostuvo que “son tan igualmente dignos de la preocupación y del respeto de las autoridades” que la nuera de Gelman.
Irureta Goyena fue secuestrada en la Argentina durante la dictadura y trasladada después a Uruguay. La investigación de su paradero está paralizada por la resistencia de Batlle, quien argumenta que no es posible averiguar más datos al respecto en función de la Ley de Caducidad sancionada en su momento en Uruguay y que impide el castigo a los represores. Frente a su negativa el Gobierno optó por llevar el caso a la Justicia y propuso, incluso, que el propio mandatario uruguayo sea citado a declarar. “La política de derechos humanos en la Argentina es un pilar de la gestión del presidente Kirchner, quien además ha definido el caso Gelman como una cuestión de Estado”, recordó la Cancillería.
La declaración de la Cancillería habla a las claras de que la confrontación no está superada, como trató de hacer ver Opertti. “Se ha restablecido el clima de mutua cooperación”, manifestó el canciller uruguayo horas antes de que el Palacio San Martín difundiera el comunicado oficial. Opertti hizo esa declaración en función de una conversación que dijo haber mantenido con Bielsa y en la cual –siempre según su versión– el argentino le aseguró que Batlle no figuraba entre los posibles convocados a declarar en la querella por el caso de Irureta Goyena.
Bielsa no mencionó conversación alguna con Opertti. Por el contrario, explicó que la Argentina “no ha querido generarle un problema a Batlle”, pero “queremos que los restos aparezcan porque Gelman está en su triste derecho de saber qué pasó con su nuera”. También dijo que se hará “todo lo que esté a nuestro alcance” para “tratar de perseguir la verdad”.
Las declaraciones de Fernández tampoco dieron idea del buen clima del que habló Opertti. El funcionario consideró “una vergüenza que Batlle se acuerde unos cuantos años después” de los desaparecidos y añadió que “la vida no reconoce al Río de la Plata como límite, la vida es vida acá y allá y hay que abocarse a las investigaciones por los ‘80 de la misma manera que lo hicimos con los argentinos”.
Al contragolpe contra Batlle se sumó también la propia Justicia: la Cámara Federal porteña precisó todas las tareas que se han realizado para esclarecer los casos de desaparecidos y remarcó que así se logró “la identificación de ocho ciudadanos uruguayos”. “Esta búsqueda nunca tuvo una orientación determinada por nacionalidad, la única condición de las víctimas que motivó una investigación era la de haber sido privadas de su libertad durante el período de terrorismo de Estado y no haber obtenido referencias acerca del destino final de sus cuerpos”, sostuvieron los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani.
La Cámara Federal recordó que las autoridades de Uruguay tomaron conocimiento de sus actividades e incluso solicitaron información. “La búsqueda de las personas desaparecidas –concluyó– es un proceso largo que sólo puede clausurarse con el conocimiento efectivo de su destino final y la información a sus familiares y allegados.”