La abogada salteña Mara Puntano acaba de obtener un éxito en la Justicia, pero las nuevas urgencias por las detenciones de los diez piqueteros en Mosconi no le permiten disfrutar del logro. La Cámara de Apelaciones de Salta anuló la declaración realizada bajo tortura de Edgar Cabrera, un joven piquetero discapacitado mental que fue detenido en junio de 2001, durante la represión ordenada por el juez federal Abel Cornejo en la que fueron asesinados Omar Barrios y Carlos Santillán. Cabrera fue acusado de francotirador civil y fue torturado por efectivos de Gendarmería. Su declaración fue usada para acusar de portación de armas a integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi. Se cae así la acusación contra aquellos manifestantes y contra su abogada defensora, que había sido denunciada por el juez Cornejo ante el tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Salta.
En aquel momento, el magistrado había emitido un comunicado en el que aseguraba que los detenidos en el corte de la ruta 34 habían participado del mismo “bajo amenaza”, y que habían detallado “el nombre y tipo de armamento con el que contaban algunos de los piqueteros”. Según explicó la abogada Puntano, “Cornejo manipulaba la declaración bajo tortura de un discapacitado para justificar la represión y confundir a la opinión pública”.
A Puntano no se le escapa que la resolución de la Cámara tiene que ver con los nuevos aires que corren en cierto sector de la Justicia provincial. Lo cierto es que así se revierte la metodología histórica de ese tribunal, que venía avalando la criminalización de la protesta social en la caliente zona de Mosconi. De hecho, aquella causa contra los piqueteros, que debería ser la causa por el asesinato de Barrios y Santillán, ha quedado cuestionada porque se cayó la principal acusación.
Puntano había pedido la nulidad de la declaración de Cabrera porque “el acta labrada por Gendarmería presentaba distintas irregularidades, estaba firmada por Cabrera, que no sabe leer ni escribir, y el propio Cabrera presentaba signos evidentes de haber sido golpeado, por lo que resulta contrario al sentido común que se hubiese manifestado libre y espontáneamente”.
“¿Con que vos sos piquetero, andás con el FAL, sos un francotirador? Yo les contesté que no, pero ellos seguían insistiendo”, relató Cabrera a la agencia Copenoa. “No tengo antecedentes, nunca caí a la policía, cuando me detuvieron recuerdo que arrancaron una manguera y me llevaban ahorcándome con un pañuelo, con una honda me tiraban piedras que me golpeaban en el cuerpo, después me pegaban piñas y patadas, me obligaron a subir a un jeep... los milicos que estaban arriba me recibieron a las patadas, en la cabeza, en las costillas, en todas partes... no sentía mi boca”, siguió Cabrera. Pero lo sustancial es que el joven discapacitado aseguró que “en Gendarmería me querían obligar a declarar y firmar un papel en blanco, tenía que decir que Pepino Fernández, Chiqui Peralta, Piquete Ruiz y Aldo Fernández tenían armas, y que Pepino Fernández me había amenazado con un arma. Yo me negué y entonces vino un gendarme y firmó por mí”.
La Cámara tuvo en cuenta las constancias del expediente que daban cuenta de los apremios ilegales que Cabrera denunció haber sufrido, y los certificados médicos que acreditan “escoriaciones en sus muñecas y lesiones en el rostro, con diez días de evolución”. Por lo tanto, resolvió que “el carácter espontáneo de las manifestaciones del imputado (Cabrera) no puede ser aceptado, no solo por su disminución intelectual sino también por las sospechosas lesiones que padece, que al menos evidencian una situación traumática en coincidencia temporal con su aprehensión”.
Página/12 publicó las declaraciones de Puntano en las que aseguraba que a Cabrera “le rompieron las costillas y le cortaron una oreja, y le hicieron decir que todos los cabecillas están armados porque era la declaración clave que necesitaban”. A partir de esos dichos el juez Cornejo apartó a Puntano de la defensa de los piqueteros argumentando que “había puesto en riesgo la seguridad de su defendido”, y la acusó de prevaricato y violación de secreto de sumario ante el tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Salta. “Es lógico que esa acusación ahora debería quedar sin efecto”, comentó Puntano consultada por Página/12.
“Es una satisfacción que la Cámara nos dé la razón, aunque sabíamos que estábamos haciendo lo justo. Pero no he tenido tiempo de degustarlo porque ahora hay otros diez piqueteros detenidos (por los incidentes de noviembre ante las petroleras en Mosconi) que hay que liberar”, declaró desde su provincia. “Estamos en una batalla contra las petroleras y la gobernación”, completó. De hecho, el abogado de la empresa Tecpetrol, Antonio Restom, es el representante de la gobernación en Tartagal y fue secretario de Derechos Humanos del gobernador Juan Carlos Romero.