El polígono-shopping instalado junto a la sede de la Gendarmería, que los lectores conocieron hace un mes por una primicia de Página/12, quedó con la pólvora mojada: el director del Registro Nacional de Armas, Juan Carlos Ramos, decidió clausurarlo porque no tenía ninguna habilitación que le permitiera funcionar.
El Renar depende del Ministerio de Defensa y se encarga tanto de dar permisos para tenencia de armas como de habilitar los polígonos de tiro.
Ramos leyó la noticia de la investigación judicial sobre las irregularidades del polígono El Centinela en este diario y comenzó sus averiguaciones.
Preguntó en el Gobierno de la Ciudad. Le dijeron que ellos no habían habilitado el polígono.
Preguntó también en la Gendarmería. Le contestaron que el polígono no era propio sino una concesión privada.
–Mi trabajo era muy simple –dijo Ramos a Página/12–. Como no estaba habilitado, lo clausuré.
–¿Clausuró sólo el polígono?
–No. También la sucursal de la armería La Navarra. Como usted sabe, funciona dentro de las instalaciones.
–¿Lo hizo por las irregularidades que investiga la Justicia y reflejó este diario?
–No. Las funciones del Renar sólo se refieren a las normas para el uso de armas. No puedo ir más allá del polígono y la armería.
–Pero si el polígono era de la Gendarmería, ¿la habilitación no era automática?
–No, no es así. La habilitación se considera automática cuando el polígono pertenece a una fuerza armada o a una fuerza de seguridad. Si no es así y se trata de una concesión, como en este caso, lo tiene que habilitar el gobierno porteño.
El Centinela SA era más que un polígono y una armería. También tenía oficinas especiales para evaluación psicofísica y, cerca de la rampa de la entrada, un café y restaurante abierto al público. Ramos no pudo poner la faja de “clausurado” en la puerta delantera porque las entradas para la armería y el polígono están más adentro y no dan a la calle.
Un fotógrafo fue hasta la puerta, en Antártida Argentina al 1600, muy cerca de Puerto Madero y los tribunales de Comodoro Py, para registrar el movimiento del bar. La imagen que tomó revela la creatividad argentina. Un cartel dice: “Cerrado por vacaciones. Apertura: 19 de enero del 2004”. Ese cartel impidió que la clausura trascendiera al público y dio tiempo al concesionario, Juan Carlos Luena, de mover influencias para que la medida del Renar volviera atrás.
La iniciativa de Ramos se convirtió en la primera decisión ejecutiva sobre un proyecto que nació mal. El Ministerio de Justicia, por orden del propio Gustavo Beliz, había instruido a la Gendarmería a revisar la concesión porque no se había cumplido ninguna norma de contratación de la administración pública. La conducción de Gendarmería no encontró ninguna oferta cuando hizo los llamados a licitación, pero después de ese desierto inventó una forma de contratación directa. Por ejemplo, el Estado señala que, entre otras cosas, deben buscarse tres precios. Aquí hubo cesión simple y llana. Como si la Gendarmería no fuese estatal, y para colmo clave en la seguridad, sino un kiosco polirrubro comprando chupetines.
Las irregularidades continuaron en morosidad. Después de las instrucciones de Beliz, la Gendarmería tenía dos alternativas. Una, cortar el contrato y esperar que la empresa del concesionario Luena protestara después. La otra, hacer la denuncia a la Justicia. Los abogados del Estado suelen sostener que la primera medida tiene sus riesgos –si después el concesionario prueba que el Estado lo dañó, pide tremendas indemnizaciones–, pero es más efectiva: el que golpea primero golpea dosveces. La denuncia en la Justicia termina, en general, con la derrota del interés público.
La conducción de la Gendarmería optó por la segunda alternativa, el juicio. Lo más largo, lo menos efectivo, lo menos concreto a corto plazo.
El director nacional es el comandante general Eduardo Luis González. El subdirector, el comandante Gerardo Cristian Chaumont. El secretario de Seguridad, Norberto Quantín, dejó a ambos en su puesto a pesar de que ambos permitieron no sólo las irregularidades sino que las irregularidades siguieran su marcha pese a que el polígono privado tiene el mismo nombre de la sede de la Gendarmería, que se llama “Edificio Centinela”.
Tal como pudo constatar este diario por parte de allegados al ministro, ni González ni Chaumont tomaron la iniciativa de investigar el contrato defectuoso. Como mínimo, miraron hacia el otro lado de sus propias oficinas. Sólo se interesaron por lo que ocurrió en el terreno del polígono cuando Beliz lo ordenó. Así fue como avanzó y se inauguró un proceso de concesión con grandes libertades para el concesionario:
- La firma concesionaria, Coracero SA, no adjuntó balances ni testimonios de antecedentes ni indicaba su nivel de respaldo bancario o financiero.
- Coracero SA cambió de socio a mitad de camino. Incorporó a un tal Grupo San Miguel. Pero en el expediente no aparece ningún aval.
- La Oficina Anticorrupción, donde llegó la denuncia del Ministerio de Justicia, constató que en la lista de accionistas no figuraban los orígenes de los fondos, las actas del directorio autorizando la inversión o el plan de inversiones futuras.
- En el expediente no está el certificado de libre deuda de la AFIP.
- La Gendarmería aceptó que la carta de intención fuese firmada por Cecilia Bruno, del Grupo San Miguel, aunque la desconociera.
- En la carta de intención no figuraban anexos como playas de estacionamiento, bares, restaurantes y comercios. Pero en un tramo del expediente se le daba a El Centinela S.A. la posibilidad de “asociarse o no con terceros a los fines de brindar servicios especiales que requieran una experiencia y/o capacidad en la materia, como ser los servicios de Restaurante y Armería”.
- Los servicios y los socios fueron cambiando ante la tolerancia de la Gendarmería.