En la sociedad democrática, la legitimidad de las instituciones y el protagonismo de los distintos actores se logra a medida que se va construyendo colectiva y participadamente un orden ético de convivencia ciudadana. Los desafíos son múltiples. Salir de donde estamos supone aceptar la gradualidad de los procesos, no por resignación, sino porque es necesario adaptar nuestros pasos para ir acordando un sentido colectivo de futuro, que se ha deshilachado y desarticulado en el tiempo. Sin desconocer las amenazas y la dificultades, internas y externas, lo más difícil es recomponer una imagen de futuro que impulse, también desde los sueños que alimentan la acción, los pasos que tenemos que seguir dando. Pero, en un país como el nuestro donde la pobreza y la exclusión están instaladas de manera desgarradora, cons-truir la convivencia democrática no puede ser una tarea disociada o autónoma del objetivo de convertirnos en una sociedad productiva y sin pobreza interna. En otras palabras: la construcción democrática no puede entenderse hoy separada del objetivo de producir bienes y servicios lo más abundantes posibles, que permitan de manera primordial vivir en dignidad a todos los ciudadanos y ciudadanas. Desde esta mirada la productividad es un objetivo ético insoslayable para quienes tienen la responsabilidad de conducir y gestionar los destinos del país. Así entendida la ética, se concreta en seleccionar los mejores caminos y métodos para garantizar la vida digna, es decir, la real y efectiva vigencia de los derechos humanos, para toda la ciudadanía. Si superar la pobreza y la exclusión implica crear riqueza, y esto exige que toda la sociedad sea productiva, es insoslayable que la construcción de la democracia demanda, también como imperativo ético, la productividad económica, social y cultural, así como el respeto y la adecuada utilización del medio ambiente. Una sociedad será más sólida y más creíble –para sí y para los interlocutores externos– en tanto y en cuanto se organice de manera clara y coherente para la concertación y planificación de su futuro y para la producción de los bienes y servicios que permitan una vida digna a todos los ciudadanos y ciudadanas que la integran. No hay entonces construcción democrática sino a partir de una acción concertada que apunte al uso racional de los recursos de todo tipo para crear bienes y servicios, por una parte, y al fortalecimiento y transformación de las instituciones públicas y privadas en bien de fomentar la participación y la adecuada distribución de la riqueza, por otra. Desde esta comprensión, promover la productividad es hoy un imperativo ético.