El conflicto abierto entre el gobierno argentino y el uruguayo por las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras militares no tiene perspectivas de concluir rápidamente. En un misterioso –y un tanto amenazador– comunicado, la Cancillería uruguaya adelantó que está llevando adelante una “pormenorizada evaluación” de la situación para dar “una clara y oportuna respuesta” a los dichos de los funcionarios argentinos. En tanto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo que el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, “ha hecho del ataque a los argentinos una constante”. “El reclamo de los derechos humanos no reconoce fronteras, es un delito de lesa humanidad”, puntualizó.
La saga de nuevos cruces entre Kirchner y Batlle se inició a mediados de la semana pasada, cuando el gobierno argentino anunció que presentaría una querella ante el juzgado federal de Claudio Bonadío para que se cite a declarar a diez militares y policías uruguayos en relación con la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena, nuera del poeta Juan Gelman, ocurrida en 1976.
El reclamo por la aparición de los restos de Irureta Goyena, que lleva adelante Gelman y que cuenta con el apoyo del gobierno de Kirchner, suele poner a Batlle muy nervioso y lo obliga a improvisar respuestas ante cada nuevo pedido de esclarecimiento. Su última salida fue decirle al gobierno argentino que era grave que se preocupara de un solo caso y “nos olvidemos de los 80 uruguayos que desaparecieron en la Argentina”. Batlle dejó en evidencia que los derechos humanos no son su fuerte. La Cancillería argentina le respondió que los desaparecidos uruguayos eran 128 y que sus casos eran investigados por la Justicia como todos los otros.
“Un exabrupto”, calificó entonces Kirchner la ocurrencia de Batlle, con quien se lleva cada vez peor. “Acá se ha averiguado por la Justicia, él debería rectificarse con ese tema y preocuparse de que en Uruguay pase lo mismo”, agregó. “En la política de derechos humanos hemos dicho que queremos definitivamente terminar con la impunidad. Queremos saber qué pasó con cada uno de nuestros desaparecidos”, subrayó, en una conferencia de prensa que ofreció en la gobernación de Santa Cruz.
Ayer, Batlle prefirió no reaccionar, cuestión de evitar nuevos bloopers, y dejó la respuesta en manos de sus diplomáticos. “El gobierno de Uruguay sigue con toda la atención que la situación requiere las diferentes declaraciones emitidas en las últimas horas por autoridades del gobierno argentino respecto del pueblo y el gobierno del Uruguay, y en tal sentido manifiesta que todo ello viene siendo objeto de una pormenorizada evaluación, la que dará lugar a una clara y oportuna respuesta”, informó ayer la Cancillería uruguaya a través de un comunicado de prensa.
La declaración suma al “pueblo” uruguayo dentro de las consideraciones realizadas por funcionarios argentinos. Por eso, ayer, Alberto Fernández salió a aclarar que más allá de las acusaciones que se puedan cruzar los dos gobiernos, “las relaciones con esa Nación y su pueblo son buenas”. Pero insistió en el reclamo por el esclarecimiento del caso Irureta Goyena, recordó que se trata de la desaparición de una mujer embarazada y que “el presidente Batlle dice saber quiénes eran los autores del hecho”.

Un pleno a Tabaré

Además del conflicto por un caso puntual de desaparición que Batlle se empecina en no esclarecer pese a que cuenta con los elementos como para hacerlo, en la pelea con Kirchner se esconden también condimentos políticos.
Kirchner no se olvida de que una semana antes de las elecciones presidenciales Batlle pronosticó que ganaría Carlos Menem. De ahí en adelante, no coincidieron en nada. La ruptura definitiva ocurrió hace dos meses. Días después de un encuentro en el que Batlle le había prometido reactivar la causa de la nuera de Gelman, Kirch-ner se sorprendió con la noticia de que el presidente uruguayo había decidido archivarla. Para ello echó mano a la Ley de Caducidad, una amnistía para los crímenes ocurridosdurante la dictadura en Uruguay. El gobierno argentino sostiene que esa es una ley nacional y en este caso Irureta Goyena fue secuestrada en Argentina y luego fue llevada a Montevideo. Tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses.
Cada vez que puede, Kirchner hace algún gesto para incomodar al uruguayo. Por ejemplo, en su última visita a Montevideo se reunió con el candidato presidencial del Frente Amplio, el ex intendente de Montevideo Tabaré Vázquez, favorito de las encuestas para las elecciones programadas para este año. Luego ofrecieron una conferencia de prensa juntos, con lo que ubicó al candidato en el lugar de un virtual presidente con el que conversa las políticas de Estado.
Las incursiones uruguayas de Kirchner ponen los pelos de punta a la dirigencia de los conservadores partidos Colorado y Blanco, que lo acusan de inmiscuirse en asuntos de política interna. Hasta recibió las críticas de los ex presidentes Luis Lacalle y Julio Sanguinetti, pero en la Casa Rosada no se amilanan. “Queremos que el presidente de Uruguay sea un amigo”, dicen allí. Cerca de Kirchner imaginan un fin de año con Argentina, Chile, Brasil y Uruguay gobernadas con presidentes de un pensamiento similar. En Gobierno no descartan alguna participación de Kirchner en la campaña del Frente Amplio.