El gobierno nacional concretó ayer la denuncia penal para que se investigue la enseñanza y aplicación de torturas en los cursos de adiestramiento de comandos de las Fuerzas Armadas. La presentación fue realizada por el ministro de Defensa, José Pampuro, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. El juez federal Norberto Oyarbide, que quedó a cargo del caso durante el mes de enero, habilitó la feria judicial para avanzar con la pesquisa.
La Secretaría de Derechos Humanos informó que en la denuncia se puso en conocimiento de la Justicia “la posible comisión de delitos en las prácticas realizadas que importen violación a los derechos humanos garantidos por el ordenamiento jurídico vigente”. En el escrito no se menciona a los posibles imputados. El sábado, en una conferencia de prensa en Río Gallegos, el presidente Néstor Kirchner dijo que “cada ex presidente y cada ministro de Defensa va a tener que dar explicaciones” sobre este tema.
La causa quedará en manos del juez federal Sergio Torres, pero hasta que termine la feria judicial será tramitada por Oyarbide. Ese magistrado espera para hoy el dictamen fiscal que determinará si se inicia formalmente la investigación.
La práctica de torturas en los cursos de comandos de las Fuerzas Armadas durante los gobiernos constitucionales de Raúl Alfonsín y Carlos Menem fue revelada el jueves, cuando se conocieron unas fotografías que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entregó al Gobierno. Esas imágenes corresponden a un entrenamiento de 1986 en el paraje Quebrada de la Cancha, del III Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba.
Este tipo de “entrenamiento” fue realizado “en forma continua desde 1965 hasta 1990”, se interrumpió en 1992 y 1993, y volvió a aplicarse en 1994 hasta que fue erradicado definitivamente, según dijo a Página/12 el ministro de Defensa, José Pampuro.
En Córdoba, la fiscal Graciela López de Filoñuk inició, de oficio, otra investigación sobre la aplicación de tortura en los cursos de comandos. En esa provincia, además, María Elba Martínez, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), solicitó que la Justicia allane los predios militares de Quebrada de la Cancha y La Mezquita en busca de material probatorio de la utilización de torturas durante los entrenamientos. La abogada pidió una medida de “no innovar, a fin de que no se modifiquen los elementos existentes en la zona”.
En el escrito pidió “el secuestro de material administrativo y técnico que hubiese en el lugar tanto sobre órdenes y métodos escritos como instrumentos de tortura o semejantes” y señaló que “para el caso de que la autoridad del III Cuerpo se niegue a entregar la documentación solicitamos se pida la autorización al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Néstor Kirchner, presidente de la Nación”.
Martínez también reclamó a la Justicia que se investiguen posibles enterramientos en los mencionados terrenos del comando del III Cuerpo de Ejército.