Juan Martín Tonelli, pareja de la vicepresidenta Gabriela Michetti, recibió del gobierno porteño más de dos millones de pesos en contrataciones directas por “pauta publicitaria” en la revista JOY –sobre restaurantes gourmet– y “organización de eventos” como las “Sparkling Nights” –reuniones para catar champagne en hoteles cinco estrellas–. Así lo denunció el portal Nuestras Voces, de la legisladora porteña Gabriela Cerruti. La empresa de Tonelli facturó esa cantidad hasta el año 2014, según lo que fue publicado en el Boletín Oficial. Sus negocios con el Estado porteño, que el PRO gobierna desde hace más de ocho años, podrían ser aún mayores.

El nombre de Tonelli tuvo una publicidad imprevista en los últimos días, cuando tras conocerse que Michetti había sufrido el robo de 245 mil pesos y 50 mil dólares en efectivo que guardaba en su casa, la vicepresidenta debió explicar el origen del dinero. Aseguró que a los dólares se los había prestado su novio, y que los tenía para regalarle a su hijo una maestría.

Tonelli, que se presenta a sí mismo como un lobbysta (“hago relaciones gubernamentales”, ha dicho al ser entrevistado), desembarcó en el PRO como asesor de la Fundación Crecer y Creer, del presidente Mauricio Macri. La nota de Nuestras Voces lo describe como un emprendedor que organizaba “desayunos de oración” por las mañanas –así conoció a Michetti– y “eventos sobre placeres y vida gourmet” en las noches.

La empresa a través de la que se canalizaron los negocios con el gobierno porteño es Tough Match SRL, que creó con su hermano Carlos. La firma es propietaria de la web PlanetaJoy.com y la revista JOY, organizadoras a su vez de las ferias de vinos espumantes (o Sparkling Nights) en las que las bodegas ofrecen degustaciones de champagne en lujosos hoteles porteños. También hacen eventos de Bienestar Saludable y la feria al aire libre BAM (Buenos Aires Market).

Según la investigación del portal, el gobierno porteño le puso publicidad a la revista por al menos 823.628 pesos. El criterio con el que le dieron estos fondos dista de estar justificado: en la sección sobre salidas nocturnas, junto a una nota sobre variedades de cerveza, por ejemplo, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de Buenos Aires puso una página destinada a difundir la línea telefónica gratuita 102, destinada a recibir denuncias de los niños.

El portal revela que el Estado porteño también destinó dineros públicos a poner un stand en las Sparkling Nights. En este caso, la participación en el evento “donde famosas top models (y no tanto) se juntan con jóvenes empresarios a degustar vinos de alta gama”, fue realizada por medio de contrataciones directas, evitando licitaciones. “Tonelli facturó al Gobierno de la Ciudad por las noches de burbujas 565.280 pesos, sumando los 110.000 pesos de 2011 a los 455.280 pesos de 2013”.

Otras sumas fueron percibidas por la empresa por los BA Market. Estas ferias itinerantes de alimentos saludables, cuenta el artículo, “nacieron como un evento privado auspiciado por el Gobierno de la Ciudad, que le facilitaba predios y permisos. Pero rápidamente el Gobierno de la Ciudad contrató a la empresa de Tonelli como dueña de la ‘idea original’ del BA Market por 169.400 pesos por fin de semana, sumando un total de 338.800 pesos”.

“Sin embargo, desde hace dos años, el Gobierno de la Ciudad a través del Ente de Turismo gira por pago directo, a través de un mecanismo irregular y extraordinario de ‘caja chica especial’ para reconocimiento de servicios prestados, entre trescientos y quinientos mil pesos por fin de semana de feria a la empresa Castropol Comunicaciones por la organización del BA Market.”

A su vez, Castropol Comunicaciones es una empresa que se dedica a intermediar pauta (bolseros) con los gobiernos, y publica suplementos de salud para diarios del interior auspiciados por la Cámara de Medicamentos de Venta Libre (Capemvel), que dirige Tonelli.

Como lobbysta, Tonelli acumuló una serie de denuncias en la ciudad de Buenos Aires. Gestionó la colocación de una pantalla LED gigante para una publicidad de Coca-Cola frente al Obelisco, que el juez Andrés Gallardo le ordenó a Macri apagar por considerarla peligrosa. Como titular de Capemvel, consiguió que Macri vetara la ley de la ciudad que adhería a la prohibición nacional de venta de medicamentos libres en kioscos y supermercados.