Dos familliares de víctimas de la AMIA se sumaron ayer a la denuncia del abogado del PRO, Santiago Dupuy de Lome, quien acusó al ex canciller, Héctor Timerman por traición a la patria. Los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch, muy allegados a la DAIA y a la AMIA, argumentaron que el equipo tradicional de la Cancillería no intervino en las negociaciones y en el diseño del Memorandum de Entendimiento con Irán, lo que –según ellos– indica que Timerman se movió por las suyas, algo que consideran condenable, sin que se sepa por qué. Sin embargo, en los hechos, hubo participación de la experta jurídica de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, quien no sólo estuvo en las reuniones secretas que se hicieron con los iraníes –por ejemplo, en Zurich–, sino que fue al Congreso Nacional a argumentar sobre el Memorandum que después se convirtió en ley. La presentación de los familiares llama la atención sobre todo porque el Memorandum ya no existe, no se concretó ningún acuerdo con Irán, de manera que la única búsqueda parece ser una represalia contra el gobierno anterior o exhibir un alineamiento internacional con las derechas de Estados Unidos e Israel. Además, el texto de los familiares sirve para que Dupuy de Lome juegue con la idea de que “un canciller judío seguramente va a traicionar a la patria”.

El escrito de los dos familiares, que perdieron a sus hijas, Paola y Yanina, no es una nueva denuncia, sino “un aporte al expediente que instruye Claudio Bonadio”, según explicó el abogado de ambos, Juan José Avila. El letrado le dijo a Página/12 que tomó conocimiento de lo afirmado por tres periodistas, de Clarín y La Nación, que en sus artículos afirmaron que el equipo de Cancillería no había trabajado en el Memorandum. “No sé si es verdad, pero nosotros aportamos esos elementos porque nos parecen creíbles. Es muy grave que en algo tan delicado no hayan intervenido los especialistas de la Cancillería”. En el escrito presentado ayer –según consigna la Agencia Judía de Noticias–, se menciona que “es de inusitada gravedad que en lugar de consultar al servicio jurídico de Cancillería se haya consultado a Juan Martín Mena, por entonces subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)” (sic). La realidad es que el Memorandum se firmó en enero de 2013 y la AFI se creó en 2015. En la época de la elaboración del acuerdo con Irán, Mena no tenía nada que ver con los servicios de inteligencia sino que era el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y estaba a cargo de la Unidad AMIA de ese ministerio. En ese carácter participó del debate sobre el Memorandum después de su firma y no tuvo ninguna intervención antes.

Por su parte, Susana Ruiz Cerruti concurrió al Congreso Nacional el 14 de febrero de 2013. En la oportunidad acompañó a Timerman para explicar lo firmado con Irán, de acuerdo a lo que se puede leer en la transcripción del plenario del Senado disponible en www.parlamentario.com. La funcionaria, además, intervino en las reuniones que se hicieron con los diplomáticos de Irán, antes de firmarse el Memorandum. Los encuentros fueron secretos, pero luego se supo que una de las reuniones se hizo en Zurich y allí estuvo Ruiz Cerruti.

Tal vez lo más asombroso de la presentación de los dos familiares es que se sumaron a la denuncia del abogado del PRO, Dupuy de Lome, que eligió el delito de traición a la patria, el mismo por el que se procesó a Juan Domingo Perón en 1956. Se trata de una figura jurídica de tipo político que podría ser aplicada a cualquier dirigente del oficialismo o la oposición, por poner un ejemplo, a raíz del acuerdo con los fondos buitres. Incluso, un abogado acusó en 2015 a los dirigentes de la DAIA de traición a la patria.

La base de la denuncia de Dupuy de Lome fue un diálogo teléfono entre Timerman y el presidente de la AMIA, Guillermo Borger. La escucha fue convalidada por la Sala II de la Cámara Federal pese a que Borger dijo que él no grabó y Timerman tampoco, es decir, que se trató de una grabación clandestina. Pero, además, Timerman no dijo nada nuevo: afirmó que la bomba la puso Irán y por lo tanto había que negociar con ese país que los sospechosos se presentaran a declarar. Se trata de lo mismo que la justicia argentina y el propio Timerman decían públicamente.

Es llamativo que ayer los dos familiares y hoy la DAIA, que presentará un escrito, insistan con la cuestión del Memorandum. El acuerdo nunca estuvo vigente porque Irán no entregó su carta dando el visto bueno y porque la justicia argentina lo consideró inconstitucional. De manera que no se está buscando frenar una acción, sino esencialmente alguna represalia contra Timerman o la ex presidenta.

Pero, tal vez, lo más significativo sea exhibir un alineamiento internacional. Hoy, las principales potencias encabezadas por Estados Unidos firmaron un acuerdo con Irán sobre la base de una limitación al desarrollo nuclear persa. Ese tratado abrió las puertas a una vorágine de instalación de embajadas en Teherán, al reinicio de relaciones comerciales y al levantamiento de las sanciones existentes contra Irán. En el trasfondo está la lucha contra el terrorismo de Isis, enemigo de Irán. Quienes se opusieron y se siguen oponiendo al acuerdo con Teherán son la derecha norteamericana e israelí, y en el caso de la Argentina se pretende instalar que todo el que intente buscar un acuerdo –aunque sea para que declaren los imputados en el atentado– incurre en delito.

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