Las leyes del arrepentido y de extinción de dominio comenzaron con el pie izquierdo su tratamiento en el Senado. Ambas iniciativas, aprobadas de manera express en Diputados, recibieron varias críticas del bloque del FPV-PJ, que –a contramano de lo que pretende el Ejecutivo– anunció que se tomará su tiempo para analizarlas y le introducirá cambios. Los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, asistieron ayer al Congreso para defender esas propuestas pero se toparon con cuestionamientos del peronismo: “Son dos figuras extrañas al derecho continental y al derecho argentino, son tomadas del derecho anglosajón”, advirtió el jefe de la bancada, Miguel Pichetto, quien anticipó que ellos no aprobarán “leyes en 24 horas como ocurrió en la Cámara de Diputados”. Tras el paso por el Senado de los ministros y de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, comenzará hoy una ronda de consulta con especialistas como León Arslanian, Félix Crous, Ricardo Gil Lavedra, entre otros.

La ley del arrepentido así como la extinción de dominio son dos iniciativas acordadas entre el Frente Renovador, el radicalismo y el PRO. En Diputados obtuvieron 135 votos a favor y 50 en contra, en su gran mayoría provenientes del FpV. El Poder Ejecutivo había resuelto impulsarlas en el marco de la proliferación de causas contra el gobierno anterior y para mostrarse activo en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Sobre eso basaron ayer sus exposiciones tanto Garavano como Bullrich y Alonso. “Son herramientas muy usadas en la región”, afirmó el ministro y agregó que “su utilidad servirá para combatir a la criminalidad organizada”. “Si queremos ‘Pobreza cero’, necesitamos ‘corrupción cero’, ‘narcotráfico cero’ y ‘terrorismo cero’. La corrupción afecta a los derechos humanos. Y son los más pobres los más afectados”, sostuvo Alonso. Aunque no hizo uso de la palabra, también estuvo presente la secretaria de Asuntos Parlamentarios, Paula Bertol. De los expositores, Bullrich fue la más entusiasta: “Es muy importante que el ministerio de Seguridad tenga una herramienta para poder extinguir de manera rápida los bienes de los narcotraficantes”, aseguró la ministra, que durante su exposición lanzó una frase que se replicó irónicamente en las redes sociales. “Queremos darle al narcotráfico donde más le duele: el negocio de la droga”, dijo. Más allá de eso, el propio Garavano reconoció ayer que “no se está ante dos herramientas mágicas”.

La ley del arrepentido propone la ampliación de esa figura para los casos de corrupción. El acusado podrá solicitar acogerse a beneficios como reducción de penas a cambio de brindar información veraz para esclarecer delitos contra el erario público. La de extinción de dominio permite la apropiación por parte del Estado de bienes que se encuentran en el país y en el exterior y no fija plazo de prescripción para esa acción. Este proyecto fue duramente cuestionado por Pichetto, que no es precisamente uno de los senadores más críticos del oficialismo. “La media sanción de la Cámara de Diputados permite la extinción de dominio sin que haya condena”, alertó el senador por Río Negro y completó: “No se entiende porqué esa figura se coloca en el ámbito de la justicia Civil y Comercial, sin que tenga nada ver con el proceso penal”, donde se investiga la causa madre. La senadora kirchnerista Virginia García (FpV-Santa Cruz) advirtió que invertir la carga de la prueba sería inconstitucional porque rige en la Argentina el principio de presunción de inocencia, por lo cual sostuvo que habría que modificar el texto aprobado por Diputados.

Sobre la figura del arrepentido, el jefe del bloque mayoritario consideró que el proyecto “debe garantizar la confirmación objetiva de los dichos del arrepentido, para evitar que el arrepentido no venda humo ni que sus dichos sean parte de operaciones mediáticas”.

Desde la UCR, Julio Cobos se anticipó a los cambios que planteará la oposición y se mostró bien predispuesto. “Nosotros vamos a acompañar estas iniciativas pero estamos abiertos a los aportes que realicen desde la oposición para enriquecer estas leyes, porque entendemos que forman parte de la política de Estado y si queremos políticas de Estado en los temas de seguridad estas tienen que tener consenso”, sostuvo.