El ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, admitió que el Servicio Penitenciario de la provincia adquirió ocho picanas y señaló que eso ocurrió durante la gobernación de Eduardo Duhalde, en dos compras separadas. Dispuso, además, que esos “bastones eléctricos” y 15 escudos sean destruidos “en un lapso no mayor a las 48 horas”. El funcionario aclaró que nunca fueron utilizados.
“Los bastones eléctricos fueron, según la información que contamos, adquiridos entre 1993 y 1996”, dijo Di Rocco, aunque aseguró que desconoce los montos que se pagaron. Fueron adquiridos, agregó, como “objetos eléctricos disuasivos” para controlar revueltas y motines en las cárceles pero, sostuvo, “nunca fueron utilizados” ni con ese fin ni para obtener declaraciones de los presos porque el Servicio Penitenciario consideró “que no eran funcionales”.
Según la descripción que hizo Di Rocco durante una conferencia de prensa, las picanas en cuestión –aunque él relativizó que se trate de picanas debido a su voltaje– “producen una descarga de choque de nueve voltios, similares a los que se utilizan en los alambrados eléctricos en el campo”. Ahora están archivadas, dijo, en el arsenal central de la cárcel de Olmos. “El Servicio Penitenciario no tiene ningún otro elemento asimilable a estos bastones y escudos”, afirmó el ministro, que ordenó la destrucción de los elementos hallados.
La denuncia que generó la pesquisa se produjo en la Unidad Penal de San Nicolás, formulada por cuatro hombres con antecedentes de homicidios y robo. La hicieron un día después de llegar al establecimiento y les tocó intervenir a la fiscal Laura Fernández y al juez Carlos Alomar, aunque este último se inhibió en el caso.
“A partir de las denuncias presentadas hemos abierto un sumario interno en la Unidad Penal 3 de San Nicolás y si hay alguna conducta disvaliosa por parte de algún integrante del Servicio, será castigado según manda la ley”, aseguró Di Rocco.