En los últimos días el presidente uruguayo Jorge Batlle se mostró muy interesado por averiguar el destino de los 80 compatriotas suyos que, según sus cálculos, están desaparecidos en Argentina. Aunque varios organismos oficiales se encargaron de corregir la cifra en varias decenas, el propósito presidencial no deja de ser elogiable, sobre todo después de años de exhibir una notable indiferencia ante los reclamos de las víctimas y sus familiares. La Justicia argentina ya aclaró los casos en que se está desarrollando una investigación judicial que, por supuesto, están lejos de satisfacer la curiosidad presidencial. Pero Batlle tiene a mano un recurso seguramente más expeditivo: investigar en sus propias fuerzas armadas. Y si no sabe por dónde empezar, un minucioso informe incorporado a las causas sobre terrorismo de Estado que desarrolla el juez Baltasar Garzón en España le puede ser de particular utilidad.
El organigrama en poder del juez español, reconstruido en base a los testimonios de los sobrevivientes de la represión, la consulta de archivos periodísticos y de los organismos de derechos humanos y el aporte de algunos ex represores, brinda una larga serie de nombres a los que el presidente uruguayo podría consultar para empezar su investigación.
La información en poder de Garzón brinda precisiones acerca del funcionamiento del esquema represivo uruguayo y destaca el rol cumplido por el SID, Servicio de Información de Defensa, que dependía directamente de la Junta de Comandantes y estaba integrado por miembros de las diferentes fuerzas de seguridad uruguayas. También identifica a varios represores de ese país, además de revelar los lazos entre la dictadura de Uruguay y Argentina en el marco del Plan Cóndor. Al respecto, señala que los uruguayos comenzaron a operar en Argentina aún antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y que, después de esa fecha, personal del SID se instaló en el campo de concentración conocido como “Automotores Orletti”, que se constituyó así en el primer polo argentino de la Operación Cóndor, donde se secuestraron, torturaron y asesinaron a prisioneros uruguayos.
Del otro lado del Río de la Plata, en ese Operativo confluyeron el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y el SID. Justamente aparece entonces la responsabilidad del teniente coronel Gavazzo, primero subjefe y luego jefe del Departamento 3 del SID, y del coronel Silveira, adscripto al Departamento 2, que coordinaban y además casi siempre ejecutaban los operativos represivos.
Según la reconstrucción realizada por los testimonios, el personal de la SID se dedicó también al traslado de prisioneros uruguayos hacia su país –y de algunos argentinos como en el caso de la nuera embarazada del poeta Juan Gelman–, y al secuestro y desaparición de menores, ejemplificado en el caso de Simón Riquelo, capturado con apenas 20 días de edad junto con su madre Sara Méndez y robado luego de su detención.
Si la memoria de los represores asignados a tareas en la Argentina falla, Batlle podría también recurrir a los que se ocuparon de continuar la faena en Uruguay. Allí el “300 Carlos”, como se conocía al Batallón 13 de Infantería, era el encargado del asesinato y desaparición de prisioneros. Según los papeles en poder de Garzón, y a los que podría recurrir Batlle, de él dependía la Base Valparaíso, ubicada a corta distancia del Zoológico de Montevideo, donde se recluía a los prisioneros que no iban a ser reconocidos como tales para ser posteriormente asesinados.