La ex presidenta Cristina Kirchner recusó por “enemistad manifiesta” al juez Claudio Bonadio en la investigación de la sociedad Los Sauces. “Ejercer en su juzgado siquiera mínimamente el derecho de defensa resulta una verdadera utopía”, señaló luego de repasar causas en las que Bonadio fue apartado por la Cámara Federal por un amplio abanico de irregularidades. En la causa Hotesur, en tanto, la ex jefa de Estado rechazó los cargos y reclamó su sobreseimiento, sobre el que debe pronunciarse el juez federal Julián Ercolini.

Cristina pidió el apartamiento de Bonadio en la causa por el supuesto alquiler ficticio de propiedades en la sociedad Los Sauces a empresarios beneficiados con obras públicas, en la que está imputada por cohecho y enriquecimiento ilícito junto a su hijo Máximo y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. Si el juez insiste en seguir al frente del caso, el planteo deberá ser resuelto por la Cámara Federal.

“¿Es posible que usted pueda desempeñar su rol con ecuanimidad respecto a mi persona?”, le planteó el juez luego de analizar su intervención en distintas causas y sus dichos a la prensa cuando sus superiores le quitaron la causa Hotesur. “La decisión de la Cámara generó una violentísima reacción de su parte, lanzándose a los medios de comunicación para así manifestarlo, en particular ante aquellos medios hegemónicos que ahora orquestan la incesante campaña de hostigamiento que vengo padeciendo”, recordó.

El escrito que firmó su abogado Carlos Beraldi recuerda que Bonadío fue nombrado como uno de los “jueces de la servilleta” al servicio del menemismo y que le quitaron la causa por las irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA por sus vínculos con el ex ministro del Interior, Carlos Corach. En 2002, cuando pretendió investigar las llamadas de un periodista del Financial Times para conocer sus fuentes de información, la Cámara declaró en duros términos la nulidad de todo lo actuado y pidió que interviniera el Consejo de la Magistratura, apuntó y graficó con un artículo de Página/12. La ex presidenta mencionó también la recusación pedida por los dueños de La Nación, Bartolomé Mitre y Julio Saguier, y ordenada por la Cámara, en una causa iniciada por el espía Jaime Stiuso a partir de notas sobre irregularidades en la causa AMIA. Cristina publicó también un facsímil de La Nación sobre el apartamiento y advirtió “cómo ha cambiado la opinión de estos medios periodísticos sobre su actuación cuando no son ellos las víctimas de sus arbitrariedades”. Por último apuntó que ella misma lo denunció por su actuación en la causa “dólar futuro”, “un verdadero leading case en materia no sólo de arbitrariedad sino también de prevaricato”. Apuntó que el expediente fue usado “como una pantalla para encubrir a los verdaderos responsables de la operatoria del dólar futuro”, por el presidente Mauricio Macri, sus familiares y empresarios allegados.

“Usted mantiene una clara animosidad en mi contra” que surge “no sólo de las numerosas y graves arbitrariedades cometidas en mi contra en causas a su conocimiento, sino igualmente con motivo de su propia conducta extraprocesal adoptada hace aproximadamente un año”, destaca luego. “En los últimos días siguió haciendo vaticinios sobre si voy a ir o no presa, mostrando una vez más el nivel de descomposición al que ha llegado”, agregó.

En la causa Hotesur, en tanto, Cristina descalificó por “absurdas” y con “malicia” las críticas de la denunciante, la diputada Margarita Stolbizer. “No se trata de alquileres ficticios”, dijo sobre los alquileres de habitaciones en sus hoteles a los empresarios Baéz y López y a la empresa Aerolíneas Argentinas. La ex presidenta dijo que se pagaba un “canon fijo mensual” y no un alquiler por cada habitación rentada. “En lo que hace a los reiterados y mediáticos intentos de vincular simples contratos de locación de inmuebles de nuestra propiedad con presuntos ‘retornos’ provenientes de la obra pública, las cifras de unos y otras muestran palmariamente el absurdo y la malicia de las denuncias”, agregó en el escrito ante Ercolini. Detalló que entre 2003 y 2015, durante los tres períodos presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner, “se realizó obra pública por un total de 107.825 millones de dólares, que fueron ejecutados por decenas de empresas contratistas del Estado donde resulta importante señalar que las dos empresas denunciadas en forma permanente no encabezan precisamente el ranking por montos ejecutados”. Esta causa está delegada en el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien ordenó medidas y prepara un dictamen en el que pediría la indagatoria de la ex mandataria y otros imputados.