Las asambleas del Conurbano resisten mientras la persecución y los ataques que intentan quebrantarlas van en aumento. Tres matones se plantaron hace una semana con una cámara en medio de la reunión de vecinos de Padua y filmaron todo. A Gladys Quinteros, una de las organizadoras de la asamblea de Merlo, le quemaron parte de su casa. Cinco de sus compañeros fueron interceptados por policías que les mostraron fotos suyas bajo la amenaza de “acusarlos de agitadores”. Los caceroleros que habían ido a apoyar una protesta de médicos del hospital de San Isidro fueron perseguidos por una patota que los molió a golpes dentro de los tribunales donde iban a denunciarla y frente a la policía. Estas y otras aberraciones fueron denunciadas ayer por delegados barriales en una audiencia convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados. Escenas similares empiezan a aparecer en Capital Federal.
La metodología, coincidieron varios vecinos, se repite en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Se exacerba, dicen, allí donde está más asentada la estructura política tradicional dominada por el justicialismo, que ve en los caceroleros una sombra. El episodio más brutal que se conoció fue en Merlo, el 22 de febrero, cuando una patota se abalanzó sobre el primer cacerolazo que tuvo el municipio cuyo jefe político es Raúl Othacehé, un hombre del entorno del presidente Eduardo Duhalde. Los atacantes eran casi tantos como los caceroleros. Escenas similares se reprodujeron en otros puntos del Conurbano: bandas que irrumpen durante o al final de las protestas, llegan con palos y cadenas y agreden a los manifestantes –grandes, chicos y abuelos– con golpes, piedras e insultos. La policía dice que no puede hacer nada. Los patrulleros después aparecen merodeando las asambleas. Algunos autoconvocados reciben amenazas telefónicas o son increpados en medio de la calle por desconocidos. Y así todas las semanas.
“Pedimos por favor que se investigue”, imploró, vestida toda de negro, Alejandra Brito, de la asamblea de Bajo Boulogne. A un costado la escuchaban los diputados Alfredo Bravo (ARI), que preside la comisión, Luis Zamora (AyL), Patricia Walsh (IU), Marcela Bordenave (ARI) y Atilio Tazzioli (Frente Grande), entre otros. Alejandra tomó aire y relató: “Al desconcentrarnos después de manifestarnos en el hospital de San Isidro, nos persiguieron varios hombres en una camioneta. Fuimos hacia tribunales a denunciarlos y vinieron detrás nuestro. Aparecieron mientras les explicábamos todo a los policías de la entrada y les dijeron nos seguían por orden de la Municipalidad. Les pedimos que se quedaran a declarar eso y los tipos empezaron a tirar golpes. La policía los dejó ir. A la tarde reaparecieron en la asamblea de Villa Adelina y agredieron físicamente. El intendente es radical, pero los ataques son iguales en todas partes.”
Gladys Quinteros refrescó la violencia que envolvió a Merlo, “la policía disparando al viento” y el incendio de su casa. Tiene pelo corto y una camisa de cuello con puntillas. Se la ve indignada. El hostigamiento se reproduce, dice. “A mi hermana la amenazaron de muerte en la estación Querandí, han filmado nuestra asamblea a pesar de que votamos que se fueran, la policía merodea nuestras reuniones y ya han parado a cinco asambleístas, les mostraron sus fotos y les advirtieron que serán acusados de agitadores”, contó. “Exigimos que las autoridades elegidas por el pueblo trabajen para garantizar nuestros derechos”, exclamó. Los reclamos ante la gobernación de Felipe Solá, dijeron los presentes, fueron en vano.
“Vivimos con miedo por nuestra integridad física”, agregó Pablo Soler, de Padua, después de contar cómo fue filmada la asamblea del lunes 11 de marzo.
La Comisión de Derechos Humanos prometió reunirse con el gobernador Solá. La salida es difícil de imaginar cuando el propio Duhalde amenazaque “no se puede gobernar con asambleas”, y su ministro de Justicia, el radical Jorge Vanossi, dice que “la sociedad olvida sus deberes”.