Hoy es el día en que el Gobierno debería anunciar su nuevo candidato o candidata para la Corte Suprema, según las pautas de tiempo que el Presidente fijó. “No sé si llegamos, hay que ajustar unas cositas. ¿No será que los treinta días se cumplen el lunes?”, ponía en duda entre sus colaboradores el ministro de Justicia, Gustavo Beliz. Las idas y vueltas con los plazos dieron aire en las últimas tres semanas a Néstor Kirchner para despejar dudas sobre los postulantes favoritos y sobre cuán firme es la destitución de Eduardo Moliné O’Connor, el supremo a reemplazar. Parece que K. ya eligió el nombre y, según una versión cercana al gabinete, quizá se conozca antes de que viaje el lunes a la noche a España.
Apenas comenzaba el año, el jefe de Gabinete Alberto Fernández anunciaba que anunciaría lo que (todavía) no anunció. Todo hacía pensar que el nuevo nombre para la Corte llegaría pocos días después de que presentaron el de Carmen Argibay. Todavía sigue el enigma, aunque la elección presidencial recaería otra vez sobre una mujer y podría apostar a un perfil de juez más de centro o conservador, en comparación con las personas que impulsó hasta ahora.
En todo este tiempo, en el Gobierno y alrededores se volvieron expertos en repetir que “la decisión es exclusiva del Presidente, que sólo la comparte con Cristina”. “Y con suerte con Alberto Fernández”, agregan otras voces. A Beliz hubo quienes lo escucharon quejarse: “Seguro que Kirchner me va a llamar 20 minutos antes para pedirme que haga el anuncio y diga que lo estuve meditando durante días”. Por lo que pudo saber este diario, ayer el titular de Justicia ya estaba en tema apurando trámites.
De la lista de potenciales juezas de la Corte, la única que llegó a tener una entrevista con el propio Kirchner fue la camarista civil Elena Highton de Nolasco, a fines de diciembre. Había ido a ver al jefe de Gabinete, con quien se conoce hace tiempo, y después de un rato de charla Fernández le abrió la puerta mágica que conecta su despacho con el del Presidente, relató un funcionario. Highton es experta en mediación y en la comunidad jurídica la describen como una representante orgánica de la corporación, de pensamiento conservador, que apoya las listas de derecha de la Asociación de Magistrados. Parece que también les cae bien a Beliz y al ministro de Economía, Roberto Lavagna. Y dicen otros rumores que la avalan la embajada norteamericana y la Iglesia.
También pasó por la Casa Rosada, aunque por otras oficinas, la jueza del superior tribunal bonaerense Hilda Kogan, quien despertó interés por su desempeño tendiente al consenso en esa Corte y por su prestigio en el campo del Derecho Laboral, una especialidad vacante desde que renunció Guillermo López. Tiene apoyo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que desde los tiempos del gobierno de Eduardo Duhalde reclama que algún juez de la colectividad judía integre el tribunal. Kogan es, además, docente y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces.
La jueza del superior tribunal de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci, también estuvo en las lucubraciones del oficialismo, que vio con interés –entre otras cosas– su trayectoria y un fallo que firmó a favor de la pesificación. En la danza de candidatas se viene destacando también la constitucionalista rosarina Ana María Figueroa, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. También del Derecho Constitucional, pero mucho más conservadora, se mencionó a María Angélica Gelli, que no podría votar en temas del corralón ya que ella misma ganó un amparo. A la izquierda de todas, tuvo más de una mención la jueza de la Corte porteña, Alicia Ruiz.
En el Gobierno la propuesta se demoró porque Kirchner no encontraba a nadie que lo convenciera del todo y porque, ante amenazas de la defensa de Moliné, intentó asegurarse la firmeza de la destitución, apelada en la Corte. El plazo que establece el decreto 222 es de 30 días para postular a alguien desde que se produce una vacante en la Corte. Para Argibay, Kirchner contó días corridos. Esta vez contabiliza días hábiles. Eltérmino se cumpliría hoy si se cuenta desde el día de la destitución de Moliné, pero sería el lunes si la referencia es el día de la notificación. “El Presidente puede tomarse más tiempo si quiere, un decreto se arregla con otro decreto”, aclaran en el Ejecutivo. Con todo, dicen, su voluntad sería cumplir con la norma tal como la firmó y la definición está cerca.