La Ford Motor Company deberá defenderse en propio territorio norteamericano, acusada de haber colaborado con la represión ilegal durante la última dictadura argentina. La demanda, que será presentada hoy ante una Corte Federal de Los Angeles, sostiene que la empresa automotriz fue partícipe en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron dentro de su planta de General Pacheco. Entre 1976 y 1978, veinticinco delegados gremiales fueron secuestrados en sus puestos de trabajo y luego torturados en el campo de deportes de la misma fábrica que funcionó como centro clandestino de detención. Dos de los obreros continúan desaparecidos.
Los secuestraron dentro de la planta, les ataron las manos con alambre, los encapucharon y los llevaron al Quincho. Después de golpearlos y amenazarlos durante cinco horas, los trasladaron en un camión de la empresa hacia la comisaría primera de Tigre donde los mantuvieron desaparecidos por varios meses. Las cárceles de Villa Devoto y de La Plata fueron su siguiente destino por más de un año. Según los testimonios recogidos, éstas fueron algunas de las circunstancias que tuvieron que soportar los veinticinco delegados de la Ford arrancados de su lugar de trabajo a la vista de compañeros y de sus propios jefes.
La demanda será presentada hoy por el abogado argentino Tomás Ojeda Quintana y el norteamericano Paul Hoffman –ex presidente de Anmistía Internacional– ante una Corte Federal del país de origen de la multinacional. En ella aseguran que las autoridades de la automotriz no sólo sabían de los procedimientos y de la existencia de un búnker del grupo de tareas militar dentro de la planta sino que además participaban activamente de la entrega de los trabajadores a las fuerzas de seguridad. La acusación considera que la empresa Ford fue así partícipe de los crímenes de persecución, tortura y desaparición forzada de sus empleados. Si bien la mayoría de los secuestrados fueron dejados en libertad tras pasar meses detenidos en centros clandestinos y en la cárcel, jurídicamente se los considera desaparecidos durante el tiempo que el Estado los mantuvo cautivos y negó información de sus paraderos a la familia.
“Probaremos que la automotriz se valió de una coordinación con la dictadura para desarticular la actividad gremial y así obtener una mayor tasa de ganancia y concentración económica”, explicó a Página/12 el abogado argentino. La demanda, que es apoyada por importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos de Estados Unidos, también intentará demostrar que las autoridades de la planta de General Pacheco –en la que estuvo varias veces de visita Henry Ford III– no colaboraron con los militares por decisión propia sino en el marco de una política internacional de la compañía. “Ya durante la Segunda Guerra se acusó a la Ford Werke, sede alemana de la automotriz, de haber pactado con Adolf Hitler el intercambio de vehículos por prisioneros de guerra, para utilizarlos como mano de obra gratuita en sus plantas”, recordó Ojeda Quintana.
La existencia de un centro clandestino de detención dentro de la fábrica Ford fue denunciada en 1998 en un informe que elaboró la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para presentar ante el juez Baltasar Garzón en el juicio contra los represores argentinos en España. Cuatro años después de esa denuncia, y en base al testimonio que Pedro Troiani, uno de los obreros secuestrados, brindó en el Juicio por la Verdad de La Plata, el fiscal Félix Crous acusó en la Justicia Federal argentina a los militares, policías y directivos de la empresa de haber participado en la represión de los trabajadores.
El caso Ford fue paradigmático para la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que en sus informes describió detalladamente el accionar represivo contra los delegados de la automotriz. Según las denuncias, el secuestro de obreros, muchas veces gracias a la complicidad de las autoridades de las fábricas como indican las denuncias de los casos de Mercedes Benz y Acindar, se llevó a cabo para “desarticular a la clase trabajadora”, que finalmente representó más del 60 por ciento de los treinta mil desaparecidos.
La demanda que se presentará hoy ante la Corte norteamericana y que será rechazada de manera firme por más de treinta abogados que defienden a la empresa, apunta a demostrar que existió connivencia entre empresarios y Fuerzas Armadas y que ésta se debió, precisamente, a razones económicas.

Informe: Martina Noailles.