Sáb 24.01.2004

EL PAíS  › TRABAJADORES Y PIQUETEROS CORTARON UNA CALLE

Todos unidos contra Rodolfo Daer

Una protesta de trabajadores y piqueteros cortó la calle frente al Sindicato de la Alimentación de la Capital Federal, que lidera Rodolfo Daer, para oponerse a la realización de un congreso en el que, según los manifestantes, el gremialista se otorgó “superpoderes”. El congreso se realizó de todas maneras, aunque a puertas cerradas y mientras quedaba afuera una parte del Consejo Directivo y de los congresales.
En la movilización participaron las comisiones internas de Terrabusi, Stani, Pepsico y trabajadores de otras empresas alimenticias como Felfort, Quaker, Bagley y La Salteña, junto a desocupados de la Corriente Clasista y Combativa.
Molesto con la medida, Daer dijo que los manifestantes no eran trabajadores sino “piqueteros que están siendo usados políticamente” y que fueron llevados a la puerta de su sindicato “con pecheras y garrotes”.
El dirigente sostuvo que el congreso fue “totalmente legal” y que “la mayoría de los delegados gremiales, los congresales y miembros del Consejo apoyan en forma masiva el accionar de la conducción”.
Sin embargo, el secretario adjunto del gremio Fernando Giménez calificó al congreso como “totalmente ilegal y ‘trucho’”, y advirtió que su sector se presentó ante el Ministerio de Trabajo para impugnarlo y que recurrirán a la Justicia.
Según Giménez, por la concentración “no entró nadie” al sindicato, por lo que Daer “no pudo haber reunido la mitad más uno” del total de 115 congresales necesarios para celebrar el cónclave.
Los opositores a Daer se apostaron desde las 8 frente al edificio del Sindicato de la Alimentación, ubicado en la calle Estados Unidos 1532, donde quemaron neumáticos.
Ramón Bogado, de la comisión interna de Terrabusi, dijo que la modificación del estatuto impulsada por Daer “le restará representantes a las fábricas grandes” del sector, donde la oposición es más fuerte. Por su parte Leonardo Norniella, delegado de Pepsico, señaló que entre los cambios hay “una serie de trabas para impedir que los delegados de las comisiones internas hagan denuncias ante el Ministerio de Trabajo”.

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