El fiscal federal de Bahía Blanca, Antonio Castaño, consideró que las pruebas reunidas contra Lázaro Báez en la causa por presunta evasión de impuestos con facturas truchas permitirían afirmar que existió una “asociación ilícita fiscal”. “Llegamos a la conclusión de que empresas afines al grupo Báez fueron beneficiadas por la gente de la AFIP local dado que nunca se las fiscalizaba como correspondía”, aseveró Castaño. El fiscal redactó un dictamen en el que pide las indagatorias del empresario, de su hijo Martín, de otros siete empresarios y un contador.