El Consejo de la Magistratura, decidió por mayoría quitarle al Frente para la Victoria un lugar que ocupaba en la Comisión de Disciplina y Acusación, que es la que tiene la facultad de impulsar o desestimar juicios políticos a jueces. Ese lugar le correspondía al diputado Héctor Recalde, quien renunció a su cargo en el organismo, y fue reemplazado por Rodolfo Tailhade. Pero el legislador del PRO Pablo Tonelli lo reclamó para él y el plenario se lo concedió. Entre los expedientes más sensibles cuya instrucción tenía a cargo Recalde había dos expedientes contra el juez federal Claudio Bonadio, según recordó Tailhade.

La Comisión de Disciplina y Acusación tiene nueve integrantes. Con el desplazamiento de Tailhade, quedan sólo un senador de la misma fuerza, Ruperto Godoy, y el representante académico, Jorge Candis, encolumnado con el FpV. Está todo dado, entonces, para que el macrismo controle las decisiones de esta comisión, que son claves: ya sea de “blindar” a determinados jueces ante el posible proceso de remoción, o exponer a otros que no agraden al partido gobernante.

Tailhade, quien quedó en la comisión de Administración, dijo que “se trata de una cuestión política”. Pero como en el plenario votaron su desplazamiento también jueces y abogados, les preguntó especialmente a ellos cuál era la explicación de la iniciativa, y nadie le dio respuesta. Los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes se quedaron mirándolo. Sólo la jueza Gabriela Vázquez, quien votó por su permanencia, y Candis, argumentaron que se debe mantener un equilibrio de fuerzas en todas las comisiones.

Los expedientes contra Bonadio que estaban a cargo de Recalde eran dos: uno, vinculado con su actuación en la causa sobre el accidente de Once, en particular, por los dos días transcurridos hasta el hallazgo del cuerpo de Lucas Menghini Rey. El otro, era una denuncia del ex representante del Poder Ejecutivo, Julián Alvarez, quien mostró una cadena de situaciones en las que Bonadio activaba medidas de investigación contra miembros de la familia Kirchner o funcionarios del gobierno anterior cuando el Consejo avanzaba en algunas de las causas en su contra.

Entre otras de las cuestiones que se discutieron ayer, hubo un pedido de la senadora Virginia García para solidaridarse con la jueza Martina Forns, quien sufrió amenazas después de haber firmado un fallo que suspendió el tarifazo. La mayoría de los consejeros se negaron. Tonelli incluso procuró despegar las amenazas de las declaraciones que hizo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en su exposición en el Congreso. Aranguren nombró específicamente a la jueza.