La Unidad Fiscal de delitos de lesa humanidad de La Plata junto con Prefectura y peritos de la Procuración General de la Nación secuestró ayer documentación del Hospital Penitenciario 1 de Ezeiza en el marco de la investigación para determinar si el Servicio Penitenciario Federal (SPF) falseó datos sobre la salud de Miguel Etchecolatz con el fin de facilitar su estrategia para obtener el arresto domiciliario. La medida había sido pedida por los fiscales Juan Martín Nogueira, Marcelo Molina y Hernán Schapiro, quienes alertaron sobre la “diferencia notable” entre los 67 kilos de peso del ex policía que el Cuerpo Médico Forense registró en abril y los supuestos 73 kilos que los médicos penitenciarios apuntaron el 25 de julio, cuando en teoría comenzó una huelga de hambre que –siempre según el SPF– le hizo bajar ocho kilos en 18 días. El represor que acumula seis condenas por delitos de lesa humanidad obtuvo dos fallos del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que le concedieron el arresto en su casa pero sigue en la cárcel por resolución del juez Ernesto Kreplak, quien lo investiga por más crímenes y le negó el beneficio en línea con las pericias del Cuerpo Médico Forense. La Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj consideró tanto la resolución de Kreplak como el voto en disidencia del juez Roberto Lemos Arias en su pedido de revocatoria de la domiciliaria de Etchecolatz, en el que destacó como “errónea” la interpretación que sugiere la “automaticidad” del beneficio a los 70 años.

Los abruptos cambios de peso de Etchecolatz fueron advertidos por abogados de organismos de derechos humanos de La Plata. “Podríamos encontrarnos ante una posible estafa a la administración de justicia a través de la falsedad ideológica de los informes remitidos a la causa” por médicos del SPB, apuntaron los fiscales en su denuncia. El dato clave es un informe de abril del CMF según el cual Etchecolatz pesaba 67 kilos. Tres meses después, cuando la domiciliaria concedida por Germán Castelli y Jorge Michelle no se concretó y el policía informó que iniciaba una huelga de hambre, los médicos del SPB apuntaron 73 kilos. “Se consignó a partir de allí una escala decreciente en su peso, como supuesta consecuencia de la medida, que lo llevó a perder 8 kilos al 12 de agosto”, se permitieron dudar. “La gravedad de lo advertido” cobra mayor relieve si se considera que para dictaminar ante cada pedido de Etchecolatz jueces y fiscales basaron su opinión “en tales informes del Servicio Penitenciario, confiando en la buena fe de lo consignado”, agregaron, y recordaron que el TOF-1 rechazó el pedido para que volviera a dictaminar el CMF antes de concederle el beneficio.

A partir de la denuncia, Kreplak pidió todos los informes y exámenes médicos y psicológicos de Etchecolatz de los últimos 18 meses. Al mismo tiempo libró una orden de presentación con allanamiento en subsidio en el Hospital de Ezeiza (léase allanar si no se entrega voluntariamente lo pedido) para obtener la historia clínica y demás documentos probatorios. Del operativo participaron el fiscal Nogueira, peritos de la Procuraduría de Violencia institucional (Procuvin) y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El material secuestrado incluyó cuatro tomos de historia clínica del represor, dos del libro de enfermería, los libros de guardia y de novedades, un “registro de control de huelga de hambre”, un legajo judicial de Etchecolatz y datos registrados por médicos nutricionistas.

La domiciliaria concedida por el TOF-1 fue apelada por los fiscales ante la Cámara de Casación. La negativa de Kreplak fue apelada por la defensa del represor ante la Cámara Federal platense. La novedad de la semana fue el pedido de revocatoria de la Secretaría a cargo de Avruj, que consideró “arbitraria y parcializada” la interpretación de los jueces Castelli, Michelle y Alejandro Esmoris, y destacó que Etchecolatz “puede seguir cumpliendo su detención en el lugar donde se halla alojado”. Apuntó que sólo Lemos Arias “se ciñó a los informes médicos” y que “los acontecimientos que sobrevinieron a la huelga de hambre no pueden ser razón fundada” para concederle la domiciliaria. “No puede en ningún caso resultar un beneficio para una persona condenada, el hecho de autoinflingirse lesiones”, enfatizó. “Fundar el beneficio del arresto domiciliario en que Etchecolatz habría superado holgadamente la edad establecida por la norma, deviene arbitrario”, criticó la interpretación del voto mayoritario, y recordó que “el requisito etario es sólo un elemento más que la judicatura debe mensurar con las circunstancias integrales que rodean el caso y no, como se pretende, establecerse como elemento objetivo para la concesión del beneficio”.