EL PAíS › LA INVESTIGACION SOBRE LA CASA DEL EX SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
El juez Daniel Rafecas amplió la imputación del ex funcionario por enriquecimiento ilícito. Procesó a su esposa, María Amalia Díaz, y a los dos empresarios considerados testaferros. La situación de las religiosas.
José López volvió a ser procesado, esta vez por la casa de Dique Luján valuada en 700 mil dólares desde donde salió con los bolsos colmados de casi 9 millones de dólares rumbo al convento de las monjas orantes y penitentes, en General Rodríguez. Pero además de ampliar su imputación por enriquecimiento ilícito, el juez Daniel Rafecas también procesó a la esposa del ex funcionario, María Amalia Díaz, como partícipe necesaria y a los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, considerados testaferros, al aparecer como falsos titulares del inmueble. Rafecas elevó a 220 millones de pesos el embargo sobre los bienes de López. A la hermana Celia Inés Aparicio le dictó falta de mérito. A su vez, hizo una denuncia por posible desvío de fondos del Ministerio de Planificación al Arzobispado de Mercedes-Luján, en los años previos al fallecimiento del obispo Rubén di Monte, en abril último.
Para Rafecas no hay dudas de que la inmensa casa del partido de Tigre perteneció siempre a López, aunque en los papeles figura Galera como su titular entre 2008 y 2010 y Gutiérrez desde ese año en adelante. Según el juez, el ex secretario de obras públicas siempre tuvo la actitud de un propietario, no de un inquilino. Por ejemplo, encargó y mandó a construir un nuevo ambiente destinado a funcionar como gimnasio al costado de la vivienda. Pero incluso antes, junto con su esposa controlaron el progreso de toda la obra, desde la demolición del casco hasta la finalización, en un proceso que se extendió durante dos años. Además, hay un detalle que tiene que ver con el diseño del contrafrente, que la pareja mandó a hacer a imagen y semejanza de la vivienda que tienen Río Gallegos. Díaz era quien le daba las directivas al arquitecto Federico Curcio. El Centro de Información Judicial (CIJ), el sitio de noticias judiciales de la Corte Suprema, publicó una foto de cada casa, una al lado de la otra, como para mostrar la similitud.
Respecto al papel de Díaz, la resolución señala que ella conocía perfectamente que el origen de los fondos para la adquisición y acondicionamiento de la vivienda no se correspondían con los ingresos de su esposo como secretario de Obras Públicas. En las horas previas a que López fuera detenido al llegar con los bolsos al monasterio, ella había estado en contacto por teléfono con las monjas, que lo estaban esperando con la excusa de un supuesto retiro. En una inspección en la casa de Dique Luján, el juez Rafecas corroboró que en una especie de entrepiso debajo del tanque de agua y por encima de la habitación donde dormía el matrimonio, era el lugar donde López escondía dinero. Se accedía desde la habitación por una escalera plegable de metal y se ingresaba por una pequeña puerta, como si fuera un altillo. Rafecas llegó al escondite en función de lo que relató López en su segunda declaración indagatoria (en la primera se negó a contestar preguntas). Cuando habló del dinero sostuvo: “no me pertenecía, ese dinero pertenecía a la política. Y yo, cuando tenga la fortaleza física, psicológica y espiritual necesaria, voy a dar todos los detalles”. Más allá de la frase rutilante, no dio detalles ni nombres ni precisiones.
La hermana Inés Aparicio recibió por ahora falta de mérito, aunque su defensa reclama el sobreseimiento. Ella fue quien le abrió a López la puerta y lo ayudó a entrar los bolsos. Pero según Rafecas no hay ninguna prueba que la comprometa en un posible encubrimiento. La madre Alba Día de España Martínez Fernández, de 95 años, que es la superiora, podría ser declarada inimputable, con un estado “demencial moderado”. La hermana María Martha González, quien también estaba la noche de la llegada de López, está citada como testigo para el lunes 12. Como en la inspección que hizo en el establecimiento el juez secuestró documentos que dan cuenta de convenios, pedidos y concesiones de dinero de la secretaría de Obras Públicas, en lo que aparece como un vínculo fluido con el arzobispado de Mercedes-Luján, que encabezaba el fallecido obispo Di Monte, Rafecas hizo una denuncia para que se investigue si hubo irregularidades en el manejo de los fondos suministrados.
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