El control del espectro radioeléctrico quedará “como un derecho indelegable del Estado”, esto es; no volverá a ser privatizado. Este ha sido el primer caso de estatización de un servicio entregado a manos privadas. Y esa decisión fue confirmada por el Gobierno el mismo día en que se firmó el decreto que anula la concesión del “Servicio de comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico” que favorecía a la firma francesa Thales Spectrum, a quien acusó de no haber cumplido “en un 70 por ciento” los compromisos asumidos, tanto en materia de inversiones mínimas como de pago del canon, y de haber provocado un perjuicio al Estado por 302 millones de pesos. Como contrapartida, desde el otorgamiento de la concesión en 1997, la empresa habría registrado ganancias extraordinarias, incluso comparadas con el resto de las privatizadas, que alcanzarían una tasa interna de retorno del 145 por ciento, lo que hace presumir un enriquecimiento sin causa que será investigado penalmente. Las graves irregularidades existentes en materia de control y seguimiento de la concesión ya habían sido detectadas en 2001 por un informe de la Auditoría General de la Nación.
El desempeño de Thales Spectrum de Argentina (TSA) concentra, al límite, las peores características de las privatizaciones de los ‘90: la transferencia de una actividad monopólica a un grupo privado, una licitación en la que el único competidor fue rechazado, flagrante incumplimiento de inversiones y cánones, falta de control estatal, ganancias extraordinarias y graves sospechas de connivencia entre la empresa y funcionarios. Los hechos no son nuevos. Fueron puestos en evidencia por un informe de la Auditoría General de la Nación presentado en 2001. En base a este informe, la nueva administración intimó a la firma, pero las respuestas de la empresa fueron, según el Gobierno, “irrisorias”. A principios de 2003, TSA había presentado una propuesta de mejoramiento técnico operativo y un Proyecto Ejecutivo que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) consideró inaceptable por no ajustarse a los términos contractuales.
En la conferencia de prensa que compartió con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para anunciar la caída de la concesión, en la que se enumeraron los incumplimientos de la firma francesa, el ministro de Planificación, Julio De Vido, justificó la decisión del Gobierno y destacó la existencia de “un perjuicio fiscal al Estado cuya gravedad se está comprobando en distintas instancias”, pero que calculó en “una suma de valores nominales de 302 millones de pesos para el período entre el 1º de julio de 1997 y el 31 diciembre de 2003, más actualizaciones”. Ello se debió a que existió “un sistema de recaudación extrapresupuestario que excede la tasa promedio anual de rentabilidad que obtuvieron los sectores productivos e individualmente el sector de servicios públicos para el período 1997-2001”. Por ello, De Vido, confirmó que la Oficina Anticorrupción inició acciones penales contra la firma francesa.
El ministro destacó que “la lectura que debe hacerse es que el Estado, a través de sus organismos de control, está dispuesto firmemente a hacer cumplir los contratos de concesión, fundamentalmente en materia de servicios públicos, mucho más aún en aquellos servicios que son monopólicos”.
La privatización del control del espectro radioeléctrico fue una de las privatizaciones tardías del gobierno de Carlos Menem, en 1997, cuando Germán Kammerath ocupaba la titularidad de la CNC. Se trató de una privatización extraña pues, salvo el caso de dos países africanos, no existen antecedentes en el mundo sobre la gestión privada de este control. En especial, porque quien desempeña esta tarea tiene acceso a las frecuencias de las comunicaciones de las fuerzas militares y de inteligencia, amén de servicios menos “estratégicos” como la telefonía celular, las transmisiones radiales y televisivas y de alta y muy alta frecuencia (HF y VHF), entre otras. El objetivo supuesto de la privatización fue evitar las transmisiones clandestinas, como las de estaciones de radio no autorizadas, y reducir las interferencias. Ello implicaba una serie de inversiones que no fueron cumplidas, pues a seis años de la concesión, la situación inicial no experimentó mayores cambios. En contraste con estas demoras, la empresa comenzó de inmediato a cobrar por el servicio de “uso del espectro”.
Según el informe de la AGN, “ni el organismo de control (la CNC), ni la comisión especial creada para el seguimiento del contrato (Consegui), ni la propia empresa cumplieron con lo estipulado” en los pliegos de concesión. Además, “el beneficio neto social a favor del Estado nacional y del público en general ha sido significativamente menor al previsto, mientras la empresa logró ganancias por sobre lo normal”. En cuanto a las interferencias, el informe de la Auditoría sostiene que “la persistencia de una elevada cantidad de interferencias que no cede con el transcurrir del tiempo es una señal de las deficiencias del proceso de comprobación técnica de emisiones implementado”.
En materia de ganancias, en cambio, los resultados fueron menos ineficientes. Siempre de acuerdo con los datos de la AGN, la tasa promedio de rentabilidad anual de la concesionaria fue del 113 por ciento en el lapso estudiado, entre 1997 y 2001, margen que, como fue recordado por De Vido, “excede la rentabilidad que obtuvieron los sectores productivos, incluso, muchos de los servicios públicos”. Adicionalmente, la tasa interna de retorno anual sobre el capital invertido ascendió a 145 por ciento.
El auditor general de la Nación, Leandro Despouy, agregó que “el contraste entre el contrato y los incumplimientos hace suponer que pueden haber existido irregularidades de otro tipo”. En este sentido, explicó que los controles “en general han sido ineficientes, ineficaces y en algunos casos daría lugar a determinadas sospechas que deben ser investigadas penalmente”. El funcionario recordó que “los franceses ya habían empezado a investigar a la empresa por utilidades que figuraban como repatriadas que podrían haber tenido otras rutas”.