La coyuntura política no hizo más que demorar los tiempos. Pero la decisión de anular el contrato de concesión del control del espacio radioeléctrico estaba tomada desde fines del año pasado. Al Gobierno le preocupaba no sólo el “escandaloso” proceso privatizador que benefició a Thales Spectrum, sino también las llamativas “ventajas económicas” que obtenía la empresa francesa por el manejo del negocio.
En la Casa Rosada aseguran que en el 2003 hubo un período de gracia, donde la prioridad era la consolidación del poder de Néstor Kirch-ner antes que la batalla a las privatizadas. La excepción fue el Correo Argentino, del grupo Macri. El hijo pródigo de Franco amenazaba quedarse con la Capital. Por eso, poner al desnudo las irregularidades de esa concesión sumaba porotos para la reelección de Aníbal Ibarra. O sea, para el candidato de Kirchner.
Voceros oficiales insistieron ayer en que el timming siempre lo fija el Presidente. Y que si bien puede resultar lento o excesivamente rápido, la convicción que existe para auscultar las concesiones es siempre la misma. Ya en la campaña, a riesgo del desplante de las privatizadas, Kirchner abrió un fuerte debate cuando no descartó reestatizar el servicio de trenes.
En el caso de Thales Spectrum, Alberto Fernández recibía periódicamente informes sobre los incumplimientos del contrato. El jefe de Gabinete tomó el marcador rojo cuando la revista francesa Le Point alertó en octubre sobre un presunto pago de coimas de la empresa para ganar la concesión durante el gobierno de Carlos Menem.
Según ese artículo, la empresa habría girado 25 millones de dólares a cuentas bancarias en Nueva York, Uruguay y paraísos fiscales pertenecientes a funcionarios menemistas. Un dato que la administración Kirchner marcó con resaltador: Jorge Neuss, un empresario de estrecho vínculo con el ex presidente, figura como parte de consejo de administración de Thales Spectrum.
La demora para decretar la caducidad, que ya a fines del 2003 se hablaba en el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, obedeció también a razones técnicas. No era demasiado sencillo para la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) hacerse cargo de una actividad que necesita de personal calificado.
Los informes que Kirchner recibió el último viernes de parte de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) no hicieron más que darle sustancia a una decisión que hace rato estaba tomada. Más bien fue la excusa formal. Material para cuestionar a la concesionaria había de sobra: además de la Sigen, estaban los trabajos de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Oficina Anticorrupción (OA), y de la propia Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
Anoche el Gobierno señalaba los 451.744.167,30 pesos del resumen de la facturación de la compañía, en sus seis años de concesión. Se supone que ese dinero fue a cambio de una contraprestación que, de acuerdo a las investigaciones de distintos organismos, nunca se realizó.
El informe de la Sigen, por tomar sólo un ejemplo, habla de un “incumplimiento generalizado” de esa contraprestación, y puntualiza en la falta de entrega de un sistema informático, que se venía demorando por años. De todas sus obligaciones contractuales –destaca el trabajo– apenas el 20 por ciento se cumplieron entre octubre del ‘99 a diciembre del 2003.
Fernández fue más concesivo. No habló ayer del 80 por ciento el incumplimiento sino del 70. A esa altura era lo mismo. El decreto presidencial ya estaba firmado.