Con el apoyo de más de tres mil firmas, hoy será presentado en la Legislatura porteña un pedido de informes sobre la decisión del gobierno nacional de crear en la Ciudad de Buenos Aires una cárcel para migrantes. El propósito alegado por el Poder Ejecutivo es “combatir la irregularidad migratoria”: el convenio para construir el penal dice que será utilizado para detener a los ilegales “al efecto de cumplir con su orden de expulsión”. Esta medida es cuestionada por Amnistía Internacional, organismos de derechos humanos, especialistas en migración y delegaciones diplomáticas, que advierten que reforzará un peligroso giro en curso: en reemplazo de la política auspiciada en la década anterior con la Ley de Migraciones, que buscó regularizar a los migrantes, en su enorme mayoría personas que vienen de países vecinos en busca de trabajo, el PRO avanza en una política de persecución y estigmatización, asociándolos a la idea del delito.

“Vamos a pedirle al ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, una audiencia para que reciba a las organizaciones de migrantes y a representantes de organismos como el CELS”, señaló el legislador porteño José Campagnoli (Nuevo Encuentro-FpV). “Creemos que el tema de la cárcel es síntoma de una política mucho más profunda y nociva para la Argentina. Acá eliminaron programas orientados a migrantes y paralelamente construyen una cárcel. El lugar elegido es la Ciudad porque tiene la mayor densidad de migrantes del país. Hubo un cambio de la política de Estado que orientaba hacia la regularización del migrante. Las señales que empieza a dar Macri van en el sentido de orientar hacia la criminalización y expulsión”.

La creación de este centro de detención surgió tras un acuerdo entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su par de la Ciudad, Ocampo, y el director nacional de Migraciones, Horacio García. En un convenio que firmaron el 19 de agosto, la Ciudad entregó a Migraciones el edificio ubicado en el Pasaje Colmo al 3860 (Pompeya) para destinarlo al “alojamiento de personas infractoras a la Ley de Migraciones (...) en calidad de retenidos (...) al sólo y único efecto de cumplir la orden de expulsión dictada respecto de un extranjero”. La Policía Federal “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”.

“Presentamos el pedido de informes porque se dio a conocer el convenio, pero en ningún momento el gobierno informó sobre el tema. Muchas organizaciones pensamos que esto es un elemento más de todo lo que se viene en contra de la nueva migración, la migración latinoamericana, de tez morena”, señaló Ruth Tresierre, del Frente migrante Nuevo Encuentro.

La presentación del pedido de informes fue resuelta por un amplio conjunto de organizaciones: entre ellas, la Red Migrantes en Argentina, la Mesa de Migrantes Centroamericanos, el Frente de Migrantes Organizados, la Red Nacional de Migrantes y refugiados en Argentina, la Comisión para los Refugiados y Migrantes (Caref), la agrupación Xangó, la Colectividad Uruguaya y la Asociación Argentino Paraguaya.

Estos frentes y comisiones de migrantes, con el apoyo del CELS, el Observatorio de adolescentes y jóvenes del IIGG (UBA), el Programa Migración y Asilo de la UnLa armaron una mesa de trabajo para establecer acciones en conjunto. La lectura compartida es que la creación de la cárcel para migrantes, la primera del país, “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina”.