La procuradora general Alejandra Gils Carbó sostuvo que debe ser la Corte Suprema de Justicia la que analice los recursos de queja planteados por el fiscal Ricardo Sáenz y las querellas contra la decisión de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de rechazar el envío a la justicia federal de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. En un dictamen de 17 palabras, la jefa de los fiscales mantuvo el recurso presentado por Sáenz –quien sostiene que el caso debe pasar a la justicia federal– para que el máximo tribunal “pueda pronunciarse sobre la cuestión planteada”. Casación se pronunció a fines de agosto a favor de que el expediente siga en la justicia ordinaria por entender que no existe ninguna prueba de que Nisman haya sido asesinado.

“A fin de que la Corte Suprema pueda pronunciarse sobre la cuestión planteada, mantengo la queja interpuesta”, consigna el dictamen, que se completa con la fecha del miércoles. Los recursos ante la Corte habían sido presentados por Sáenz y por los abogados Pablo Lanusse, por la madre y la hermana de Nisman, y Juan Pablo Vigliero y Manuel Romero Victorica en nombre de sus hijas menores de edad, a quienes representa la madre, Sandra Arroyo Salgado. Aún si Gils Carbó no hubiera sostenido la queja del fiscal, el tema igual habría llegado a la Corte aunque sólo con los argumentos de las querellas. El tribunal que encabeza Ricardo Lorenzetti deberá resolver ahora si la causa sigue su trámite ante el juez federal Julián Ercolini, como pide la familia del ex fiscal, o con la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini, como sostiene la defensa de Diego Lagomarsino, el ex empleado de la unidad fiscal AMIA a quien Nisman le pidió el arma de la que salió el disparo mortal.

Hace dos semanas Casación rechazó en dos fallos el cambio de fuero de la causa y desestimó sendos recursos de los familiares de Nisman para acceder a la Corte, que ahora deberá analizar si acepta el caso pese a no existir una sentencia definitiva. Los jueces Mario Magariños, María Laura Garrigós de Rébori y Daniel Morín señalaron que no hay ninguna prueba concreta de que Nisman haya sido asesinado, por lo que el expediente debía seguir en manos de Palmaghini. La doctrina señala que si un funcionario público es asesinado por cuestiones relacionadas con su función, corresponde que instruya la causa la justicia federal. Pero si muere en un hecho común, un robo, por ejemplo, o se quita la vida, corresponde que investigue la justicia ordinaria.

Los familiares de Nisman presentaron dos recursos. El primero recusando a los magistrados porque supuestamente son integrantes de la agrupación Justicia Legítima. Otra Sala de la Casación, compuesta por Horacio Dias, Carlos Mahiques y Pablo Jantus contestó que Magariños y Morin no son parte Justicia Legítima y en el caso de Garrigós que ello no implicaba que no podía intervenir. Ante un recurso para llevar el cuestionamiento a la Corte, la Sala rechazó el pedido por no tratarse de una sentencia firme sino de una recusación. Hubo un segundo recurso en el que se cuestionó que el caso no fuera enviado al fuero federal. Magariños, Garrigós y Morín rechazaron el intento de llegar a la Corte por la misma razón: es un pedido de cambio de fuero, no un fallo definitivo. De esa manera, la investigación sigue en manos de Palmaghini, quien curiosamente había alegado que tenía que pasar al fuero federal. Lo hizo después de dos extrañas declaraciones de espías, uno de ellos Horacio Antonio Stiuso. Sáenz insistió en su recurso de queja con el argumento de que “existe gravedad institucional cuando lo resuelto excede el mero interés individual de las partes y afecta a la comunidad, como claramente se configura en el caso” y opinó que fue “injusta y arbitraria” la decisión de Casación de mantener el caso en el fuero ordinario. Ahora la Corte tiene la palabra.